¿Cómo reducir la factura de la luz a largo plazo?

Los analistas plantean que la bajada de impuestos sea permanente También proponen acabar con las trabas a las renovables y el autoconsumo

El Gobierno aprobó a mediados de mes un plan de choque (el Real Decreto Ley 17/2021) para amortiguar el encarecimiento de los precios de la electricidad que soportan los consumidores (empresas y hogares) desde el verano –el pasado día 16, su valor alcanzó el récord de 189,32 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, superando con creces el pico de enero, cuando se situó en 104,94, tras la tormenta Filomena–.

Las medidas, que se aplicarán de forma temporal, son ya ampliamente conocidas: desde una rebaja de impuestos hasta el 31 de diciembre de este año, incluido un tope en la subida de la tarifa de gas regulada en los próximos dos trimestres, hasta el recorte de los beneficios extraordinarios que reciben las empresas tanto por el incremento del gas (hasta el 31 de marzo de 2022) como del CO₂ (en fase parlamentaria), entre otras.

El alza de los precios del gas y del CO₂ son hoy los principales responsables de un recibo más caro

La intención del Ejecutivo es prepararse también para un invierno alcista. Sin embargo, ¿qué sucederá si el precio del gas en el mercado internacional continúa su escalada? –se cotiza a 65 euros/MWh, frente a los apenas 7 de hace un año, y la previsión es que supere los 77 euros en otoño–. Y a largo plazo, cuando pase la coyuntura, ¿cuál será el impacto de estas disposiciones? ¿Cómo ha de configurarse la factura para sortear mejor los vaivenes futuros? ¿Qué reformas son necesarias? ¿Cómo proteger a los más vulnerables?

Para Alberto Martín, socio responsable de energía y recursos naturales de KPMG en España, “el debate se ha centrado en exceso en el tema regulatorio, como si la culpa del alza la tuvieran supuestos agentes económicos malintencionados que se lucran en exceso a costa del consumidor, cuando el fondo del problema es que el sistema eléctrico depende demasiado de las centrales de gas, que son caras y emisoras de CO₂”.

Los expertos creen que las medidas del Gobierno alivian a corto pero penalizan a futuro

Los ciclos combinados han sustituido a las plantas térmicas –prácticamente cerradas– en el mix energético, y es la tecnología que marca el precio marginal en el pool eléctrico durante los picos de demanda. Por eso propone acelerar el desarrollo de las renovables y el autoconsumo –“su principal traba es la lentitud en la tramitación administrativa”, dice– y el almacenamiento.

A favor de menores tasas

Pablo Monge

En cambio, Jorge Sanz, director asociado de la consultora Nera, quien dirigió la comisión de expertos para la ley de transición energética, cree que hay un exceso de fiscalidad, independientemente del contexto actual de subidas de los precios del gas y del CO₂ –que ha pasado de 27 euros la tonelada a más de 60– en el mercado internacional y europeo, respectivamente. “El coste de la energía apenas supone el 30% de la factura. El de las redes de transporte y distribución representa el 20% y la otra mitad son gravámenes explícitos (el 21% de IVA, el 5% del impuesto especial al consumo y el 7% a la generación) e implícitos (los cargos por financiación a las primas renovables y la compensación a los territorios extrapeninsulares)”, sostiene.

De ahí que su receta sea eliminar esos cargos del recibo y que se lleven a los Presupuestos, como propuso en su día al Gobierno la comisión que presidía, “ya que nada tienen que ver con el consumo eléctrico”, y cambiar el sistema impositivo, “que no es ambiental”, de manera que la tecnología más contaminante pague más.

El Reino Unido, por ejemplo, soporta un IVA inferior al 5%; Francia, del 5,5%, y Portugal, con un mercado eléctrico común, del 13%, mientras en España es del 21% (ahora, del 10% hasta fin de año). “Esto hace que los hogares españoles, pese a tener unos precios en la media de la UE (56 euros/MWh) –excluido los impuestos para no distorsionar–, frente a los 76 o los 68 del Reino Unido e Italia, los más caros, paguen el quinto recibo más costoso”, arguye.

La mayoría de los expertos consultados, incluida la patronal Aelēc, que agrupa a las eléctricas dominantes como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Viesgo, son partidarios de que la supresión de la tasa del 7% a la generación y la bajada del IVA y del impuesto especial de la electricidad (en el 0,5% hasta diciembre) sean permanente.

Todos coinciden en avanzar en la fiscalidad verde, que la tecnología sucia pague más

Sin embargo, Pedro Linares, director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de Comillas ICAI, lo pone en cuestión. “Es complicado. Me pongo el gorro de la ministra de Hacienda [María Jesús Montero], que tiene que mantener la recaudación para financiar los Presupuestos. ¿Por qué se los quito a la electricidad y no a la gasolina, o a las tarifas de los móviles? Son industrias con una estructura similar y un peso mayor en el gasto familiar. Debe ser integral; ahora, tampoco es el momento”. E insiste en que de nada sirve bajar tasas si el valor del gas sigue por las nubes. El Gobierno ha encargado a una comisión de expertos este asunto, que debe pronunciarse en 2022.

