Unos 60 millones sin reembolsar e indemnización por daños: el coste de la liquidación del contrato del Canal Isabel II en Lanzarote
La administración de la isla estima que el importe a devolver esté muy por debajo de lo invertido y analiza una reclamación por el perjuicio causado con su gestión
El cabildo de Lanzarote trabaja ya en la liquidación del contrato del ciclo integral del agua que adjudicó en 2013 a Canal Gestión Lanzarote, la filial de la empresa pública madrileña Canal Isabel II, a la que acusa de haber incumplido puntos “esenciales” del acuerdo. En el marco de este trámite para dar por finalizada la adjudicación, 18 años antes de lo previsto, la administración prevé conservar 58 millones de euros que la sociedad contratista depositó inicialmente para iniciar a prestar el servicio de abastecimiento a más de 200.000 personas en las islas de Lanzarote y La Graciosa, a lo que se debe sumar la no devolución de parte de las inversiones realizadas, más una posible indemnización de daños y perjuicios.
Fuentes cercana al Consorcio del Agua de Lanzarote apuntan a Cinco Días que los técnicos calculan ya el coste que implica para ambas partes la resolución del contrato, después de que, el pasado abril, el ente público—compuesto por el presidente del cabildo, Oswaldo Betancort, y los alcaldes de los siete municipios de la isla—, reunido de urgencia, tomara dicha decisión. La Ley de Contratos del Sector Público establece que en estos casos, la administración debe restituir el importe de la inversiones realizadas. No obstante, las fuentes consultadas advierten de que la situación puede llegar a ser “perjudicial” para el Canal, ya que el saldo a devolver puede quedar en “cero euros”, o incluso puede salir a pagar si se tiene en cuenta que la reclamación de una indemnización por daños y perjuicios puede ser mayor que el resultado de la restitución.
El contrato se firmó por un periodo de tres decenios, pero solo ha funcionado durante 12 años. Canal Gestión fue creada ad hoc para esta licitación en la era de Ignacio González en la presidencia de la Comunidad de Madrid y con Salvador Victoria al frente del la gestora madrileña de agua. Se trataba de la segunda vez que salía de su región para prestar servicios en otro punto de España (la primera fue en Cáceres), a lo que se sumó la expansión internacional en países latinoamericanos como Brasil y Colombia, foco del caso Lezo. De hecho, el aterrizaje en Canarias levantó cierta polémica, no solo porque su oferta se impuso a las presentadas por otras empresas que ya trabajaban en las islas, sino porque se comprometió a hacer inversiones por encima de lo que recogían las bases del concurso y a afrontar la deuda de Inalsa, la empresa pública responsable del agua de Lanzarote en concurso de acreedores, lo que rechinó al PSOE de Madrid.
Falta de inversión y pérdidas de agua
La decisión de poner fin al contrato se basó en un informe jurídico, elaborado por la jefa de contratación del cabildo, que reunió todos los informes técnicos que concluyeron que el Canal no estaba cumpliendo con su parte del acuerdo. Así, destacó que la contratista no llevó a cabo las acciones comprometidas para rebajar el volumen de agua producida y no facturada al 30% (el documento destaca que las pérdidas de agua superaron el 50% entre 2019 y 2023, incluso el 60% en 2021), así como la falta de inversión de un total de 54 millones en el plazo de cinco años. También rechaza la subcontratación de servicios principales, “una circunstancia que repercute en la calidad de la contratación pública y fuente de perjuicio para los trabajadores, que será lo que perciban retribuciones menores”.
Según el análisis, al que ha tenido acceso este periódico, todo esto ha supuesto una “perturbación grave del servicio”, que ha provocado cortes de suministro “continuos y diarios” en algunos municipios. A todo ello añade que, entre 2013 y 2022, el Canal Isabel II se aplicó deducciones fiscales por la actividad realizada por su filial en Canarias sin que haya abonado al Consorcio del Agua de Lanzarote el 6% del canon obligatorio por las ayudas y subvenciones recibidas en el marco de este servicio. En esta línea, reclama el pago de 833.000 euros más intereses de demora.
