Fedea propone la creación de una agencia independiente de evaluación de proyectos de infraestructuras
Sugiere establecer la obligatoriedad de aprobar sólo proyectos que superen un umbral mínimo de rentabilidad social, introduciendo tarifas y peajes que reflejen los costes reales de los servicios
La Fundación de estudios de economía aplicada (Fedea) expone en un estudio que para mejorar la calidad de la política española de infraestructuras es necesaria una reforma de su diseño y gobernanza que ayude a corregir las disfunciones del sistema. Para ello, propone separar las tareas de evaluación económica del ámbito político de selección de los proyectos, mediante la creación de una agencia técnica independiente de evaluación con el objetivo de “evitar nuevas ineficiencias” y cargas a los contribuyentes.
Esta agencia se encargaría de realizar un análisis coste-beneficio riguroso de los proyectos para estimar su rentabilidad social, pero no decidiría qué proyectos se ejecutan. Fedea señala que serviría para cribarlos, de forma que sólo aquellos que alcanzasen un nivel predeterminado de rentabilidad podrían aspirar a recibir financiación pública.
La creación de esta oficina auxiliar iría acompañada de una entidad independiente encargada de adjudicar y gestionar los contratos de concesión para la participación privada en la gestión de las grandes infraestructuras. Los autores del estudio proponen estos dos planteamientos con el objetivo de potenciar las unidades de planificación estratégica en materia de transportes y ciclo del agua y situarlas por encima de las tradicionales unidades administrativas, o al menos fuera de su estructura pero cerca de los centros de decisión.
Todo ello para conseguir una planificación con una visión de conjunto, que "no emerge de manera natural de la estructura tradicionaldel Ministerio de Fomento o de Transportes, basada ne una rígida división del trabajo entre una serie de direcciones generales".
En paralelo, cabe destacar que este sector puede tener una oportunidad a la hora del reparto de las nuevas ayudas europeas para hacer frente al Covid-19. El fondo que se aprobó la semana pasada contempla la inyección de 140.000 millones de euros a la economía española en los próximos años, de los que unos 72.700 millones serán ayudas directas y el resto créditos, que ayudarán a remontar la economía a través de planes estratégicos dirigidos a distintos sectores. Las inversiones prioritarias irán dirigidas a facilitar la economía digital, la transición ecológica y todo tipo de acciones para elevar el potencial productivo del país, lo que pude incluir también el sector de la construcción y las infraestructuras.
Así, para que la gobernanza en este tipo de proyectos sea eficiente, Fedea sugiere establecer la obligatoriedad de aprobar sólo proyectos que superen un umbral mínimo de rentabilidad social, introduciendo tarifas y peajes que reflejen los costes reales de los servicios, incluyendo tanto sus costes directos como las externalidades que generan, y finalmente modificando en profundidad el sistema de participación privada con un reparto más eficiente de los riesgos entre los distintos agentes, que permita seleccionar los mejores proyectos y minimizar costes.
A su juicio, “los diferentes gobiernos que construyeron las redes básicas ignoraron los criterios económicos que han de guiar la planificación y financiación de estas infraestructuras, construyendo elefantes blancos y retrasando la aplicación de los principios económicos que la propia Comisión Europea recomienda: el pago por uso y el que contamina paga”.
A parte de ese problema, “tampoco se ha acertado en el diseño del modelo de colaboración con el sector privado o de los mecanismos de financiación de ciertas infraestructuras”. Desajustes que, según Fedea, se observan en el ciclo integral del agua y las infraestructuras de transporte, donde se han construido “obras inútiles” o no se están realizando satisfactoriamente las necesarias operaciones de mantenimiento.
Para hacer frente a estos problemas, hay quienes demandan una mayor participación privada frente a la provisión pública directa. Sin embargo, los autores del estudio apuntan a que “el problema real” no es un déficit de participación privada, que es muy amplia, sino el deficiente funcionamiento del sector público y el mejorable diseño de los mecanismos de colaboración público-privados”. De esta forma, otras de las propuestas de Fedea pasan por prestar una mayor atención al mantenimiento frente a la construcción de obra nueva y revisar el marco que regula la colaboración público-privada.