La UE promete compensar a la flota pesquera que ha salido de Marruecos
La Comisión Europea se comprometió ayer a estudiar el modo de compensar a los buques comunitarios, en su mayoría españoles, que han tenido que cesar la pesca en aguas gestionadas por Marruecos debido a la decisión de la Eurocámara de anular la prórroga prevista hasta febrero de 2012 en los caladeros marroquíes.
Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE celebraron ayer su último Consejo del año para repartir las posibilidades de pesca para la flota comunitaria el próximo año. De manera extraordinaria, incluyeron en el debate la cuestión del acuerdo de pesca UE-Marruecos que ha quedado invalidado por el voto de los eurodiputados.
La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, declaró "ser consciente" del problema que se plantea para los buques europeos que faenan en los caladeros marroquíes y se comprometió a "explorar cómo responder al daño económico", explicaron fuentes conocedoras del debate mantenido entre la comisaria y los 27. España ha pedido compensaciones para los afectados y ha recibido el apoyo de Francia, Lituania, Portugal y Letonia. Los servicios de Damanaki evalúan ahora las "consecuencias legales" del veto a una prórroga por la que los barcos europeos han estado pescando nueve meses y por la que han pagado el importe de las licencias de pesca y comprometido contratos de trabajo. También estudian si la base legal del pacto provisional cerrado entre Bruselas y Rabat, a falta del visto bueno de la Eurocámara, permite solicitar a la parte marroquí la devolución de parte del pago, añadieron fuentes europeas. El acuerdo que ha quedado invalidado por el voto de la Eurocámara ofrece 36,1 millones de euros anuales a Marruecos a cambio de 119 licencias de pesca, cerca de un centenar de ellas para barcos españoles; andaluces y canarios en su mayoría.
Los buques regresan a España
Un centenar de las 119 licencias son de barcos andaluces, canarios y gallegos, y generan 500 empleos
La ministra española Rosa Aguilar precisó que había en la zona 70 buques españoles, andaluces y canarios, que han regresado o están regresando a puerto y que el Gobierno defenderá hasta el final ante la UE el derecho de los barcos y pescadores damnificados a ser resarcidos. En el debate de ministros, Aguilar insistió en que esta situación deja a los barcos españoles "muy afectados" porque han realizado el pago por los derechos de pesca y han cerrado contratos de trabajo. La ministra estimó que la actividad de la flota española en aguas gestionadas por Marruecos se traduce en unos 500 empleos directos.
En este sentido, Aguilar no ofreció cifras concretas sobre el impacto económico del cese de actividad, pero avisó a Damanaki de que el ministerio que dirige está "cuantificando los daños" y hará llegar a la Comisión cuanto antes un informe con la valoración del "impacto en el empleo y del grave perjuicio económico" ocasionado. Las dudas de los servicios jurídicos del Parlamento Europeo sobre el respeto de los derechos humanos de la población del Sahara Occidental y otras polémicas por el impacto medioambiental del acuerdo y por su poca rentabilidad para la UE habían retrasado hasta ahora la votación de la prórroga. Pese a todo, los buques han seguido faenando en virtud de un acuerdo provisional entre Bruselas y Rabat.
El Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí reprochó la "lamentable" decisión de la Eurocámara y alertó de que tendrá "consecuencias serias" en la cooperación con los Veintisiete. Por otra parte, Damanaki apeló a la "unidad" del Consejo en el proceso negociador que se abre y pidió a los ministros evitar "divisiones", en referencia a la tradicional oposición de Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos y Suecia a un acuerdo pesquero con Marruecos. El Gobierno canario pidió ayer a la UE que compense a los pescadores o permita pescar en caladeros próximos, como el de Mauritania.