Airbnb se prepara para ofrecer datos fiscales de sus clientes a Hacienda
Lo hará en aquellos ciudades como Lisboa donde cobra la tasa turística Comunicará nombres, apellidos, NIF e impuestos pagados por los huéspedes
La batalla entre Hacienda y Airbnb por los datos fiscales de los clientes tiene visos de encontrar una tregua. La compañía con sede en San Francisco ha enviado a sus clientes de todo el mundo una notificación en la que informa sobre la actualización de su política de servicios, de pago de los servicios y de privacidad. La nueva versión de las dos primeras entrará en vigor el próximo 27 de junio para todos los clientes, tanto antiguos como nuevos, mientras que las nuevas condiciones de privacidad se actualizarán el próximo 25 de mayo.
Y es en este último apartado donde reside la principal novedad en la política de la compañía. En el punto 3.9 de las nuevas condiciones de privacidad, la compañía establece que los anfitriones y huéspedes, cuando así lo autorice la legislación aplicable, “nos otorgan autorización de manera expresa, sin mediar notificación adicional, para divulgar datos de los anfitriones y huéspedes y demás información relativa a ambos o a sus transacciones, reservas, alojamientos e impuestos sobre el alojamiento a las agencias tributarias pertinentes, incluidos entre otros datos el nombre del anfitrión o del huésped, las direcciones del anuncio, fechas e importes de transacciones, NIF/CIF e información de contacto, así como el importe de impuestos que los anfitriones hayan recibido de los huéspedes (o que estos adeuden a los primeros)”.
Este era el principal punto de fricción entre Hacienda y Airbnb. Hacienda aprobó a finales de 2017 un decreto en el que obligaba a las plataformas a aportar información sobre sus clientes y los ingresos que percibían. Los requisitos se perfilaron en un borrador de reglamento que fijaba que el primer envío de información se produciría en octubre, con los datos correspondientes al tercer trimestre (julio a septiembre) y que a finales de año aportaría el resto de la información de 2017. La compañía se había negado a aportar los datos si no era por mandato judicial, mientras que Hacienda le había amenazado con sanciones millonarias si no lo hacía, que podrían llegar hasta los 2,4 millones.
Fuentes de Airbnb subrayan, no obstante, que la cesión de estos datos solo se producirá en aquellas ciudades como Lisboa, en las que la compañía cobra directamente la tasa turística. Estas mismas fuentes apuntan que en España todavía no se ha producido ese caso, ya que hay dos autonomías (Cataluña y Baleares) que sí la cobran, pero lo hacen los caseros de las casas en alquiler y no Airbnb, por lo que esta no se siente sujeta a comunicar esos datos.
Este es el segundo paso en la dirección de alcanzar un acuerdo con Hacienda que adopta la compañía con sede en San Francisco, que ya anunció hace dos semanas el acuerdo suscrito con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) con tres ejes: la creación de una web específica (www.anfitrionesresponsables.com), en la que se ofrece información fiscal y se trata de aclarar las deudas más recurrentes a anfitriones y huéspedes; un servicio personalizado de asesoría para los clientes de Airbnb y la realización de seminarios sobre el pago de impuestos.
Al mismo tiempo, la plataforma está a la espera que prospere el requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 20 de marzo, cuando solicitó a la Agencia Tributaria que realizara modificaciones sobre la obligación de información en materia tributaria a las plataformas como Airbnb. Hacienda ya contestó que la CNMC solo cuestionaba una parte del decreto, que habría que esperar a la impugnación y si finalmente se le daba la razón.
Ese requerimiento había soliviantado a los hoteleros. Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), cargó duramente contra la decisión de la CNMC y recordó que en algunos países de la UE, como Francia o Italia, ya existe una regulación de las viviendas turísticas similar a la de España sin que haya sido recurrida por los organismos de competencia. “Para ellos es más importante el interés general de todos los ciudadanos para acabar con la economía sumergida”. En su opinión, la oferta reglada turística, como los hoteles, no debe admitir que se le otorgue una ventaja fiscal a los nuevos entrantes. “La mayoría de empresas hoteleras tienen la obligación de transmitir sus facturas por vía telemática a los servidores de Hacienda por lo que no se entiende esta oposición a proporcionar esta información por parte de las multinacionales de alojamiento privado”.
Reglas de juego con los clientes
Responsabilidad. Los clientes de Airbnb son los responsables únicos de no alquilar sus casas más días si una legislación lo restringe (París), de contar con un número oficial de registro si una administración lo pide (Barcelona) y de pagar los impuestos (tasas turísticas) ligados a la vivienda en alquiler.
Denuncias colectivas. Los clientes rechazan acudir a ellas y a los juicios con jurado. Las disputas se resolverán a través de un arbitraje vinculante.
Tarifas. La persona que pone un anuncio en Airbnb paga una tarifa del 3%. El inquilino paga otra tarifa que puede llegar al 20%. En el caso de países como Italia, en el que también recauda el IVA, el gravamen es superior.
