Cabify, Uber y Bolt redoblan su apuesta por España pese al final de la moratoria

Las plataformas de VTC adaptan su actividad a la dispersión de normativas regionales

Para algunas licencias sigue vigente el periodo de cuatro años

Vehículos VTC de la plataforma Bolt con los parachoques traseros para adaptarse a la normativa catalana.
Vehículos VTC de la plataforma Bolt con los parachoques traseros para adaptarse a la normativa catalana.

Las grandes plataformas de VTC en España apuestan por continuar con su actividad pese al fin del decreto Ábalos el pasado 30 de septiembre, según confirman Bolt, Uber y Cabify a este periódico. El mencionado decreto, que establecía una moratoria de cuatro años (entró en vigor en octubre de 2018) para que los titulares de licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) pudiesen recuperar sus inversiones, ha sido sustituido por la legislación específica de cada autonomía. Sin embargo, no todas han regulado la actividad.

Entre esas comunidades que sí lo han hecho se encuentra Cataluña, la región que más difícil se lo ha puesto a las empresas de VTC para seguir con su actividad. La legislación catalana establece que los coches deben de medir un mínimo de 4,90 metros (unas medidas que cumplen pocos vehículos) y ser de bajas emisiones, con el distintivo Eco o Cero de la DGT. Además, se deberá de reservar el servicio con una antelación mínima de 15 minutos. “Estas restricciones suponen la eliminación encubierta de las VTC”, aseguran fuentes del sector.

A pesar de ello, en Uber, empresa que se había ido de Cataluña en 2019 y que volvió dos años después con un servicio de taxi (en julio de este año regresó a Barcelona también como VTC), señalan a CincoDías que “en principio” continuarán operando con VTC en la Ciudad Condal. “Nuestro objetivo es cumplir con lo que establece la legislación, aunque sea complicado”, afirman.

Cabify señala que seguirá operando en Barcelona pese a las dificultades, tal y como llevan haciendo desde hace diez años. En Bolt, por su parte, para cumplir con la normativa catalana han instalado extensiones en sus coches (con un coste de 730 euros por unidad que asumieron los titulares de las licencias), para así llegar a los 4,9 metros de longitud.

En el lado opuesto se encuentra Madrid, que ha sacado una regulación que satisface a los VTC. En cuanto a Andalucía, la autonomía aprobó a finales de septiembre in extremis un decreto ley que permitirá al sector seguir haciendo trayectos urbanos, pero que prohíbe a los VTC estacionar a menos de 300 metros de aeropuertos o estaciones de buses, y parar a menos de 150 metros de hospitales o centros comerciales con más de 500 plazas de aparcamiento.

También establece medidas mínimas para los coches, que tendrán que ser de 4,9 m en el caso de las etiquetas B o C de la DGT; de 4,7 m para los Eco y de 4,5 m para los de etiqueta Cero. En esta comunidad están presentes las tres grandes plataformas ya mencionadas, en ciudades como Sevilla, Granada o Málaga.

Otras regiones

Además de en estas comunidades, Bolt, Uber y Cabify también están y afirman que seguirán presentes en otras regiones de España. En el caso de Uber, opera en Valencia y Bilbao, dos ciudades sin regulación propia. Fuentes del sector señalan que la empresa seguirá operando allí con las licencias VTC para las que aún no se hayan cumplido los cuatro años del decreto Ábalos. Esto se debe a que, después de la entrada en vigor de la ley, se siguieron entregando licencias VTC, por lo que el periodo de cuatro años aún no se ha cumplido para todos los tenedores de licencias.

En Valencia, el Gobierno autonómico ha señalado que regulará la actividad. Fuentes del sector indican que las compañías VTC esperan a su vez un posible cambio de color en el Gobierno valenciano en las próximas elecciones, que legisle en un sentido parecido al de los Ejecutivos del PP en Madrid y Andalucía.

Cabify, por su parte, está presente también en Cantabria, Galicia (en ninguna de las dos cuenta con licencias propias sino que trabaja con socios locales), Aragón y Murcia. “Cada una tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Aragón hay que solicitar una licencia municipal y de esta manera se pueden realizar trayectos urbanos. No es que todas estas regiones estén sin regulación. Hay algunas que sí que la tienen”, explica un portavoz de Cabify. En Galicia y Murcia, por ejemplo, el servicio debe de ser contratado con un mínimo de 15 minutos de antelación. En cuanto a Cantabria, no hay regulación.

Concentrado en Madrid

El servicio de los VTC se encuentra muy concentrado en la Comunidad de Madrid, que aglutina 8.398 licencias de VTC, casi la mitad de las 17.652 que hay en toda España, según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Andalucía, con 3.206 licencias, es la segunda que más tiene, seguida de Cataluña, con 2.917. De estas, muchas pertenecen a pymes y autónomos, pero otras son de las propias Cabify o Uber, que cuentan con varios miles de licencias a través de filiales de VTC como Vecctor (en el caso de Cabify) y Moove Cars, cuyo 30% pertenece a Uber.

Conflictos judiciales en el sector

15 de diciembre, fecha clave. A mitad de diciembre se espera que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Maciej Szpunar, se pronuncie sobre la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi en Barcelona, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevara dos cuestiones prejudiciales sobre si la normativa es contraria o no a algunos artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE.

El sector pide extender el decreto Ábalos dos años más. Por otra parte, los VTC llevan meses pidiendo una extensión del decreto Ábalos, algo a lo que el Gobierno se ha negado ya que considera que las autonomías han tenido tiempo suficiente para legislar la actividad en sus respectivos territorios. Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona difundido por Cabify, el decreto debería de ampliarse dos años más ya que su carácter compensatorio no ha podido cumplirse debido a que ha habido una pandemia en la que la actividad del sector se desplomó. Esta situación, avisa Cabify, podría derivar en una lluvia de demandas al Estado por parte de los tenedores de las licencias.

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