¿Son falsas las amenazas de Repsol y Cepsa contra el impuesto energético?
Las petroleras exacerban su intención de frenar las inversiones verdes, pese a contar con el apoyo del PNV y Junts para evitar que se consolide el tributo
Aunque la Asociación de Productores Petrolíferos (AOP) advirtió esta semana que la consolidación del gravamen, hasta ahora temporal, a las energéticas (que también se aplica a la banca), ponía en peligro inversiones del sector por 16.000 millones para proyectos de transición energética, a Repsol esta declaración conjunta no le pareció suficiente. Habiendo sido la única petrolera que se había significado al amenazar el año pasado con paralizar sus proyectos de electrolizadores para fabricar hidrógeno verde, distintas fuentes aseguran que recientemente pidió a sus socios de la AOP que diesen también la cara de forma individual para no quedarse sola y hacer más efectiva la presión.
A esta petición del grupo que dirige Josu Jon Imaz, responde la decisión de Cepsa de anunciar que paralizará su gran proyecto del Valle de Hidrógeno Verde en Andalucía por 3.000 millones de euros si la medida sigue adelante, según las mismas fuentes. Una decisión, la de Cepsa, que ha sorprendido en ámbitos del Gobierno dadas las “buenas y constructivas relaciones” que mantiene con la compañía controlada por Abu Dabi, a diferencia de Repsol, cuyos enfrentamientos con el Ejecutivo son vox populi. En breve, añaden, también Galp podría hacer lo propio.
Sin embargo, el chantaje, como lo califican en el Gobierno, tendría sentido si las compañías abrigasen la más mínima duda de que el impuesto fuese a prosperar. Las petroleras saben que el PNV y Junts, que tienen la llave parlamentaria de una hipotética norma, la van a rechazar. Pese a ello, señalan fuentes políticas, han optado por el “ahora o nunca” y mantienen la estrategia de amenazar con detener unas inversiones, que, en buena medida, les perjudicaría a ellas mismas. Pese a la razonable tranquilidad de contar con el apoyo de los nacionalistas estas compañías han decidido “exacerbar sus aspavientos” porque en estos momentos se está sustanciando la negociación sobre la Ley General de Presupuestos (LGPE) de 2025, en la que se puede, a través de una disposición, convertir en permanente el impuesto temporal creado en 2022. Y porque, pese a que la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha verbalizado las serias dificultades para sacar adelante el proyecto, saben que el socio de Gobierno Sumar ha marcado como una línea roja la consolidación de estos impuestos. Queda por ver si se excluirá la citada disposición de la LGPE o se incluirá para forzar la enmienda de los nacionalistas.
¿Es verosímil que Repsol y Cepsa presenten planes estratégicos ante el mercado con recortes significativos de sus inversiones en renovables, esencialmente en hidrógeno verde? Las petroleras, más que las eléctricas, necesitan un cambio de modelo de negocio basado en la descarbonización y lograr emisiones netas cero en 2050. Se puede argumentar que esta decisión colectiva pondría en riesgo los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de que las empresas podrían destinar las inversiones a otros países, pero esto tampoco es muy factible, especialmente, en el caso de Cepsa cuyo mercado se circunscribe prácticamente a España. En el caso de Repsol mantiene la amenaza de llevar un proyecto de residuos previsto para Tarragona a Sines (Portugal). La actitud de, “como estoy enfadado, ahora no respiro”, no parece creíble, salvo a sabiendas de que el impuesto no va a prosperar.
La posición de las petroleras contrasta con la de las eléctricas, que rechazan igualmente el gravamen, pero que han decidido ponerse de perfil ante la casi seguridad de que el Gobierno no tiene nada que hacer. Esta semana, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ya sugirió el apoyo de los nacionalistas al asegurar, durante la presentación de resultados del grupo, que “no se ha aprobado absolutamente nada” y que el proceso para que continúe el impuesto presenta “muchas incertidumbres” en el Parlamento. Además, calificó el impuesto de algo “muy menor” para una compañía que ganó 5.471 millones de euros hasta septiembre.
Impuesto en el aire
Los tributos, que caducan el próximo 31 de diciembre, fueron aprobados en una ley de diciembre de 2022, se aplicaron en 2023 y se prorrogaron en 2024 a través de otro real decreto ley. Pero este introducía, como novedad, una deducción a las inversiones estratégicas que las energéticas realizasen este año y que debía establecerse en la Ley de Presupuestos del Estado para 2024. La medida no se ha podido hacer efectiva ante la falta de Presupuestos.
En este tiempo en el Gobierno ha habido un debate sobre si mantener o no un gravamen especial que se sustentó en el Reglamento de la Unión Europea del 6 de octubre de 2022 para una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía. Con el tributo, que grava los ingresos no regulados de las empresas en España, se pretendía detraer los beneficios extraordinarios, o llovidos del cielo, que se embolsaron durante la crisis desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. Unas circunstancias que ya han desaparecido. Sin embargo, aunque el Reglamento afectaba a petroleras y gasísticas (que habían adquirido la energía barata y la vendían a los precios internacionales más que desbocados), España lo amplió a las eléctricas; y mientras estaba pensado para gravar los beneficios de las compañías, España decidió gravar los ingresos. Por otro lado, lo que era un gravamen temporal, en el caso español es ya una medida fiscal autónoma que se podría convertir en permanente a través de una ley, que se vislumbra imposible.
Entre los socios de Gobierno ha habido dos posiciones: un flanco del PSOE que prefiere eliminarlo, porque tiene más problemas que ventajas y desincentiva las inversiones renovables, y la de Sumar, partidario de mantenerlo. Entre los socialista se considera que “es un gravamen fiscal que provoca una asimetría respecto a los competidores de las empresas españolas”, lo que se suma a una menor retribución de las redes eléctricas (5,48%) respecto a otros países (el 8%), lo que pone en riesgo las inversiones en renovables y en distribución. “Además de una menor retribución en las redes en España, el inversor se topa, además, con un gravamen a los ingresos”, sostienen los partidarios de eliminarlo.
De que el impuesto se justificaba por los windfall profits durante a crisis da fe la diferencia entre lo que Hacienda recaudó de las eléctricas el año pasado (con precios aún altos) y lo que ha recaudado este año (con caídas sustanciales): Iberdrola ha pagado 100 millones de euros, la mitad que en 2023; Naturgy, una cantidad muy inferior a los 169 millones del año pasado y Endesa, 200 millones en cada ejercicio. También Repsol ha pagado este año 100 millones menos: 335 millones frente a los 443 millones del año pasado. Con los ingresos a la baja por la estabilización de los precios y una posible deducción (quizás con un tope) la capacidad recaudatoria de Hacienda quedará mermada, por lo que “quizás no le merezca esta cruzada”, indican fuentes empresariales.
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