La administración de la isla estima que el importe a devolver esté muy por debajo de lo invertido y analiza una reclamación por el perjuicio causado con su gestión
Sugiere establecer la obligatoriedad de aprobar sólo proyectos que superen un umbral mínimo de rentabilidad social, introduciendo tarifas y peajes que reflejen los costes reales de los servicios