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Fomento ve en los fondos de pensiones una vía de financiar obra pública

Expertos de los Ministerios de Fomento y Hacienda, así como técnicos ajenos al entorno del Gobierno, están estudiando la posibilidad de titulizar fondos de pensiones para financiar con los recursos procedentes de dicha operación grandes infraestructuras públicas, según aseguró ayer el catedrático de Economía del Transporte y presidente del Foro de Infraestructuras y Servicios Públicos, Rafael Izquierdo.

La banca pide cuatro años para abaratar los pagos transfronterizos

La Federación Bancaria de la Unión Europea (FEB) se comprometió ayer a equiparar, a partir del 1 de enero de 2006, las comisiones por transferencias internacionales en la UE con las que aplican a los pagos nacionales, que son sensiblemente inferiores. La promesa, sin embargo, se queda corta respecto a las exigencias de la Comisión Europea, que desea ver esa equiparación a partir del 1 de enero de 2003.

La OIT cifra en 24 millones de empleos el impacto de la crisis del 11-S

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calculado que hasta final de año pueden desaparecer 24 millones de empleos en todo el mundo debido a la ralentización económica provocada por los ataques terroristas del 11 de septiembre. Así lo avanzó ayer en Ginebra (Suiza) el director general de la OIT, Juan Somavía, quien ante esta situación abogó por una reactivación coordinada de la economía mundial con el fin de frenar una eventual recesión.

Sanidad y el sector farmacéutico acuerdan el plan de control del gasto

La ministra Celia Villalobos acudirá al Congreso a explicar el Pacto de Estabilidad Farmacéutica, cuya vigencia será de tres años. El sector compensará al Estado cuando su facturación anual supere el PIB nominal. Los desembolsos de las farmacias servirán para reducir el gasto global en medicinas, en unos 40.000 millones al año, para una factura de 1,2 billones de pesetas. Las farmacéuticas y los mayoristas, con algo más de 55.000 millones en tres años, financiarán la investigación sanitaria pública. Por tanto, el coste anual será de menos de 60.000 millones de pesetas.

Montoro considera que el Gobierno ya depuró su responsabilidad

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, aseguró ayer que la responsabilidad política del Gobierno en el caso Gescartera ya se depuró con la salida de Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda. "La dimisión aparentó ser en su momento una medida estricta, pero ahora parece acertada", aseguró el ministro en la comisión de investigación del Congreso sobre Gescartera. Montoro justificó tanto el nombramiento de Giménez-Reyna como secretario de Estado (pese a que entonces ya había estado salpicado por el caso Sefisur) como su dimisión: "Los cargos son idóneos hasta que dejan de serlo".

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