Bruselas teme que la crisis frene las reformas económicas en la UE
La crisis desatada por los atentados del 11 de septiembre puede retrasar el calendario de reformas económicas que la UE aprobó en marzo de 2000. Bruselas teme que la obsesión por los problemas a corto plazo haga olvidar a los Quince el objetivo fijado entonces de convertirse "en la economía más competitiva del mundo antes de 2010".
De "monumental error" califica el comisario de Empresas y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, cualquier desviación hacia una política basada en el corto plazo. Para el finlandés, las reformas estructurales identificadas en la cumbre de Lisboa hace más de 18 meses resultan inaplazables si la Unión Europea quiere aumentar su potencial de crecimiento.
La Comisión Europea en pleno parece embarcada en un ejercicio de alerta para evitar que el deseo de estimular una economía herida degenere en un retorno a políticas intervencionistas. "El riesgo está ahí", señaló la semana pasada el comisario de competencia, Mario Monti, quien abogó por una respuesta basada en reformas macroeconómicas, y no en ayudas a determinados sectores.
Un llamamiento del que también se hacen eco otras instancias europeas, desde la Unión de Confederaciones Empresariales (Unice) hasta el Banco Central Europeo. Su presidente, Wim Duisenberg, acompaña su petición con una política monetaria restrictiva que exaspera a no pocos Gobiernos de la Unión.
El comisario de Asuntos Económicos, Pedro Solbes, también fustigará hoy a los Estados miembros con la publicación de los indicadores europeos sobre empleo, investigación y desarrollo, liberalización y cohesión.
Los datos de Solbes pueden ser un antídoto efectivo contra cualquier complacencia por los avances conseguidos tras Lisboa. Desde el escaso presupuesto destinado a la investigación (menos del 1% del PIB en España, el tercero más bajo de la UE) hasta la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones que delatan las elevadas tarifas, los indicadores de Solbes retratan las lagunas que faltan por cubrir.
La Comisión insiste en que la situación no tolera una ralentización de las reformas, sino que exige, más bien, una aceleración. Liikanen confía en que este mismo año puedan aprobarse todas las directivas sobre telecomunicaciones, que dotarán al sector de un nuevo marco jurídico. El comisario también considera positivo los avances en la liberalización del sector postal, aunque no se haya fijado aún una fecha para la apertura total del mercado, como piden los operadores privados.
Otros compromisos fijados en Lisboa también han descarrilado, como la creación de una patente europea que estimule y facilite la innovación empresarial. España sigue resistiéndose a un proyecto que centralizaría la concesión de patentes en Munich y sólo reconocería como lenguas de trabajo el inglés, el francés y el alemán.
La próxima cumbre de Barcelona, en la primavera de 2002, debería dar un impulso definitivo a todos estos trabajos y a los procesos de liberalización.
Pero estos deseos de la Comisión se topan con la tentación de algunos Gobiernos a ceder ante las peticiones de socorro de ciertos sectores.
El instrumento financiero de la UE, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ya ha tenido que atajar desde su sede en Luxemburgo las sugerencias de algunos Estados miembros para que aumentase su presencia en los sectores más castigados como las telecomunicaciones y las líneas aéreas.
Fuentes del BEI destacan que su gestión del crédito no se alejará un ápice de los criterios comerciales a la hora de evaluar una inversión. "Los tiempos del Estado paternalista no deben volver".
En Luxemburgo se recuerda además que ni la Comisión ni el BEI, cuyo potencial inversor sólo alcanza el 1,2% del PIB comunitario, tienen capacidad para rescatar la economía. La solución, insisten, se encuentra en la reforma estructural.