Las eléctricas insisten en que la mitad de la energía gravada por las medidas del Gobierno no recibe ingresos extra
El sector admite la dificultad de recurrir en España una norma con rango de ley
Tras conocer las correcciones que el Ministerio para la Transición Ecológica ha incluido en el RDL de medidas urgentes para paliar la escalada de los precios de la electricidad mediante la minoración de los ingresos extra que la nuclear, la hidráulica y renovables que van a mercado reciben cuando el gas natural marca el precio marginal en el pool, las grandes compañías eléctricas insisten en que la mayor parte de la energía no recibe el precio del mercado mayorista (hoy por encima de 170 euros MWh). En la rectificación, el ministerio libra del tajo a los contratos bilaterales a plazo entre un generador y un consumidor final (cerrados a precios inferiores a los actuales delpool), no así a los firmados entre un productor y un comercializador del mismo grupo empresarial (el total de la energía en el caso, por ejemplo, de Endesa).
Según fuentes del sector, aunque la normativa española obliga a los generadores a pasar por el mercado diario (en otros países europeos solo se utiliza para ajustar las difrencias entre oferta y demanda), la mayor parte de la energía no se negocia en dicho mercado, sino que se ha vendido antes a plazo, "con valores muy inferiores a los que marca el pool en estos momentos", a unos 50 euros MWh para 2022 en el caso de la nuclear y la hidroeléctrica, según las mismas fuentes. De los 250 TWh que se venden en total, 56 TWh corresponden a la nuclear y 25 TWh al agua.
Además de ilegal, pues distorsiona el mercado, la medida del ministerio parte de una cuenta equivocada, según las compañías: la de atribuir el cobro del precio marginal tan elevado a mucha más energía de la real, que no recibe el exceso, y multiplicarla por la demanda. En realidad, señalan las fuentes, si hay alguna producción que cobra del mercado es el carbón o el gas, "tecnologías que dependen del resto y que están sometidas a una gran incertidumbre".
Las empresas piden que no se hable de minoración, porque los ingresos que se reducen no se han recibido, sino de un pseudoimpuesto, que implicaría la devolución de entre 50 y 60 euros MWh, lo mismo o menos de lo que han cobrado por sus contratos. De los 2.600 millones del recorte previsto por elministerio (que servirá para recortar los cargos de los peajes en la factura de los domésticos), cuatro quintas partes corresponden a las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, cantidad que se suma al que se aplicará por los beneficios llovidos del cielo por elCO2 una vez que se apruebe la ley en trámite en Parlamento.
En el RDL aprobado para minorar los extras del gas, el Gobierno establece un precio del gas de 20 euros MWh a partir del cual detraerá hasta un 90% del que reciban las tecnologías inframarginales hasta el 31 de marzo del año que viene. En el sector consideran poco probable que los precios del gas para esa fecha estén por debajo de 35-40 Euros MWh, por lo que temen una ampliación temporal de las medidas.
Las compañías reconocen la imposibilidad de recurrir una norma con rango de ley, una vía exclusiva para diputados o comunidades autónomas. La única posibilidad es recurrir las liquidaciones de Red Eléctrica ante la CNMC y, de recibir el apoyo del regulador, podrían acudir posteriormente a la Audiencia Nacional. Las empresas consideran que la norma va en contra del Reglamento de la Electricidad de la UE, porque, aunque no interviene en el mercado, la detracción posterior de ingresos supone una distorsión de los precios del mismo, una discriminación entre generadores, dificulta las inversiones en renovables y va contra el mercado de emisiones de CO2, cuyo objetivo es que "las tecnologías no emisoras ganen más que las que emiten", señalan.
Como opciones para paliar los efector de la escalada de precios eléctricos, las grandes del sector proponen, entre otros, el uso de las reservas estratégicas de gas (adquiridas a una media de 22 euros MWh) para las centrales de ciclo combinado y que las renovables, que tienen garantizada una rentabilidad del 7,38% hasta 2023, aunque cobran hasta entonces el precio de mercado, liquiden el exceso antes de esa fecha (unos 4.000 millones, según las grandes),así como sustituir el mecanismo del PVPC de los domésticos por unos precios cerrados a plazo.
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