España ha bloqueado la aprobación de la nueva normativa europea sobre solvencia de las compañías aseguradoras. El Gobierno, que cuenta con el apoyo de otros 11 socios europeos, teme perder el control sobre las multinacionales que copan buena parte del mercado español.
En su primer discurso tras ser reelegido ayer secretario general del PSOE por una mayoría abrumadora de votos, a José Luis Rodríguez Zapatero no le hizo falta advertir a su partido que se gobierna desde La Moncloa y no desde la calle Ferraz. Es algo asumido, como demuestra la forma en que los socialistas han esquivado en sus debates de este fin de semana la crisis económica y la reforma de la financiación autonómica, dos de los grandes retos pendientes. Zapatero vaticinó ayer en la clausura congresual que 'España saldrá todavía más fuerte' de una situación que calificó de 'complicada'.
Empresarios y expertos, reunidos por PricewaterhouseCoopers (PwC), critican las medidas del Gobierno contra la crisis, dudan de las previsiones de Solbes y alertan del recrudecimiento de la situación.
Las cajas de ahorros han perdido en plena crisis de los mercados financieros cuota de mercado respecto a los bancos. En recursos de clientes, estas entidades han cedido en los últimos doce meses, con datos del mes de abril, un 0,75%, mientras que en créditos caen un 0,10%. Sin embargo, en depósitos a la vista, las cajas siguen aumentando posiciones.
Navantia está estudiando denunciar ante un tribunal de arbitraje a ArcelorMittal, después de que éste haya roto el acuerdo marco de suministro de acero firmado con los astilleros públicos. El grupo siderúrgico ha decidido aplicar, de forma unilateral, una subida del 24,2% a los precios pactados para todo 2008.
El endeudamiento, el deterioro de la coyuntura y la pérdida de fondos europeos ha estrechado el margen de las comunidades autónomas para financiar las obras del segundo Plan Nacional de Calidad de las Aguas, dotado con 19.000 millones. Sólo Aragón y Asturias han firmado acuerdos con Medio Ambiente.
Cambio de modelo laboral. La posibilidad de extender la jornada laboral hasta 60 horas semanales, recogida en el proyecto de reforma de la Directiva de Tiempo de Trabajo, divide a Europa. Invocada por unos como necesaria para garantizar la competitividad, para otros la norma no hace sino fomentar el dumping social