Martín, de KPMG, advierte de que las disposiciones del Ejecutivo amortiguarán las subidas a corto plazo. “Solo pospondrán el impacto en el bolsillo del consumidor: la bajada del IVA habrá que pagarla con alzas de otros impuestos, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico implicará pagar más por la gasolina y el gasóleo, y la reducción de tasas eléctricas generará déficit de tarifa que habrá que compensar a futuro”.

Precisamente, el Gobierno tramita en el Parlamento el anteproyecto de ley por el que se crea dicho fondo, a fin de que la financiación de los 7.000 millones anuales a las primas renovables recaigan sobre las empresas (eléctricas, de gas y petróleo) del sector, lo que supondría otro alivio en el recibo. Pero su curso en el Congreso va con retraso y no se espera hasta el próximo año.

En contra del recorte de beneficios y topes

La minoración de los beneficios a la hidráulica, la nuclear y las renovables (la eólica, principalmente) y los topes a la tarifa de gas han sido las más criticadas. En el primer caso, Aelēc manifiesta su “contundente rechazo” y la considera injusta y desacertada. “Impacta en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella”, defienden. Y en el segundo, aducen que va en contra de su eficiencia, la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica.

Además, sugieren actuar sobre el mercado regulado o PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), con 11 millones de clientes, ya que España es el único socio europeo con un esquema tarifario que traslada las subidas de forma inmediata, al estar vinculado a un precio horario y no a una media trimestral, más estable, como ocurre en otros países.

O la creación de una tarifa social y ayudas para los consumidores más vulnerables

Sanz, a favor del sistema marginalista, alerta de que el riesgo es que las nucleares adelanten su cierre (previsto para 2035) al tener unos márgenes tan pequeños que no les compense invertir en su extensión de vida. “El hueco que dejen lo cubrirá el gas y vamos a tener precios más altos”, sostiene. Igual sucede con la hidráulica. “Si el agua no se usara en las puntas de demanda, entraría más gas y pagaríamos más”.

Para Linares, el recorte deja muchos cabos sueltos fácilmente recurribles en los tribunales. “Y si la justicia da la razón, lo pagaremos después”. Y se pregunta: “¿Dónde se pone el coste de referencia del gas para fijar la minoración? Se los quitas cuando está a 180, pero no se los das cuando está a cero”.

En cuanto a los topes de tarifa, afirma que no le gustan: “Es dejar de pagar hoy para pagar mañana, experiencias con déficit de tarifa tenemos muchas”. La semana pasada, y ante la queja del sector renovable, el Gobierno hizo una corrección a su real decreto ley al dejar fuera del hachazo a los PPA, es decir, los contratos bilaterales de suministro de energía a largo plazo entre una generadora y un consumidor final.

No a la politización de las empresas

Desde la Fundación Renovables aplauden la medida. Y proponen, además, la derogación y reforma de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. “Fue diseñada para un sistema de generación fósil, con un modelo de fijación de precios marginalista”. También, separar los negocios de generación, distribución, transporte y comercialización, y que la gestión y propiedad de las redes de distribución sean públicas para hacer partícipe a la ciudadanía. Finalmente, avanzar en la fiscalidad verde y crear una tarifa social para los más vulnerables, algo en lo que todos coinciden. “Se pueden dar cheques a las familias y plantear quién debe tener el PVPC”, plantea Linares.

Respecto a la creación de una empresa pública, como propuso Unidas Podemos, muestran su rechazo. “No resuelve el problema a corto plazo y se politizaría, como sucedió con las cajas de ahorros”, arguyen. Italia es la referencia más citada, que pese a tener una, es uno de los países con el precio de la electricidad más caro de la UE. La transición tiene un coste, concluyen, pero hay que hacerla de manera que afecte lo menos posible al bolsillo de la gente.

El precio del gas natural, por las nubes hasta la primavera

Previsión. La cotización del gas natural en el mercado internacional no da tregua y la previsión es que el precio siga su tendencia alcista hasta que finalice el primer trimestre de 2021, según Antonio Delgado Rigal, fundador y CEO de AleaSoft, firma especializada en previsiones e informes del sector de la energía europeo. Confluyen diversos factores. “Ha aumentado a escala mundial por la recuperación, tras la crisis del Covid y porque en muchas economías se está sustituyendo el carbón por el gas. Además, las reservas son bajas”, detalla. A esto se añade la geopolítica. “Existe incertidumbre también con el envío de gas a España a través de Marruecos, que puede no renovarse a finales de octubre. Aunque hay una vía directa de envío desde Argelia, si esta tuviera algún problema [Argelia ha roto relaciones diplomáticas con Marruecos] sería otro elemento de tensión en el suministro de cara al invierno”, avisa. Mientras que la entrada en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas desde Rusia a Alemania, se retrasa hasta principios de 2022. “Su puesta en funcionamiento debería favorecer que los precios bajen”, confía.