Cataluña asesta otro golpe a las VTC: los vehículos deberán tener un mínimo de 4,90 metros
La Generalitat aprueba el decreto que regulará el sector y las empresas afectadas denuncian que las restricciones impuestas "no aportan ningún beneficio al interés general de la ciudad ni del ciudadano"
Golpe a las VTC en Cataluña. La Generalitat catalana ha aprobado este martes un decreto que limita al máximo la actividad de estos vehículos de pasajeros con conductor y que provocará que desaparezcan dos tercios de las licencias actuales de VTC, que se elevan actualmente a unas 4.000. Además, endurece los requisitos para aquellos que sigan operando. Una de las restricciones más relevantes incluidas es la exigencia de un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros. Las VTC deberán contar, además, con la etiqueta ECO o Cero.
El decreto, que cuenta con el apoyo del PSC y que si nada se tuerce será refrendado en el Parlamento catalán, entrará en vigor el 1 de octubre, coincidiendo con el fin de la vigencia del Decreto Ábalos de 2018, que suponía un periodo indemnizatorio para las VTC que operan en las ciudades. Este hecho está obligando a los gobiernos autonómicos a desarrollar sus propias regulaciones. La nueva regulación catalana, aplicable durante dos años y con opción a prorrogarse otros dos más, supone un jarro de agua fría para Cabify, Bolt (recién aterrizada en la comunidad) y Uber, aunque esta última solo opera ahora en Barcelona con servicios de taxi.
Otra de las principales restricciones que impone el decreto tiene que ver con el número de licencias. Con la norma aprobada, para poder prestar servicio en la comunidad en trayectos urbanos la autorización debe estar domiciliada en Cataluña, asociada a un vehículo (hay empresas que las mantienen sin coche por la caída del negocio con la pandemia) y que haya dado servicio de transporte de viajeros durante el último año. Unos requisitos que solo parecen cumplir 1.500 de las 4.000 que hay concedidas. Además, este número de VTC podría verse reducido por las restricciones que incorpora el decreto sobre las características de los vehículos.
La nueva regulación también exige que el conductor de las VTC tenga carné desde hace al menos dos años y que los titulares de las VTC deberán tener un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de hasta 50 millones. Además, las autoridades locales podrán exigir formación relacionadas con el ámbito municipal (como conocer la geografía local). El decreto mantiene igualmente limitaciones ya antes establecidas como la prohibición de recoger pasajeros por la calle o la necesidad de precontratar el servicio con 15 minutos de antelación.
Las patronales de las VTC, Unauto y Feneval, indicaron en un comunicado que el decreto “pone la soga al cuello al sector en Cataluña y elimina el 70% de las licencias cuando Barcelona necesita desesperadamente más opciones de movilidad”. Además, añadió que la nueva normativa destruirá unos 3.000 empleos y que su aprobación “tendrá consecuencias judiciales y económicas por las reclamaciones e indemnizaciones de las empresas de VTC”.
Para mostrar la dificultad de adaptar su operativa a la regulación, Cabify indicó en un comunicado propio que, actualmente, más del 70% de los coches conectados a su plataforma en Barcelona son ECO o Cero, sin embargo, menos del 1% de estos vehículos mide más de 4,90 metros. Según Idauto, en 2021 se matricularon en España 859.477 turismos y todoterrenos, y solo 8.544 de los coches medían más de 4,90 metros. Es decir, menos del 1% de los coches vendidos cumple los requisitos de la Generalitat.
Ni el Ford Mondeo, ni el Prius de Toyota ni el Skoda, tres modelos ampliamente utilizados por el sector del taxi, alcanzan esa medida. Tampoco el nuevo Limo, el primer coche de la marca de servicios de movilidad de Renault, 100% eléctrico y pensado para VTC y taxi. La Generalitat busca así que las VTC regresen a un servicio ligado a las limusinas o a vehículos especialmente grandes, lo que obligará a las empresas del sector a cambiar casi en su totalidad su flota, con una oferta de vehículos en el mercado con esas características muy limitadas.
Cabify señala que está "profundamente consternada por la regulación" impulsada por varios grupos políticos de Cataluña. En su opinión, el decreto, aunque pueda interpretarse como una ataque al sector de las VTCs, es "un ataque al futuro de Cataluña y de sus ciudadanos".
La compañía asegura que la normativa aprobada reduce significativamente las opciones de movilidad sostenible con las que cuentan los ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana, "en un contexto donde las regulaciones en entornos urbanos van encaminadas a reducir el tránsito de coches particulares en el interior de las ciudades y establecer zonas de bajas emisiones". También sostiene que esta regulación no representa los intereses de una amplía mayoría de ciudadanos de Cataluña, ya que, según sus datos, tres de cada cuatro ciudadanos de Barcelona y su área metropolitana se muestran favorables a una regulación que permita la convivencia del taxi y la VTC.
Mientras el sector del taxi aplaude la nueva regulación (había amenazado con nuevas movilizaciones si no salía adelante este decreto), Cabify insiste en que las restricciones impuestas en este decreto ley provocarán que miles de profesionales pierdan sus puestos de trabajo en los próximos meses. "Y todo ello en un contexto en Barcelona donde se aprecia una clara escasez del transporte discrecional para absorber las necesidades de movilidad de ciudadanos, empresas y turistas", dice.
Las críticas de Cabify a la nueva regulación no acaban ahí. La empresa señala que esta normativa va en contra e Europa y su modelo de regulación eficiente y sostenible. "La Comisión Europea apuesta por una convergencia en la regulación entre el taxi y las VTC y solicita eliminar reglas obsoletas que perjudican los objetivos ambientales de la UE, como el retorno a la base o tiempos de espera obligatorios en la precontratación". También recuerda que la CNMC y Tribunales Superiores de Justicia, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, han declarado estas limitaciones contrarias a derecho.
En opinión de esta compañía, las restricciones establecidas por el decreto catalán no aportan ningún beneficio al interés general de la ciudad ni del ciudadano. "Se trata, pues, de un requisito oxímoron, ya que los vehículos menos contaminantes (ECO o Cero) suelen contar con un tamaño menor, precisamente para ser más eficientes debido a un menor peso y tener un menor consumo".
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