16 de diciembre de 2011

El sector público cuenta con 3,2 millones de trabajadores, de los cuales más de 700.000 tienen un contrato temporal. Este colectivo será el más susceptible de someterse a los recortes de personal que preparan las Administraciones para cumplir con las exigencias del objetivo de déficit.

La Asociación Española de Banca (AEB) volvió ayer a demostrar su escaso entusiasmo ante la posibilidad de que el nuevo Gobierno ponga en marcha un banco malo que reciba activos tóxicos. Para la patronal del sector, este tipo de "ayudas" tan solo debería ofrecerse a entidades inviables y que, tras recibirla, fueran absorbidas por un grupo más solvente.

La crisis se ha cebado con las preferentes, un producto con mínima liquidez que acumula fuertes minusvalías y al que la CNMV quiere dar más transparencia. Ha exigido a la banca que informe de su valor real y, en previsión de una avalancha de reembolsos y críticas de clientes descontentos, el sector está anticipando su conversión en acciones, apremiado además por las exigencias de capital. Ayer se sumó a esta corriente CaixaBank.

La recesión en España no se acabará en marzo. Los expertos coinciden en que se extenderá a lo largo de todo 2012 y que el deterioro económico elevará la tasa de paro hasta el 23% de la población activa. El objetivo de déficit no se cumplirá ni este año ni el que viene.

El titular de Industria, Miguel Sebastián, no se quiere retratar enviando una propuesta de subida de las tarifas de acceso a la CNE, que luego deberá aprobar el Gobierno de Rajoy. Pero, si no se respeta el trámite de audiencia ante el regulador (el plazo se ha agotado) cualquier revisión de las tarifas en enero sería nula de pleno derecho. En Industria han declinado hacer comentarios.