Las eléctricas afrontan un largo pleito de cuatro años contra el recorte del Gobierno
Endesa e Iberdrola desvelan que toda su energía está bilateralizada internamente
Los equipos jurídicos de las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, se han puesto ya manos a la obra para preparar la defensa contra el real decreto ley (RDL) del 14 de septiembre con el que el Gobierno minorará los ingresos extraordinarios que las llamadas tecnologías inframarginales de estas compañías (nuclear, hidráulica y algunas renovables) han recibido en el mercado mayorista de la electricidad donde la energía más cara, el gas, marca precio para todas.
Una de las medidas con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere compensar la fuerte escalada de los precios del pool (hoy marcará los 174,7 euros/MWh), al que está indexada la factura de los consumidores domésticos, y que inicialmente se calculó en una minoración de ingresos de 2.600 millones de euros, unos 2.000 millones a las dos mayores del sector. Esta cifra es menor, tras librar del tajo a los contratos bilaterales a largo plazo entre una generadora y un consumidor final, pero el Gobierno no la ha ofrecido.
El proceso se avecina largo, al menos hasta cuatro años, ya que las empresas no pueden recurrir una norma con rango de ley y deben esperar a la primera liquidación que, con el nuevo mecanismo, les haga el operador del sistema REE. Las afectadas plantearán un “conflicto de gestión técnica” contra esta compañía, que se defenderá alegando que se limita a aplicar un RDL respaldado por el Parlamento. Un acto administrativo que, en cuanto sea desestimado, permitiría a las empresas presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algo que no ocurrirá hasta 2022.
Se trata, según fuentes del sector, de convencer a un juez de que es una ley inconstitucional o contraria al Reglamento de Electricidad de la Unión Europea. En este punto el tribunal puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Las eléctricas habrían tenido la posibilidad de un recurso rápido si las correcciones al RDL publicadas la semana pasada por el Ministerio para la Transición Ecológica, en las que libraba de la minoración a los citados contratos bilaterales, no así los firmados entre una generadora y una comercializadora de un mismo grupo empresarial, se hubiesen publicado en el BOE en forma de real decreto (RD). Esto les hubiese permitido recurrir y solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Supremo. Pero el ministerio estuvo “hábil” y se limitó a rectificar a través de un escrito en el que respondía a una supuesta consulta de REE sobre la interpretación del decreto ley.
Las medidas del Gobierno han llevado a Endesa e Iberdrola a desvelar que casi toda su producción la venden internamente a las comercializadoras de su grupo con precios a plazo (seis meses), que están lejos de las cotizaciones del pool. Un secreto bien guardado, que utilizan ahora para defenderse. De los 60 TWh que Endesa produce, casi la mitad va al mercado diario y en un 76% están bilateralizados a unos 50 euros/MWh. También Iberdrola, que genera otros 60 TWh, tiene vendida su producción de 2021 (a 75-80 euros/MWh) y el 70% de la de 2022, a este mismo precio.
Ventas opacas
Aunque todas las energías pasan por el mercado mayorista (que sirven para ajustar diferencias), buena parte son ventas bilaterales financieras opacas. Así, según el operador del mercado, OMIE, en agosto se vendieron en el pool 24.100 GWh, de los cuales, 6.136 GWh correspondieron a bilaterales, aunque solo los que implican una entrega física, porque la mayoría son contratos financieros con cobertura de riesgo: si el precio que paga la comercializadora en el mercado es superior al que figura en el contrato con la generadora, esta se lo compensa. Y viceversa.
Esta situación equivale a reconocer que las eléctricas no estarían cobrando winfall profit y que, si un contrato intragrupo fija un precio de 60 euros/MWh y con la nueva regulación se les quitan 70 euros. Sin embargo, hay quien considera que con este tipo de contratos bilaterales entre hermanas lo que hacen las compañías es trasladar de sitio el beneficio, concretamente, a la comercializadora que, aunque le paga los 60 euros a la generadora de su familia, cobra un precio muy superior (incluso indexado al pool) al cliente final. Más que bilateral, este tipo de contratos resultan trilaterales. Hay quien considera que se deberían hacer auditorías para comprobar estos márgenes.
El Gobierno ha optado por mantener las medidas para unas compañías que, pese a que ahora dicen no obtener beneficios llovidos del cielo, siempre han defendido el mercado marginalista. Eliminar todos los contratos bilaterales (los intragrupos y los firmados con consumidores finales o PPA en el caso de tratarse de energías renovables) habría supuesto dejar sin efecto el RDL.
En sus recursos a los tribunales, las eléctricas alegarán que es una norma anticomunitaria e inconstitucional y no tanto que no les sea de aplicación por no haber cobrado ingresos extras por el precio marginal del gas.
‘Socializar’ las pérdidas con los clientes
Las dos grandes eléctricas, Endesa e Iberdrola, producen 60.000 GWh al año, respectivamente. Sin embargo, venden más de lo que generan: Endesa, 30.000 GWh más e Iberdrola, unos 10.000 GWh más, una energía que deben comprar en el mercado para entregar a sus clientes. Naturgy, que tiene menos bilateralizada su energía internamente (también es cierto que cuenta con un mayor numero de ciclos combinados que no se prestan a contratos a largo plazo) guarda un mayor equilibrio entre generación y comercialización.
Estar larga en ventas o corta en producción es un problema para una compañía en un momento de altos precios del mercado, porque debe comprar producción ajena cara (tal es el caso de Endesa, que sufrirá las consecuencias en sus próximas cuentas trimestrales), pero es una gran ventaja en momentos de precios hundidos, como ocurrió el año pasado, primer año de la pandemia.
Por el momento, las empresas quieren socializar el tajo que les va a aplicar el Gobierno revisando al alza sus contratos. Así, Iberdrola ha comunicado a sus clientes industriales la revisión temporal de sus acuerdos, hasta que acabe el periodo de aplicación de la medida, y con la promesa de que “si algún juez en un futuro” les da la razón, se les devolverá el dinero. Las eléctricas revisan mensualmente los contratos que van venciendo.
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