Las líneas rojas de Airbnb para regular la vivienda turística en España
Solo apoyará legislaciones que permitan compartir el domicilio Exige una distinción clara entre particulares y profesionales
El Ejecutivo ha arrancado hoy las reuniones con autonomías, ayuntamientos y plataformas para tratar de sentar las bases para la nueva regulación de las viviendas de uso turístico. Pese a que hasta mañana no se producirá la reunión con el Gobierno, Airbnb ha remitido esta mañana un comunicado en el que establece las líneas rojas en las negociaciones con las distintas administraciones. En el comunicado, la multinacional recalca que hace un mes ya le transmitieron a la Secretaria de Estado de Turismo que los objetivos son compartidos. “Atraer un turismo de calidad, que los beneficios de esa actividad lleguen a los ciudadanos y que el impacto en las personas y en el territorio sean positivos”, resume en el comunicado. Pese a ello establece una serie de líneas rojas en la negociación. Y la más importante es legimitar el homesharing. “Airbnb quiere trabajar con el gobierno en una regulación que reconozca la posibilidad de compartir el propio hogar, que no elimine vivienda disponible del mercado de alquiler y que respete la esencia de la economía colaborativa. Para ello, es necesario un marco legislativo que distinga de manera clara entre particulares que alquilan su vivienda habitual de manera esporádica y temporal, y un profesional del turismo, recalca en el escrito. La multinacional rechaza las regulaciones que impiden alquilar las casas por habitaciones y considera que la economía colaborativa está ayudando a muchas familias a llegar a final de mes, por lo que considera que tiene estar perfectamente diferenciado el alquiler por particulares y por profesionales.
Otro de los requisitos de la plataforma es que se cree un registro único en España para hacer cumplir las reglas de forma efectiva. “Creemos que un sistema simple y claro facilita el cumplimiento de las normas y permite a las ciudades o las regiones obtener la información que necesitan para hacer cumplir las reglas de manera efectiva, en lugar de endurecerlas y castigar a miles de personas responsables. Un sistema único y claro desincentivará a los malos actores para que estén presentes en las plataformas”, recalca. Con este registro trata de frenar la disparidad de normas, que ha llevado a algunos municipios, como Madrid, a aprobar una legislación que ilegaliza el 95% de la oferta, al obligar a que tengan acceso independiente desde la calle, y otras ciudades, como Valencia o Bilbao, han limitado los pisos turísticos a bajos o primeras plantas.
Finalmente, la plataforma defiende que es la única que facilita el pago de la tasa turística en aquellas ciudades en las que opera. Un trabajo a través del cual ha recaudado 580 millones de euros. Las últimas en incorporarse han sido 23.000 ciudades francesas, en las que desde el 1 de julio se recauda la tasa turística y Airbnb se abre a pactar con las administraciones españolas. “Facilita que los gobiernos obtengan ingresos adicionales y que muchas de estas ciudades pueden llevar a cabo, gracias a estos ingresos, políticas públicas que contribuyen a un turismo sostenible”, asegura.
