El Gobierno niega una prórroga a las VTC y estas amenazan con demandas
Cabify asegura que la pandemia impidió a las VTC recuperar sus inversiones El Gobierno deja en manos de las comunidades su regulación
El conflicto entre las VTC y el Gobierno amenaza con llegar a los tribunales. Cabify, una de las principales empresas del sector, ha dado a conocer un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona, en el cual señala que la prórroga compensatoria de cuatro años que establecía el Decreto Ábalos (expira al final de este mes), debería de extenderse por dos años más. Si no, indica el informe, “es más que seguro un escenario de reclamaciones patrimoniales”.
Este conflicto tiene su origen en el Real Decreto Ley 13/2018, que establecía un periodo de cuatro años desde septiembre de 2018 para que las VTC pudiesen operar mientras las comunidades autónomas llevaban a cabo la regulación del sector. Hasta el momento, solo Madrid y Cataluña han legislado al respecto, mientras que el resto de autonomías aún no tienen una regulación a poco más de dos semanas del fin del mencionado plazo.
Dicha prórroga tenía un carácter compensatorio, es decir, el Gobierno estimó que ese periodo era suficiente para que las VTC recuperasen el dinero invertido en sus licencias. Sin embargo, el sector se queja de que durante ese tiempo, la pandemia ha provocado una notoria disminución de los ingresos del sector impidiendo la recuperación de las inversiones.
Por ello, este estudio facilitado por Cabify, pide que la prórroga se extienda por un mínimo de dos años más. “Las inversiones ni siquiera se hubiesen recuperado en un escenario en el que no hubiese habido una pandemia. Esto fue un agravante adicional. En el sector hay indignación porque el periodo inicial ya era insuficiente de por sí”, explicó en un acto con un reducido grupo de periodistas Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Cabify.
Sin embargo, una moratoria a las VTC es improbable después de las palabras de este lunes de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien aseguró que “en principio” no se hará una prórroga, según declaraciones recogidas por Efe. La ministra considera que los cuatro años que ha durado la medida “fueron un plazo más que suficiente”.
Situación por autonomías
A día de hoy, las únicas dos comunidades que han legislado las VTC han sido Cataluña y Madrid. La primera ha optado por un camino que recorta mucho la actividad de este tipo de transporte de pasajeros, mientras que Madrid permitirá al sector seguir funcionando como hasta ahora. Madrid es la autonomía con mayor cantidad de licencias VTC, aglutinando al 48,7% de las que hay a nivel nacional, según cifras de la cartera de Transportes.
Fuentes del sector apuntan a que Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Extremadura y Aragón no tienen intención de regular la actividad de las VTC. Andalucía, la segunda región con más licencias del país (reúne a un 18,4% del total), ha hecho pública su intención de regular la actividad, aunque ha pedido una prórroga en línea con las peticiones del sector. Aunque no lo ha hecho público, Valencia también ha pedido una moratoria del Decreto Ábalos, según informan fuentes del sector, aunque no lo ha hecho oficial.
Desde Cabify han pedido una reunión entre el CEO de la compañía y la ministra de Transportes, una petición a la que aseguran no haber recibido respuesta. Por su parte, ante las preguntas de este medio, en el ministerio han señalado que la ministra ya se reunió con Cabify hace meses y que los contactos con la empresa española “son constantes a través de la Secretaría de Estado y la Secretaría General de Transportes”.
Muchos de los expedientes están resuletos “de facto”
En cuanto a los recursos administrativos abiertos actualmente por el fin del decreto Ábalos, la ministra Sánchez aseguró ayer que van a resolver los recursos “uno a uno” y que éstos se han tenido que volver a analizar “por un defecto formal”. “Muchos de esos recursos aún pendientes están resueltos de facto por la legislación autonómica” de Madrid y Cataluña, declaró la ministra de Transportes, quien apostilló “que eso reduce el número de licencias que están afectadas”.
