Funespaña eludió la petición de su primer accionista de investigar algunos gastos
La funeraria cotizada Funespaña eludió publicar en la convocatoria de su junta la solicitud de una investigación sobre determinados gastos requerida por el primer accionista, Ignacio Rodrigo.
El principal problema de Funespaña no era ni es el proceso judicial, ya prácticamente cerrado, sobre la privatización de la funeraria municipal de Madrid. El enfrentamiento entre los principales accionistas de la compañía es el verdadero problema.
El primer accionista de Funespaña, Ignacio Rodrigo, con el 29,5% del capital, solicitó incorporar a la convocatoria de la junta de la funeraria cotizada, celebrada el 26 de junio, una solicitud de investigación sobre determinadas operaciones. La compañía respondió a Rodrigo que no lo publicaría, entre otras razones, por poder afectar a la cotización de la empresa.
La no publicación de dicha solicitud va en contra del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, considera Rodrigo. 'Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria', dice el texto legal. Y añade: 'La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la junta'.
Rodrigo solicitó por vía notarial la incursión de dicha petición el 29 de mayo y la respuesta de Funespaña, firmada por la secretaria del Consejo, se realizó el 10 de junio.
Las razones esgrimidas por la compañía para la no publicación de las solicitudes de Rodrigo fueron varias. Entre ellas que esta acción 'acarrearía la ineludible consecuencia de perjudicar los intereses societarios de Funespaña y muy especialmente el valor o cotización de sus acciones en el mercado de capitales'. Además señaló que la solicitud estaba realizada 'con aparente o real ánimo denigratorio de personas e intromisión en aspectos de la vida personal y familiar de algún consejero y/o de personas extrañas o ajenas a Funespaña (...)'.
El primer accionista de la compañía reclama que se aclare el coste de unas obras encargadas por Funespaña. En particular solicitó un informe sobre los pagos realizados por Funespaña a la empresa Río Iguazú por la construcción del tanatorio de Miraflores (Madrid) y sobre todos los contratos adjudicados a esta empresa desde 1993.
También pidió informes sobre los pagos realizados por la funeraria municipal de Madrid, en la que Funespaña participa con casi la mitad del capital por unas obras realizadas en el cementerio de Barajas, en el tanatorio Norte y el trabajo de un proyecto de crematorio.
La junta de Funespaña del 26 de junio acordó el cese de Rodrigo como consejero con el 59,25% de los votos.
'Las solicitudes no tenían sentido'
Juan Valdivia, vicepresidente y fundador de Funespaña, asegura que las solicitudes de Ignacio Rodrigo 'no tenían sentido' y que no podían tratarse en una junta general de accionistas. 'Las obras sobre las que reclama información se realizaron cuando él era presidente de la compañía', indicó en una conversación con este periódico.El fundador de la funeraria, con el 26,7% del capital, destaca que Rodrigo 'era el que más operaciones vinculadas realizaba siendo presidente ya que cobraba 25.000 euros todos los meses por trabajos de asesoría a Funespaña'. Y declara que el coste de las obras del tanatorio de Miraflores fue de 312.000 euros y que también se realizó en el año 2004 'cuando él mismo era el presidente de la empresa'.