<i>Internet, en el limbo legal </i>
La demora en conseguir en España un modelo jurídico para regular el comercio electrónico es un error político, ya que merma la confianza de las empresas.
Al desarrollo de la sociedad de la información en España le falta su columna vertebral: un modelo jurídico capaz de sostener su crecimiento. Esa columna debe proporcionarla la futura Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI). La ministra Anna Birulés prometió que el Gobierno la aprobaría antes del verano. El ministro Rodrigo Rato hizo lo mismo, aunque para septiembre. Hoy sigue siendo sólo un anteproyecto legal.
La LSSI es la respuesta española a la directiva 2000/31 de la UE que obliga a los Estados miembros a regular el comercio electrónico. Pero su contenido es más ambicioso, ya que, además de equiparar en derechos y obligaciones a los que comercian en el mundo físico y a los que lo hacen en la Red, pretende ser también el marco regulatorio de los demás servicios de la sociedad de la información, de modo que los ciudadanos y las empresas que utilizan Internet tengan siempre la seguridad jurídica de que su uso no les suponga problemas.
La gestación de la LSSI está siendo muy complicada. Es una ley básica, que aborda muchos aspectos, y a la parsimonia de las altas instancias judiciales consultivas se ha unido el freno de mano de un polémico, amplio e inédito debate social, fruto de que el anteproyecto haya sido consultado con más de 50 instituciones públicas y privadas, algo que está muy bien, siempre que el resultado no sea el que el Ejecutivo, asediado por dudas y temores, eluda asumir responsabilidades.
En una legislación novedosa y de amplio espectro siempre existirán intereses encontrados, y si hay empresas que desean que Internet sea un mundo totalmente libre para la publicidad, también habrá usuarios que no quieran que su correo electrónico termine estando tan lleno de mensajes no deseados como el buzón del portal de su casa. En este caso, la opinión de los usuarios se ha impuesto al deseo de algunas empresas y la publicidad por correo electrónico, el spam que sufren el 58% de los internautas españoles, queda prohibido si no existe una aceptación previa.
Mucho más delicada es la regulación de los contenidos. La Red es un espacio inmenso de libertad que asusta a los políticos, sobre todo cuando saben que allí hay también tráfico de drogas, pornografía infantil, virus informáticos o venta de artículos falsos y que su respuesta puede estrangular la libre circulación de la información. La LSSI futura ampara el control de los contenidos. La responsabilidad penal será de su creador, pero alcanzará también a los proveedores de servicios si los manipulan. A la Administración se le permite suspender la transmisión y alojamiento de datos que considere ilícitos, algo que en un Estado de derecho es tarea más de jueces que de funcionarios. Hay razones para dudar de la constitucionalidad de esta especie de censura que exige el registro previo de las webs y que permite a los administradores dictar a quién se condena al exilio virtual.
Se regulan otros muchos aspectos. La futura ley mantendrá en la Red prohibiciones que existen ya fuera de ella, como el juego, y se ordenan numerosas prácticas de reducida carga ideológica y que se hace difícil pensar que todavía no estén reguladas.
Hacerlo es urgente si queremos crecer con un modelo vinculado al nuevo mundo de la sociedad de la información. Es lo que han hecho en Finlandia, donde la productividad del sector privado de su economía creció durante la década pasada a una tasa media anual del 3,5% (en EE UU fue el 2,4%), pese a que en los primeros años noventa era un país con problemas tras el colapso de la URSS, su principal mercado. La economía finlandesa es una de las más competitivas del mundo después de que el Estado creara las condiciones para la modernización tecnológica del país y de las empresas.
Eso es lo que se busca en España con el proyecto Info XXI. Este es distinto del modelo finlandés, pues cada sociedad tiene detrás una cultura y una historia diferentes, pero asentar a cualquier país en los puestos de vanguardia de la tecnología pasa por contar con una sociedad políticamente estable y que garantice la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. No hay una, sino muchas sociedades de la información, pero todas necesitan un marco legal que soporte todo el esfuerzo que hay que realizar.
Internet es hoy el principal factor de transformación en la vida de las empresas y necesitan de la seguridad jurídica para su desarrollo. La demora en conseguirla merma su confianza y por esa razón es un error político el que la futura LSSI siga en el limbo.