EDITORIAL

Un sector público más eficiente

El sector público en España cuenta con 3,2 millones de trabajadores. Un colectivo heterogéneo del que forman parte un total de 800.000 empleados de carácter temporal, según datos de la encuesta de población activa. Buena parte de ellos -267.000- son interinos, mientras que el resto cuenta con contratos de obra y servicio. Una de cada tres de esas relaciones contractuales tiene, además, menos de seis meses de duración. A la vista de la radiografía que dibujan estos datos, no hay duda de que el colectivo de empleados públicos temporales está destinado a absorber el grueso del ajuste de empleo que se está preparando en todos los niveles de la Administración pública. Un ajuste impuesto por la obligación de cumplir con los objetivos de déficit fiscal que exige Bruselas y los mercados y que para el año 2012 hará necesario reducir la factura del gasto público en unos 30.000 millones. Pese a que es indudable que todo recorte de empleo trae consigo múltiples y diferentes tragedias personales, la Administración pública española debe afrontar cuanto antes asignaturas largamente aplazadas, como racionalizar su tamaño, reorganizar sus necesidades y eliminar una larga lista de ineficiencias que suponen un lastre para la economía y el bolsillo de los ciudadanos.