España quiere mantener la supervisión de las aseguradoras extranjeras
España ha bloqueado la aprobación de la nueva normativa europea sobre solvencia de las compañías aseguradoras. El Gobierno, que cuenta con el apoyo de otros 11 socios europeos, teme perder el control sobre las multinacionales que copan buena parte del mercado español.
Francia, que acaba de asumir la presidencia semestral de la Unión Europea, se ha marcado como meta dar un impulso definitivo durante su mandato a la nueva regulación europea del sector asegurador. Pero España encabeza la revuelta de 12 socios comunitarios contra una norma que, a su juicio, amenaza la capacidad de actuación del supervisor nacional (Dirección General de Seguros) y la supervivencia de las compañías pequeñas o medianas del sector.
La nueva ley, conocida como Solvencia II, impondrá al sector asegurador europeo unos criterios mucho más rigurosos sobre el capital necesario para respaldar la cobertura de los riesgos asumidos. Pero el proyecto elaborado por el departamento de Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior, introduce también un sistema de supervisión que, en ciertos casos, otorga los principales poderes a las autoridades del país de origen de las aseguradoras.
España, Austria, Grecia, Luxemburgo y varios países del Este se resisten a ese cambio y acusan a McCreevy de haber hecho caso omiso a sus objeciones. Las fuentes consultadas aseguran que la oposición es 'radical' y que la directiva no se podrá aprobar 'a menos que Bruselas acepte a algunos cambios sustanciales'.
El principal punto de fricción estriba en la supervisión de la solvencia de los grandes grupos aseguradores. El proyecto de ley ofrece a esos grupos la posibilidad de consolidar sus cuentas para reducir el nivel de fondos propios que mantienen en cada país. Si surgiera un problema de solvencia en una filial, la matriz sería la encargada de socorrerla.
España y el resto de rebeldes exigen que se suprima ese sistema de apoyo entre las empresas de un grupo porque consideran que esa posibilidad cambia el reparto de funciones y de responsabilidades entre el supervisor del grupo, que asumiría un liderazgo casi absoluto, y el local, encargado de vigilar a la filial.
'Muchas delegaciones', señalan fuentes que siguen la negociación en el Consejo de la UE, 'coinciden en que el planteamiento de la Comisión va demasiado lejos y establecería en el sector asegurador una situación que no se produce todavía en otras actividades financieras'.
Dificultades
Fuentes del sector añaden que las actuales turbulencias financieras pueden complicar aún más la negociación. Aún así, la presidencia francesa se propone alcanzar un acuerdo político sobre el texto en el consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) del próximo mes de octubre, aunque sólo parece contar con el apoyo claro de Reino Unido y Holanda.
La tramitación también continúa en el Parlamento europeo, donde el ponente, el laborista británico Peter Skinner, no oculta su sorpresa ante las más de 800 enmiendas que se han presentado al proyecto. La primera votación, en la comisión parlamentaria encargada del texto, se espera también para octubre. Pero las dificultades insalvables, por el momento, siguen estando en el Consejo.
La patronal apoya la directiva
'La directiva sobre solvencia no es el final de la supervisión nacional', ha señalado recientemente Michaela Koller, directora general de la Federación europea de compañías aseguradoras (CEA, según sus siglas en inglés). Esta patronal cree que la nueva normativa mejorará la coordinación entre los supervisores de un grupo asegurador y permitirá a las compañías reducir el coste administrativo asociado a su regulación. CEA señala que el actual planteamiento, basado en la colaboración voluntaria entre las autoridades nacionales, no reporta la eficacia necesaria. Se recuerda, además, que las normas de solvencia no se han modernizado desde la década de 1970.