Montero busca consensuar la permanencia del impuesto a la banca y a las energéticas y relativiza las críticas de las empresas
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda califica de “sobreactuación” los anuncios de algunas empresas de replantear inversiones por este tributación
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado este viernes en lograr el consenso para la permanencia del impuesto a las energéticas, y ha achacado a la “sobreactuación” los anuncios de algunas empresas de paralizar algunas inversiones si se aplica esta tributación.
Las declaraciones de la vicepresidenta llegan después de que este viernes se conociera que Cepsa, al igual que hiciera Repsol al llevarse una inversión de 15 millones a Portugal, también se está replanteando sus inversiones en España en el caso de que el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas se haga permanente. Cepsa aseguró que “está evaluando el impacto fiscal de la posible aprobación de un nuevo impuesto permanente en España” y, que en el caso de que salga adelante, la compañía “ralentizará los planes previstos en hidrógeno verde en España” para priorizar sus proyectos de hidrógeno verde en otros países, informa Bloomberg. Como parte de su estrategia a 2030, Cepsa preveía invertir 3.000 millones de euros en Andalucía en dos nuevas plantas de hidrógeno verde que generarían 10.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero ha relativizado el anuncio de la petrolera Cepsa. La ministra ha considerado que hay que vivir “con normalidad” el momento en que se producen estas reacciones por parte de las empresas energéticas, e incluso que “sobreactúen, hiperventilen y hagan afirmaciones de este tipo”, en alusión a las críticas a la permanencia de este impuesto.
Ha señalado que el Gobierno cree que es “de justicia social” que los que han tenido un mayor rendimiento en la cuenta de beneficios abonen más al erario público para permitir que se redistribuya en términos de mejora de los servicios públicos de la sanidad, educación y dependencia. “Por eso vivo con cierta normalidad que estos días, que se está discutiendo sobre la continuidad de ese impuesto, aquellos que tienen que abonarlo profiriendo una suerte de amenazas o trasladando presión a los partidos políticos para que no se haga permanente este impuesto”, ha recalcado la vicepresidenta.
No obstante, ha aclarado que el camino hacia la descarbonización y hacia la transición ecológica es “inevitable”, por lo que si las empresas quieren subsistir tendrán que apostar por el hidrógeno verde y por fuentes de energía alternativas, renovables, mucho más compatibles con la sostenibilidad del planeta. Ha enmarcado estas críticas en que algunos quieren plantear “cierta presión” para que no se aplique este impuesto de manera permanente pero ha confiado en el “consenso” y en la capacidad de convencer para que se le pueda dar “perdurabilidad” a la figura fiscal, con independencia de que se contemplen incentivos que permitan favorecer la inversión.
El Gobierno está tratando de sacar adelante la permanencia del impuesto atendiendo a dos frentes distintos. De un lado, trata de reunir los apoyos políticos para sacar la medida adelante ante las reticencias de Junts y PNV a secundarla. Por otro, en el aspecto técnico, para evitar reclamaciones en los tribunales por doble imposición ante posibles solapamientos con el tradicional impuesto de sociedades, estudian la posibilidad de que se pueda minorar parte de la cuota del impuesto de sociedades.
La medida ha encontrado una fuerte oposición tanto en la banca como en el sector energético. Las patronales de ambas actividades han estimado que la conversión en permanente tendría un impacto de 66.000 millones de euros, 50.000 millones en forma de merma de la capacidad de financiación y otros 16.000 millones de inversiones que quedarían en el alero. Aunque el debate cobró fuerza a raíz de la publicación de una tribuna del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz en La Vanguardia, otras voces procedentes de empresas impactadas, como la de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, también han cargado recientemente contra la tributación.
“Necesitamos que los Gobiernos entiendan que si quieres pagar por el modelo europeo, necesitamos que se permita a las compañías ganar dinero. Así lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué debemos tener un impuesto bancario sobre los ingresos como en España? Eso va directamente en contra del crecimiento, y no va a ayudar a nuestro objetivo común de ayudar a la gente a que le vaya mejor”, expresó Botín en un evento en Washington celebrado este jueves.