Si las empresas no cumplen la Ley de Igualdad, que incentiva la paridad entre hombres y mujeres en los consejos de administración, el Gobierno hará 'obligatoria' esta medida. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, quien también desaconsejó hacer reformas de la negociación colectiva.
'Consideramos que una oferta hostil por Iberdrola es improbable', sentencia Citi. Con todo, el banco reconoce que EDF puede hacerse fuerte en su capital adquiriendo en el mercado una participación relevante de la eléctrica.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, calculó ayer que en estos momentos existen en España menos de 300.000 inmigrantes en situación irregular. Caldera defendió el proceso de regularización desarrollado por el Gobierno y rechazó el contrato de integración propuesto por el PP.
La editorial catalana Edhasa ha acordado comprar la mayoría del capital de la madrileña Castalia, operación que supondrá para el nuevo grupo situarse en los primeros puestos de las independientes.
La deuda liquidada -cantidad que Hacienda ha descubierto y notificado que se le adeuda, pero que aún no ha cobrado- aumentó el año pasado un 65% en el sector inmobiliario, que sigue acaparando el mayor esfuerzo inspector de Hacienda. La deuda asciende a 1.223 millones según los datos que ofrecieron ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche.
Bankinter nombró ayer a dos consejeros afines para ocupar las dos vacantes existentes en el órgano de gobierno del banco. Esta decisión bloquea la entrada de Crédit Agricole en el consejo, justo cuando el Banco de España dará la autorización a la compra del 29,9% de Bankinter por el grupo francés.
Bruselas declaró ayer la guerra a los estudios cinematográficos de la Comunidad Valenciana, donde se han grabado películas como Astérix y los Juegos Olímpicos o Manolete. La Comisión Europea sospecha que la financiación pública de Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos de Alicante propiedad de la Generalitat, constituye una ayuda de Estado ilegal superior a los 200 millones de euros.
El presidente de Contsa, la sociedad sevillana de inversión inmobiliaria en suspensión de pagos, espera poder vender activos y empezar a entregar cantidades a cuenta a los 1.200 ahorradores afectados en el plazo de un año 'si el mercado lo permite'.