Transporte

El Gobierno estudia tomar medidas legales contra Cabify tras su polémica campaña publicitaria

La campaña, lanzada a pocos días de que finalice el plazo compensatorio de cuatro años para las VTC, hacía referencias directas a la ministra de Transporte y al número de viajes que se han realizado desde y hasta la sede del ministerio utilizando VTC

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estudia tomar medidas legales contra Cabify, tras la campaña de publicidad lanzada por la compañía de VTC tanto con referencias directas a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, como al número de viajes que se han realizado desde y hasta la sede del ministerio utilizando vehículos de transporte con conductor de esta plataforma.

“Ante el contenido y las alusiones tanto directas al ministerio como personales hacia la titular de este departamento de la campaña publicitaria lanzada por la empresa Cabify, Mitma está analizando la posibilidad de tomar todas las medidas que se estimen convenientes”, ha indicado este jueves el ministerio en un comunicado.

Cabify lanzó hace unos días una campaña en el municipio de nacimiento de la ministra (Gavá, en Barcelona) y donde fue alcaldesa antes de pasar al Gobierno, en el que hacía una referencia personal: "R. Sánchez, tu Cabify te espera en Madrid", región esta última donde sí se ha regulado en favor de los VTC. Igualmente, en otro cartel publicitario gigante en la fachada de un edificio se decía: "Los mismos políticos que no quieren que uses VTC han hecho 5.437 viajes en Cabify", basándose en los realizados desde la sede del Ministerio este año.

La empresa lanzó esta campaña a las puertas de que finalice el periodo de moratoria dado por el Gobierno en el llamado Decreto Ábalos para las licencias VTC, que concluye el próximo 30 de septiembre. A partir de esa fecha, las VTC no podrán ofrecer servicios urbanos salvo que lo hayan regulado las comunidades autónomas, algo que hasta ahora solo han hecho la Comunidad de Madrid y Cataluña. Aunque esta última con condiciones muy estrictas.

Cabify explicó entonces que con esa campaña quería denunciar las "incoherencias" que cometen los responsables políticos y que afectan a los ciudadanos. Así, aseguró cómo "mientras el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rechaza solucionar un problema que crearon ellos mismos en el sector VTC, la plataforma registra miles de viajes al ministerio en esta modalidad, lo que demuestra que se utiliza de manera habitual para ir o volver de este emplazamiento, una clara contradicción".

La campaña desató fuertes críticas en plataformas como Twitter, donde numerosas personas acusaban a la empresa de atentar contra la privacidad, algo que otras negaban que ocurriera puesto que no revelaba información de ningún pasajero concreto.

El Ministerio de Transportes sigue defendiendo, como ya lo hiciera en la etapa del anterior ministro, José Luis Ábalos, que son las comunidades autónomas y las entidades locales quienes deben regular los servicios urbanos, ya que son ellas las que mejor conocen las necesidades concretas de transporte en sus territorios y porque es un servicio que compite directamente con el sector del taxi.

En su nota, además, destacan que el fin del periodo transitorio ya se conocía desde hace cuatro años y que las comunidades autónomas han tenido tiempo suficiente para aprobar la regulación más adecuada, incluyendo posibles prórrogas. Igualmente, añaden que durante todo este tiempo han colaborado con el reto de administraciones para facilitar la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas.

"Desde el Ministerio, y desde el Gobierno, se abordó desde el principio este reto desde una perspectiva global, con el objetivo de lograr en el ámbito urbano un equilibrio y competencia leal entre el sector del taxi y las VTC. Por ello, debían ser las comunidades autónomas y las entidades locales las que regularen los servicios exclusivamente urbanos", señala el comunicado.

Las empresas de VTC solicitaron al Gobierno el pasado 6 de julio una prórroga del 'Decreto Ábalos' de al menos dos años. Acusaron de inacción al Gobierno y argumentaron que el plazo dado de cuatro años para la compensación prevista en el real decreto ley resulta insuficiente a la luz de los mermados ingresos del sector como consecuencia de los dos años de pandemia. Igualmente, subrayaron que el ministerio incurrió en un error de gestión al tramitar las solicitudes de indemnización ("irregularidad confirmada por los tribunales"), que ha impedido que las empresas y autónomos del sector de VTC hayan podido obtener una compensación.

En relación con estas demandas que vinculan la ampliación de la moratoria de las licencias VTC con la pandemia por el Covid-19, que según las empresas del sector han impedido rentabilizar sus inversiones, el ministerio sostiene que dentro de su ámbito competencial el impacto del coronavirus ya se tuvo en cuenta en los diversos instrumentos aprobados en sum omento de medidas de apoyo al sector, como las subvenciones aplicadas en el marco de la pandemia, las líneas de financiación, las prestaciones extraordinarias a autónomos o los aplazamientos de pagos tributarios, entre otros.

Por su parte, las empresas de VTC, que llevan meses urgiendo a las comunidades autónomas a regular el sector,  aseguran que el Ministerio miente cuando asegura que el tema está resuelto en las comunidades que han regulado, "pues el periodo indemnizatorio se aplica a todas las licencias de VTC independientemente de la regulación regional", y añaden que "el Gobierno está incurriendo en una dejación de funciones y que está poniendo en riesgo los recursos del Estado". Se refieren al "más que seguro escenario de reclamaciones patrimoniales que supondrían un monto considerable" para las arcas públicas.

El ministerio admite que el decreto contemplaba la posibilidad excepcional para que los titulares de las VTC solicitaran, hasta tres meses después de su aprobación, una ampliación de los cuatro años, si estimaban que el plazo inicial no era suficiente para recuperar su inversión. Como consecuencia de ello, el ministerio ha recibido 16.610 solicitudes de ampliación, de las cuales unas 10.000 corresponderían a licencias de la Comunidad de Madrid, aunque tras aprobar en junio la ley que regula la actividad de las VTC en esta región el objeto de recurso de estos expedientes ha decaído, según informa Efe.

El departamento de Sánchez solo ha resuelto 4.000 solicitudes y ha concedido la prórroga a 95 licencias tras considerar que necesitaban más de los cuatro años de moratoria dados por el Decreto Ábalos para recuperar su inversión en las licencias de VTC.

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