Todos estos datos serán relevantes a la hora de cuantificar el importe a devolver. Según indica el documento, que recoge la jurisprudencia en materia, el reintegro se hará conforme a la cuantía de las inversiones pactadas que han tenido lugar, “menos la amortización”. Es decir, que la restitución nunca será el total de lo invertido. En cualquier caso, los informes técnicos subrayan que las inversiones tampoco se han hecho en el plazo previsto por contrato, lo cual hará disminuir el reembolso, precisan las fuentes consultadas. “Hasta el momento solo se han invertido 45,6 millones, de los cuales solo 32,6 se han realizado a los fines comprometidos, destinando el resto a inversiones no pactadas”, señala el informe jurídico, que añade que el reembolso será por “las obras pactadas y realizadas y no aquellas que se han realizado fuera de lo pactado”.
Canal Gestión discrepa con esta conclusión. En sus cuentas anuales afirma que ha cumplido lo pactado y que, a 31 de diciembre de 2024, ha realizado inversiones por el importe de 60,8 millones de euros, que incluyen 508.000 en fase de ejecución. No obstante, las fuentes de la administración insular señalan que esta cantidad no es correcta porque la contratista incluye gastos de mantenimiento.
Por otro lado, el canon inicial de 50 millones para prestar el servicio también puede que se queden en las arcas lanzaroteñas. El informe señala que la ley establece que la restitución por parte de la administración será únicamente por el “precio de las obras e instalaciones”. En ningún caso, puntualiza, se hará extensivo a las cánones iniciales y variables, ni al beneficio industrial. Asimismo, se deben tener en cuenta los posibles “daños causados a la Administración por la resolución”, dice el documento jurídico, que deja abierta la posibilidad de reclamar una indemnización y, en esta línea, se recoge la incautación, a modo fianza, de la garantía depositada con la formalización del contrato, que en este caso asciende a ocho millones de euros.
Deuda acumulada de 75 millones
Esta situación puede suponer un duro golpe para la filial del Canal Isabel II, que puede recurrir ante los tribunales la liquidación. Aunque los ingresos de Canal Gestión Lanzarote, que representan el 3,8% de los ingresos consolidados del grupo del Canal Isabel II, han ido creciendo en los últimos años (en 2024 se facturaron 37,9 millones, un 6,9% más que en 2023), no han sido suficientes para reducir los números rojos. De acuerdo a las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, la empresa canaria registró en 2024 pérdidas de 11,4 millones de euros, principalmente por “el incremento de los precios de la energía” —el agua que se suministra en estas islas procede de la desalación del agua del Atlántico, lo que hace que tenga un elevado coste energético— “y de los tipos de interés”.
Esta cifra eleva la deuda acumulada a 75,4 millones de euros. Matriz y filial responsabilizan al Consorcio de haber causado un “perjuicio patrimonial” de 30 millones de euros por no actualizar las tarifas fijadas por contrato a partir de 2017, asunto que ha acabado en manos de los tribunales. Los informes anuales de los estados financieros sostienen también que se siguen arrastrando las consecuencias económicas del cierre de la hostelería y la interrupción de la actividad turística por la pandemia del coronavirus, lo que llevó al contratista a solicitar, en junio de 2020, al Consorcio el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por importe de aproximadamente nueve millones de euros. Asimismo, existe una deuda interna por el préstamo que el Canal Isabel II, como administradora única, hizo a Canal Gestión Lanzarote de 145 millones para restablecer su situación patrimonial, que en la actualidad ha aumentado hasta los 184 millones.
Tras conocer la decisión del Consorcio, Canal Gestión Lanzarote expresó su “decepción” y “disconformidad” en un comunicado y afirmó que ello no solucionará el “problema estructural de deficiencias en la red del que no puede responsabilizarse a la empresa concesionaria”. De hecho, cruzó la acusación y achacó a la administración incumplimientos de contrato y la falta de inversiones en renovación y nuevas infraestructuras. “Canal Gestión opera y mantiene las instalaciones incluidas en el contrato de concesión”, remachó.
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