El taxi de Madrid promueve un recurso de inconstitucionalidad contra la 'ley Uber' de Ayuso
Exigen la instalación de tacógrafos en taxis y VTC para vigilar el cumplimiento de los turnos de 24 horas
La Federación Profesional del Taxi (FPTM) ha promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid (CAM) y ha solicitado la instalación de tacógrafos en los vehículos de taxi y VTC para vigilar el cumplimiento de la ley laboral tras el anuncio de la liberalización de los horarios de trabajo a turnos de 24 horas, pues “da pie a que puedan trabajar hasta 3 conductores distintos”.
Así lo ha manifestado el presidente de la FPTM, Julio Sanz, tras conocerse la nueva medida anunciada por la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, por la que pretende ampliar los turnos de trabajo del sector del taxi a 24 horas diarias y que ha propiciado que soliciten la instalación de estos dispositivos que registran los usos y descansos del vehículo.
Y es que, según ha explicado Sanz, “además de ser una medida que no ha sido solicitada ni avalada por la mayoría del sector, al que ni se ha consultado ni informado sobre ello, supone un peligro para el estado de los vehículos y la calidad del servicio pues en 24 horas podrían trabajar hasta tres conductores, tanto en los taxis como en las VTC que tengan trabajadores asalariados contratados, algo que dudamos que las grandes empresas de VTC vayan a estar comprometidos con cumplir”.
En este sentido, insiste en que, para el taxi, formado en su gran mayoría por autónomos, supone “una losa más en la supervivencia del sector que lleva años agonizando las consecuencias de las decisiones de un Gobierno regional que premia los intereses de unas pocas multinacionales en detrimento de un servicio público”, aseveró en una nota facilitada por la asociación.
En paralelo, la asociación ha promovido, junto a Unidas Podemos y el apoyo de hasta 55 diputados del Congreso de otros partidos políticos, un recurso de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Uber, por evasión de competencias municipales y estatales y discriminación en contra del taxi.
Según han explicado desde la FPTM, esta reforma habilita a las VTC a que tengan autorización nacional domiciliada en la CAM para realizar actividad urbana en todos sus municipios, algo que invadiría competencias municipales pues son los consistorios los encargados de otorgar licencias de taxi y autorizaciones VTC. “De nuevo, nos encontramos ante una norma improvisada que será impugnada por el sector y que no se entiende si no es por dar respuesta a intereses ocultos que buscan sustituir un servicio público por otro de carácter privado”, indicó Sanz.
A su juicio, “las leyes que aprueba este equipo de Gobierno no tienen recorrido legal, rozando en algunos casos la prevaricación, y aunque caerán una a una en los tribunales, esta última reforma es, sin duda la mayor chapuza normativa que ha vivido el sector en los últimos 40 años y haremos lo posible porque no salga adelante”.
Por último, la FPTM ha agradecido a Unidas Podemos y al resto de grupos políticos implicados su trabajo para llevar esta ley al Tribunal Constitucional y hacen un llamamiento al equipo del Partido Popular a que “se reúnan con las asociaciones y escuchen al sector y no con tres empresarios que dicen ser la voz del sector, pero no cuentan con el aval del conjunto del colectivo”.
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