Un alza de la luz sin audiencia al regulador será nula de pleno derecho

Sebastián se niega a proponer a la CNE la revisión de la tarifa eléctrica

El titular de Industria, Miguel Sebastián, no se quiere retratar enviando una propuesta de subida de las tarifas de acceso a la CNE, que luego deberá aprobar el Gobierno de Rajoy. Pero, si no se respeta el trámite de audiencia ante el regulador (el plazo se ha agotado) cualquier revisión de las tarifas en enero sería nula de pleno derecho. En Industria han declinado hacer comentarios.

Tendidos de alta tensión
Tendidos de alta tensión

Al Ministerio de Industria se le ha pasado el plazo para remitir (incluso por trámite de urgencia) su propuesta de revisión de las tarifas de acceso (o peajes) a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La fecha límite para que el regulador dispusiera del tiempo necesario para elaborar el dictamen preceptivo era el martes. Y, de hecho, el propio ministerio había comunicado a la comisión que enviaría su borrador de orden ministerial de tarifas a principios de esta semana.

Pero el plazo se ha superado y en la CNE desconocen qué está pasando. Fuentes sectoriales aseguran que el ministro de Industria en funciones, Miguel Sebastián, se niega a hacer una propuesta de revisión de los peajes (la parte regulada de la factura eléctrica), que luego deberá ejecutar el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya composición se conocerá el miércoles 21.

Sin embargo, el trámite de audiencia ante la CNE es obligatorio, por lo que, de no respetarse, cualquier revisión tarifaria el 1 de enero sería nula de pleno derecho. En el proceso se requieren cinco días para las alegaciones del consejo consultivo de la electricidad, en el que participan las empresas del sector, las asociaciones de consumidores y las comunidades autónomas, además de un tiempo razonable para que los técnicos elaboren el informe, que debe remitirse con 48 horas de antelación a los consejeros antes de que lo apruebe su consejo de administración.

La semana que viene

Las mismas fuentes aseguran que la resistencia de Sebastián le ha llevado a solicitar un informe jurídico a la Abogacía del Estado respecto a la posibilidad de aplazar la propuesta de orden, que presentaría el nuevo Gobierno. La respuesta oficial a esta consulta es que el dictamen de la CNE es preceptivo. En este sentido, en el entorno del ministerio aseguran que, si se envía la propuesta la semana que viene, y la CNE se prestase a convocar un consejo extraordinario para aprobar el dictamen, aún daría tiempo al Gobierno entrante a aprobar la orden ministerial antes del último día de diciembre. En el ministerio declinan hacer comentarios.

Pero tras el problema de los plazos se esconde otro de mayor alcance: en puridad, la subida de los peajes debería rondar el 25%, para enjugar la rebaja aprobada en octubre (el 12%) y absorber el déficit de tarifa reconocido para 2012. Pero el incremento de los peajes ponderarían la mitad en el incremento del total de la factura. La otra mitad es el coste de la energía que se determinará en la subasta Cesur que se celebrará precisamente el próximo martes, día 20.

Hay quien asegura que el retraso es una petición del Partido Popular, que habría pedido a Sebastián que espere a que se celebre la Cesur para ajustar los peajes al resultado de una subasta en el mercado libre. Sin embargo, aunque los peajes los decide el Gobierno, su libertad es limitada, ya que no puede generar más déficit (la diferencia entre los costes y lo que se cobra en la tarifa) de los que permite una ley aprobada por el propio Gobierno.

¿Qué ocurre si no hay revisión en enero?

Una cuestión parece clara: sin el dictamen preceptivo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no será posible aprobar la orden ministerial de revisión de la tarifa de último recurso (TUR) el 1 de enero. ¿Pero qué pasaría si no se aprueba la citada orden, cuando la ley obliga a una revisión trimestral de las tarifas? En este punto, la norma no dice nada, con lo que el nuevo Gobierno deberá "inventarse algo", señalan fuentes sectoriales.

Además, el coste de la energía de la TUR, que se determinará en la Cesur del día 20, es de obligada facturación a los consumidores.

Un cúmulo de circunstancias han confluido para convertir en un auténtico lío la revisión de la tarifa del primer trimestre del año, y cuyos plazos se han situado en la frontera entre la salida de un Gobierno y la entrada del nuevo. Máxime cuando la subida de los peajes eléctricos, para evitar y sufragar los déficit acumulados (que se financian con dicha tarifa), debería ser considerable.

Algunas fuentes aseguran que la actitud reticente de Sebastián responde a la petición del PP de que no tome la iniciativa, a pesar de que el ministerio se queda sin plazo para remitir su propuesta al regulador energético. Y también por la falta de interlocutor con el Gobierno entrante, ya que Rajoy no quiere dar pistas sobre quién sería el responsable del área de Energía, ya sea en Industria, ya sea integrado en Economía. Se sabe, según filtran fuentes del PP, que Miguel Arias Cañete y José Folgado están elaborando distintos informes económicos para Rajoy. Por su parte, cada vez cobra más fuerza que el popular llamado a ocuparse de los asuntos energéticos, Álvaro Nadal, será destinado a la Oficina Económica de Moncloa.

Eléctricas al Supremo

Las eléctricas han acudido ya dos veces al Supremo tras las bajadas de los peajes decididas por el Gobierno saliente para compensar la subida del precio de la energía.

Las denuncias de julio de 2010 se han saldado con una sentencia a su favor, que crea jurisprudencia. Los recursos por la bajada del último trimestre de este año siguen su curso. Y podrían repetir si el PP baja o congela la tarifa de acceso en enero.