Así doblegaron las energéticas al Gobierno o cómo se consiguió eliminar el impuesto energético
La presión de empresas como Repsol y Cepsa y de los partidos Junts y PNV lograron cambiar el plan inicial del Ejecutivo
Tras varias semanas de negociaciones, el grupo socialista en el Congreso pactó el pasado miércoles con PNV y Junts un paquete de medidas tributarias que buscan aumentar la recaudación en unos 4.500 millones. El PSOE y sus dos socios nacionalistas acordaron convertir el gravamen extraordinario a la banca en un impuesto que estará en vigor durante los próximos tres años, pero tumbaron el que gravaba los beneficios caídos del cielo de las energéticas. Las advertencias lanzadas por empresas como Repsol o Cepsa, supeditando inversiones a la pervivencia del tributo, y de los partidos políticos catalán y vasco para retirar el impuesto energético —o, al menos, cederlo al País Vasco para aplicar deducciones para aliviar el tributo— ha surtido efecto.
El plan inicial, según había avanzado hace unas semanas el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pasaba por convertir los gravámenes extraordinarios a energéticas y banca en impuestos permanentes que permitieran la deducción de inversiones en redes y proyectos renovables. Y también que tuviera en cuenta el ciclo económico para que las entidades financieras tuvieran incentivo de mantener el crédito. La influencia de las empresas y partidos políticos nacionalistas ha trastocado esos planes.
Las presiones de las empresas energéticas no se han limitado a negociaciones privadas o a discretos encuentros en La Moncloa. Han pasado al espectro público, con una línea conductora: alertar de una fuga de inversiones si el Ejecutivo hacía permanente o mantenía el impuesto. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, publicaba una tribuna en varios medios el pasado 23 de octubre en la que alertaba sobre el impacto en términos financieros del “populismo fiscal” y del coste económico de insistir con el gravamen. “Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década”, afirmaba.
Un día antes, Andoni Ortúzar, presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), el consejo nacional del PNV, se había alineado con los intereses de Imaz, quien ahora encabeza la gestión en Repsol, pero entre 2004 y 2008 fue presidente de la formación nacionalista. En una entrevista en TVE, aseguraba que, si finalmente el Gobierno decidía crear un impuesto, se tenía “que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarse y para articularlo de acuerdo con su realidad fiscal y nuestra realidad industrial”. Imaz no había sido tímido en el pasado a la hora de condicionar las inversiones de la petrolera a la retirada del tributo. En octubre de 2023, Petronor, filial al 100% de Repsol, ya metió en el congelador dos proyectos industriales en Euskadi tras advertir el propio Imaz de que sus inversiones en España quedaban en el aire por la normativa en vigor y la ausencia de un marco jurídico previsible.
Con el PNV a favor de obra, la ofensiva empresarial también tiró del puente aéreo en plena negociación parlamentaria, aprovechando que la fragilidad parlamentaria del Gobierno convierte en decisivos los votos de Junts. El Diari de Tarragona publicaba el 21 de octubre que Repsol condicionaba a la retirada del impuesto una inversión de 1.100 millones en la región. Se trataba de la ecoplanta de El Morell y el mayor electrolizador de España, vinculado a esa instalación, claves para la descarbonización del polo petroquímico de Tarragona. Como telón de fondo, la velada amenaza de Repsol de llevarse la iniciativa a Portugal. La patronal Foment del Treball, muy vinculada a Junts, salió en tromba a reclamar la movilización de la Generalitat de Cataluña para evitar la prolongación del tributo y que pudieran caerse inversiones estratégicas en la región.
Repsol ha sido la firma más beligerante contra el impuesto, en tanto es una de las más afectadas, aunque no ha sido la única en dar un paso al frente. Tras el órdago de Imaz, Cepsa filtraba su intención de ralentizar sus inversiones en España si la tasa se convertía en un impuesto permanente a partir del 1 de enero de 2025. Y ponía en cuestión la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno verde que tiene en proyecto en caso de una mayor carga tributaria. La firma, controlada por Mubadala, el mayor holding estatal emiratí, deslizaba la posibilidad de dar prioridad a otros países en su estrategia inversora, dejando en compás de espera iniciativas renovables como el Valle Andaluz del Hidrógeno, en Huelva. Iberdrola, con conexiones vascas de largo alcance, pero con un negocio más diversificado que limita el golpe fiscal, se ha mantenido en un segundo plano.
Finalmente, la pinza entre empresas y partidos políticos han logrado torcer la mano a un Gobierno que necesita todos los apoyos para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria. Pero al Ejecutivo se le ha abierto una nueva vía de agua. Los partidos a la izquierda del PSOE —Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG— advirtieron este jueves de que tumbarán toda la reforma tributaria si no se mantiene el impuesto sobre las energéticas. La partida está abierta porque aún queda una larga tramitación en el Congreso.
Frente a la acometida por tierra, mar y aire de las petroleras, la banca ha declinado el envite, a sabiendas de que tenía mucho más que perder. En primer lugar, a diferencia de las energéticas que están moderando sus ganancias de los dos años anteriores, el sector financiero sigue cosechando récords de beneficios. Además, la entidad con verdadera entrada con el PNV, el BBVA que preside Carlos Torres, está condicionada en estos días por la opa lanzada para tomar el Banco Sabadell, transacción que, con toda probabilidad y para llegar a buen puerto, necesitará del plácet del Ejecutivo. Por su parte, CaixaBank cuenta en su accionariado con el Estado, que a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suma un 17% del capital. Mejor andar con pies de plomo.
Aun así, el consejero delegado del banco de origen catalán, Gonzalo Gortázar, se refirió este jueves al asunto tras la presentación de resultados. “Aún deberá debatirse y veremos si finalmente se aprueba o no. Está consolidando en gran medida la doble imposición, porque claramente se dice que el impuesto no será deducible del impuesto de sociedades. Pero lo que me parece más grave es que consagra y exagera y acelera la discriminación entre entidades”, señaló. Y poco después remarcó: “Lo que estamos viendo ahora es que se hace el impuesto progresivo. Lo que hace es que las empresas más grandes tienen que pagar más por ser más grandes. Pero una empresa más grande puede ser propiedad de un millón de personas. Y una empresa que sea la mitad puede ser propiedad de uno. No entiendo por qué por ser grande vas a pagar más. Nosotros somos la entidad financiera más grande en España y, naturalmente, la tasa media más alta que se va a pagar en España va a ser CaixaBank. Es un impuesto que podríamos llamarle la tasa CaixaBank’”.
Ana Botín, presidenta del Santander, también disparó con pólvora durante su discurso en una intervención pública en Estados Unidos. “Debe permitirse a las compañías ganar dinero”, dijo, añadiendo que el impuesto “va directamente en contra del crecimiento”. A la vista de los hechos, insuficiente para el trabajo de lobby que tocaba. De hecho, el consejero delegado del Santander, Hector Grisi, aseguró dos días más tarde: “Haremos lo que tengamos que hacer para que el impuesto a la banca no sea permanente”. Al banco rojo aún le queda trabajo, porque el tributo estará en vigor durante los próximos tres años.
Más información
