COLUMNA

El paro sigue creciendo

El paro es la mayor preocupación de las familias españolas. Para una persona, quedarse en paro es una tragedia, en especial actualmente, ya que la reentrada en el mercado de trabajo es casi imposible. En los Presupuestos del corriente año se dotaron 30.474 millones de euros para hacer frente a la prestación por desempleo, cifra inferior en el 2,6% a la del Presupuesto inicial de 2010. Se estimó que el número de parados al final de 2011 sería inferior al de 2010 en 150.000, cuando la previsión de parados será de 5.000.000. Se originará así un déficit presupuestario en el crédito para desempleo de bastante importancia, que dará lugar a rebasar la tasa global de déficit público del 6% del PIB fijado por la Comisión Europea. Una vez más, incumplimos la normativa comunitaria.

La falta de una política activa del Gobierno contra la crisis ha dado lugar a que sus consecuencias incidan más fuertemente sobre España, como lo demuestra que nuestra tasa de paro duplique las del resto de países de Europa. Es posible que la ineficiencia en el mercado de trabajo español haya contribuido a la situación que hemos descrito. Su reforma constituye una de las asignaturas pendientes de la política económica. Las reformas que se han ido realizando no han sido profundas, como requería nuestra situación, lo que ha dado lugar a un crecimiento de los costes laborales unitarios por encima de la productividad. La reforma debe ir dirigida a corregir los costes del despido, la incidencia negativa de la negociación colectiva y el no incentivo a la búsqueda de trabajo que produce la protección por desempleo.

l El coste del despido: en la cumbre de Barcelona se tomaron acuerdos encaminados a la reforma del mercado de trabajo, entre ellos alcanzar un equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad. Para alcanzar tal objetivo se acordó que los Estados miembros revisaran los costes vinculados a la normativa sobre contratación: el coste del despido es uno de ellos. En España existe una regulación de dicho despido según las circunstancias que concurran en el mismo: la indemnización será de 20 días por año trabajado en caso de despido objetivo, aunque lo normal es de 33 a 45 días. Es urgente, por razones de eficiencia, implantar claramente sin trabas el despido de 20 días cualquiera sea su causa.

l La incidencia negativa de la negociación colectiva: la negociación colectiva de los salarios está en España totalmente centralizada, las cúpulas empresariales y sindicales se reúnen y acuerdan las tasas de crecimiento de los salarios. Los elementos que se tienen en cuenta para fijar dicha tasa son la inflación prevista para el año siguiente y el crecimiento de la productividad. La tasa resultante debe ser aplicada por todas las empresas y si, al finalizar el año, la tasa de inflación es inferior a la prevista, el empresario abonará a los trabajadores la diferencia. Para las empresas que negocian convenios colectivos, dicha tasa es la mínima a aplicar, a partir de ella las partes negociarán la tasa de crecimiento definitiva, cualquiera que sea la situación de las empresas. En la crisis de los noventa, miles de empresas y de trabajadores autónomos desaparecieron al no poder hacer frente a la tasa de crecimiento de los salarios fijada en el convenio global, y lo mismo ha sucedido en la crisis que se inició en 2008, que aún sigue viva.

Tal sistema vulnera el principio de equidad, ya que trata igual a los desiguales, y el principio de eficiencia, ya que en épocas de crisis da lugar al cierre de miles de empresas. Por ello, proponemos que la tasa de crecimiento salarial se negocie a nivel de cada empresa, lo que evitaría el cierre de las que no son viables con la tasa de subida salarial general: los trabajadores prefieren tener seguro el puesto sacrificando un aumento del salario que ir al paro.

Toda política pública debe ser valorada tomando como base dos criterios: el de eficiencia y el de equidad. El difícil equilibrio entre ambos es uno de los campos problemáticos de todas las intervenciones públicas; la elección entre unos y otros se plantea siempre en la evaluación de todo programa público.

l No incentivo de la búsqueda de trabajo: el problema que surge en la prestación de desempleo es el del riesgo moral que comporta la tasa de sustitución prestación-salario. Por razones de eficiencia, deberían fijarse tasas de sustitución diferentes por sectores en función de la tasa de paro del sector. En sectores en los que exista una tasa de paro elevada, la tasa de sustitución podría ser más elevada por razones de equidad, ya que no se perjudicaría la eficiencia. El control de los perceptores de desempleo es otro de los elementos para ganar eficiencia, ya que cuanto más frecuentes sean los contactos con los parados, menor es la duración del paro y de la prestación por desempleo.

Al enorme crecimiento del paro se une la ineficiencia del Servicio Público de Empleo para recolocar las enormes filas de desempleados que todos los días se forman ante el mismo. Su privatización podría efectuarse en virtud de la sentencia de 23 de abril de 1991 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que califica de empresa, en el sentido del artículo 86 del Tratado de Roma, el Servicio Federal de Empleo de Alemania. La sentencia introdujo la competencia para este supuesto dentro de la Administración pública alemana.

José Barea. Catedrático emérito de la UAM