La energía, un lujo para el 12% de los hogares españoles

El confinamiento ha elevado el consumo un 21% en las casas

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La población española incapaz de mantener su hogar a la temperatura considerada de confort por la Organización Mundial de la Salud (entre 18 y 24 grados) ha crecido en España. Si en enero de 2020 la pobreza energética vinculada a esta carencia ya reflejaba un alza respecto al año anterior –un 9,1% de afectados, frente al 8% en 2019–, según los últimos datos de Eurostat, luego llegó la pandemia del Covid-19 y no para arreglar las cosas. Aunque no hay informes ni cifras globales más allá de 2019, parece que el confinamiento y sus consecuencias pueden dar sorpresas cuando se haga balance.

En los últimos meses, estudios realizados a menor escala ayudan a tomar conciencia de esta realidad aún sin cuantificar, pero preocupante. El informe Emergencia habitacional, pobreza energética y salud: inseguridad residencial en Barcelona (2017-2020), a partir de una muestra de 415 personas con problemas para cubrir sus necesidades básicas, calcula que “un 57% de los encuestados no puede mantener su vivienda con los grados adecuados ni en invierno ni en verano, y el 34% en ningún momento del año”, indican desde la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

Más familias y autónomos se suman ahora al bono social

Otro pulso lo ha tomado la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) mediante el programa Ni un hogar sin energía –ganador del premio de la Fundación Naturgy a la mejor iniciativa social en el ámbito energético–, que ha dado ayuda a 8.000 familias vulnerables en 900 municipios. “Nuestra monitorización refleja que el confinamiento ha elevado el consumo de energía en los hogares en torno al 21%, lo que enfrenta a muchas familias al dilema de si calentarse o comer”, comenta Cecilia Foronda, directora de energía y personas de Ecodes.

Organizaciones sociales como Cáritas y Cruz Roja afirman haber incrementado las prestaciones económicas a personas vulnerables para hacer frente a pagos básicos, como agua, calefacción y suministro eléctrico. En este último caso, y de acuerdo con los registros del Ministerio para la Transición Ecológica, solo durante los meses del primer estado de alarma cerca de 40.000 clientes habrían solicitado beneficiarse del bono social eléctrico, el principal programa público para frenar el problema con descuentos en las facturas.

El viernes día 8 el precio de la luz batió récord al subir hasta los 95 euros por MWh

El propio Gobierno, en los últimos indicadores publicados de pobreza energética (2019), reconocía que un 16,7% de los hogares poseía un gasto energético desproporcionado y que un 7,6% de la población tuvo problemas para calentar sus viviendas.

Tales estimaciones han sido actualizadas recientemente por la Asociación de Ciencias Ambientales, que lleva una década trabajando en el caso español: más del 12% de los hogares tiene dificultades para pagar sus consumos y, por tanto, para acceder a una energía asequible y segura.

Y por si no hubiera ya una gama amplia de mediciones y diagnósticos, el estreno de 2021 ha vuelto a poner los números patas arriba con nuevas variables: temperaturas en mínimos y precio de la luz en máximos. En enero suele pasar, pero lo de este año bate unos cuantos récords. El temporal Filomena ha bajado los termómetros hasta horquillas que han oscilado entre los -10 y los -30 grados bajo cero, y ello durante casi una semana.

El recibo de la luz se ha encarecido cerca de un 36% en lo que va de mes en relación a 2020. El viernes día 8, en el mercado mayorista, el precio alcanzó los 95 euros por MWh, algo insólito, cuando además durante 2020 se abarató un 30%; “algo no siempre reflejado en las tarifas”, aseguran en la OCU, desde donde recomiendan esperar a que todo se calme y no hacer cambios ahora mismo.

La OCU desaconseja hacer ahora mismo cambios de compañía o de tarifa

Lógicamente, el aumento de la demanda dispara los precios, pero esto no es solo una cuestión de meteorología. Organizaciones de consumidores y partidos políticos denuncian, una vez más, el actual sistema de fijación de precios del pool eléctrico –donde cada día se compra y se vende electricidad– y piden su reforma “para no beneficiar a las grandes compañías”. A la par, la semana pasada, Iberdrola y Endesa reclamaban también una reforma fiscal medioambiental, pues otra de las quejas más extendidas es la fuerte carga impositiva de los recibos.

Un bono polémico

La polémica viene de largo y es compleja. La propia acepción, pobreza energética, así como la forma de definirla son fuente de diferencias. Las dos empresas energéticas citadas, junto a Naturgy –entre las tres mantienen un 90% del mercado–, coinciden en señalar tanto su esfuerzo en suscribir convenios de colaboración con distintos agentes para proteger a los clientes en materia de vulnerabilidad como la confusión que crea el propio concepto.

El Gobierno es el que marca las pautas, distinguiendo entre “vulnerables” y “vulnerables severos” de cara a la percepción del bono social (entre el 25% y el 40% en la rebaja del recibo, respectivamente). No obstante, aparte de los criterios de renta, se puede optar a esta ayuda siendo familia numerosa aunque no se tenga ningún problema económico, un aspecto que también levanta ampollas.

