Tras pactar su presencia en el consejo y una serie de compromisos de permanencia en el capital, Caixa Galicia, Caixanova y Cajastur cerraron ayer la compra de un 17,4% de la operadora de infraestructuras Itínere en poder de Sacyr. La operación ha ascendido a 500 millones, tras lo que la constructora tiene en venta el 9,96% que sigue en sus manos.
El grupo Boluda, enfrascado en la revisión de sus activos, ha salido del puerto de Alicante. La naviera ha traspasado a OHL el 50% de la sociedad que opera la nueva terminal por unos 52 millones. La constructora pasa a controlar el 100% del capital de un activo con 82 millones de deuda y que, a lo largo de los próximos 26 años de concesión, debería sumar 1.300 millones de facturación.
La patronal no se pronunciará en firme sobre la firma del pacto social sin antes contar con una oferta por escrito en la que el Gobierno comprometa la cuantía en que rebajará las cotizaciones sociales. Los autónomos, a su vez, reclaman poder percibir la nueva renta dirigida a los parados sin prestación.
El pago extraordinario de Endesa propicia un aumento interanual del 44% en los dividendos, aunque sin contar con los 4.556 millones repartidos por la eléctrica, la retribución total mejora el 11% en el último año.
El Banco de España ha accedido a las peticiones de la banca, especialmente de las cajas, al aceptar que se suavicen las provisiones en caso de mora. La medida hará que el Fondo de Reestructuración del sector se use menos. El supervisor ha pedido a las entidades rigor al tasar el valor de los inmuebles que tienen como garantías.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó ayer el nuevo modelo de financiación. La propuesta del Gobierno recibió el voto favorable de las comunidades socialistas, Cantabria, Canarias y la ciudad de Ceuta. Las gobernadas por el PP se abstuvieron por orden de Génova.
Las matriculaciones de turismos en Europa crecieron un 2,4% en junio, rompiendo con 13 meses de racha bajista, gracias a los planes de ayuda de los Gobiernos.
CHC Energía, comercializadora libre creada por Hidrocantábrico y 170 pequeñas distribuidoras de Cide a las que la ley impide desde el 1 de julio suministrar a tarifa, ha pedido a Industria que les incluya en la lista de comercializadoras de último recurso (CUR) o le permita aplicar el bono social. Estas empresas han transferido sus 50.000 clientes de menos de 3 kW a la CUR del grupo Cantábrico.