“El debate teórico sobre la pobreza energética no debe paralizar la lucha contra la misma. Sobre todo cuando, sin lugar a dudas, la pandemia va a agravar enormemente esta situación. Ha habido voces que criticaban poner apellidos a la pobreza, dado que es una realidad compleja y poliédrica y la energía, solo un componente más de ese panorama, aunque con características particulares, como el crucial papel que juega en ella la ineficiencia energética de los hogares. Así lo ha entendido la propia UE al crear el Observatorio de la Pobreza Energética (EPOV) que, precisamente, como tarea inicial, propuso una serie de indicadores estándar para medir de forma unificada en los distintos Estados miembros: gasto desproporcionado, gasto insuficiente, temperatura inadecuada en el hogar e impago de facturas”, detalla José Carlos Romero, profesor en la Escuela de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas, en la que coordina la Cátedra de Energía y Pobreza.

Desde este ámbito académico buscan “aportar un conocimiento riguroso que ayude a entender las causas –que más que en la definición en sí tienen que ver con la concreción de qué se considera servicio esencial– y a plantear las mejores respuestas posibles y, a su vez, ser punto de encuentro entre todos los actores implicados”, añade.

Cifras

50 millones de hogares europeos se ven afectados por la pobreza energética, es decir, que sufren para cubrir tales necesidades.

40.000 fueron los clientes que solicitaron el bono social durante los tres meses del primer estado de alarma para subvencionar parte de sus facturas eléctricas.

90% de la cuota eléctrica del mercado español se concentra solo en tres compañías: Iberdrola, Endesa y Naturgy, frente a las pequeñas comercializadoras.

La Universidad de Barcelona (UB) también trata de avanzar en este tema espinoso. Sin embargo, cuando el pasado 11 de diciembre Fundación Naturgy presentaba el estudio Pobreza energética en Europa. Un análisis comparativo, elaborado por la Cátedra de Sostenibilidad Energética del Instituto de Economía de Barcelona (IEB)-UB, en “un intento de arrojar algo de luz sobre un problema tan importante, que en Europa afecta a 50 millones de hogares”, en palabras de Rafael Villaseca, su presidente, poco se podía atisbar acerca de todas las espinas que se han ido añadiendo en los últimos tiempos. En el webinario propuesto para su presentación, María Teresa Costa, directora del documento, subrayó que “es fundamental abordar medidas estructurales y hacerlo con la colaboración público-privada”, y dieron a conocer un decálogo de actuaciones para erradicar la pobreza energética.

La rehabilitación de viviendas, clave

Los pensionistas son de los colectivos más golpeados cuando sube la factura de energía, sobre todo los de renta mínima.
Los pensionistas son de los colectivos más golpeados cuando sube la factura de energía, sobre todo los de renta mínima.

En la misma jornada, expertos internacionales de los cinco países comparados –dentro de sus diferencias–, Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y España, coincidieron especialmente en el papel clave de la rehabilitación de viviendas como herramienta; una solución muy reivindicada desde Ecodes, “pues más de la mitad del parque inmobiliario español fue construido sin criterios de aislamiento térmico, por lo que urge acelerar el ritmo, que ahora se sitúa en un exiguo 0,3% anual, para poder abordar el tema a largo plazo, más allá del bono social, que es una medida paliativa”, opina Cecilia Foronda.

“Que más que paliar nada, engaña a los consumidores”, cree Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, quien ha renunciado a su bono social porque “no compensa el ahorro escaso que supone realmente y encima te hace formar parte de este entramado eléctrico lamentable. No se debe tomar el pelo en algo tan serio. Ni este temporal va a ser excepcional, debido al cambio climático, ni la pobreza energética podrá considerarse cosa de minorías, tal y como vamos”.

Apagón, fraude y tragedia en Madrid

Cañada Real. Los 4.000 vecinos de este asentamiento en la periferia de la capital y sus cien días sin luz ni calefacción en plena ola de frío han protagonizado la cara más cruda de la pobreza energética. “La compañía no está cortando el suministro ni lo ha hecho en los 25 años que lleva allí. Las interrupciones se producen por sobrecargas derivadas de consumos no localizados”, aseguran desde Naturgy. En solo dos días y guiados por el alcalde de Rivas, desenganchando esos focos ilegales que hacían saltar los contadores, algo se ha podido solucionar, pero parece que el real decreto del 23 de diciembre, que garantiza el suministro a los más vulnerables, no es suficiente.

Emergencia. “Tanto humanitaria como sanitaria”, así describe Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, lo sucedido en la Cañada Real Galiana; incluso habla de “genocidio, porque estas situaciones siempre acaban en tragedias. La luz debería ser un derecho, no un negocio. Es hora de que las eléctricas despierten de su sueño; invertir más y, quizás, nacionalizar”.

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