El retraso de la jubilación y el sistema de autónomos recortarán el déficit de la Seguridad Social de aquí a 2050
Fedea prevé que el impacto de ambas medidas será de un punto anual de PIB en la próxima década antes de decrecer y volverse negativo en la segunda mitad del siglo
Tras conocerse en su totalidad la nueva reforma de pensiones aprobada por el Gobierno, ahora es el tiempo en el que los mayores conocedores del modelo hacen sus números, para ofrecer una valoración que puede o no estar de acuerdo con las estimaciones realizadas por el ministerio capitaneado por el ministro, José Luís Escrivá. Quien desde luego está siendo bastante concienzudo en este análisis pormenorizado de lo que supondrá la reforma en las pensiones futuras es Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), quien en pocas fechas está publicando una serie de estudios que están poniendo en tela de juicio las estimaciones del Gobierno de cara a la última reforma de pensiones.
Según se desprende de su segundo estudio referido a Los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones de 2021-2023 y que en esta ocasión está dedicado a los incentivos a la demora de la jubilación y el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos, considera que si ambas reformas funcionan bien, su efecto conjunto “podría contribuir significativamente a mitigar el deterioro de las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo”, aunque a renglón seguido advierte que esto no será así cuando se piense en el largo plazo y más concretamente a partir de 2050.
Según sostiene Ángel de la Fuente, el ahorro neto alcanzaría 1 punto de PIB a comienzos de la próxima década, para ir reduciéndose a continuación, hasta ser negativo a partir de 2050. El valor esperado en promedio durante el periodo 2022-2050 sería de medio punto de PIB, “un alivio apreciable, pero insuficiente para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales”, según de la Fuente.
Según la simulación realizada por Fedea, la suma de la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación, generarían durante la próxima década “apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto” con un efecto neto positivo de algo más de 1 punto de PIB en 2032 y 2033. Sin embargo, sería a partir de este momento cuando los ingresos se estabilizarían y los gastos crecerían rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050, por lo que a partir de este año, el efecto neto sería negativo.
Desde el Gobierno se estima que los dos componentes de la reforma generarán ahorros netos o incrementos de ingresos por un valor equivalente en torno a los 2,3 puntos de PIB en 2050, de los que algo más de punto y medio provendrían de la demora de la edad de jubilación.
Ante esta previsible evolución, este trabajo de Fedea pone encima de la mesa la duda razonable acerca de que el ahorro neto generado en la primera parte de este plazo vaya a ser suficiente o no para evitar que el déficit del sistema de pensiones se dispare en las próximas décadas en ausencia de medidas adicionales. Todo apunta a que no y que ello sería como consecuencia del incremento de las pensiones futuras que ambas medidas generarían, aunque reconoce que ayudaría a contener el desequilibrio que durante la primera fase traería consigo la jubilación de los miembros nacidos entre los años 60 y 70, los populares baby-boom.
Pero su análisis no acaba aquí, ya que en este estudio se llama la atención sobre las deficiencias de documentación técnica que acompaña, o debería haber acompañado, a las normas que han servido para implementar le reforma de pensiones. Así, aconseja que para evitar estos problemas, la Agencia prevista en la nueva ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario, con el fin de asegurarse de que cumplen unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica.
Dentro de los incentivos a la prolongación de la vida laboral, se incluyen ciertos ajustes en los coeficientes reductores que penalizan la jubilación anticipada, junto a una mejora de las compensaciones para incentivar el retraso voluntario de la jubilación. El trabajador podrá escoger entre un incremento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada año completo de demora, o bien un pago único a tanto alzado que oscilaría aproximadamente entre 6.000 y 12.000 euros (o el 28% y el 42% de la pensión inicial), dependiendo de la cuantía de esta última.
Según la memoria de la Ley, mientras que los efectos de los retoques de la jubilación anticipada sobre el gasto en pensiones sería muy modestos (centésimas de punto de PIB), los de la reforma de jubilación demorada serían sustanciales, hasta alcanzar un ahorro de 1,61 puntos de PIB en 2050. El ministro, en su intervención ante el Pacto de Toledo en marzo pasado, habló de un ahorro de 1,5 puntos en 2047.
Una encuesta realizada por el ministerio de Seguridad Social indica que la opción de retrasar la jubilación sería mayor en el caso de un pago único que a un incremento de la pensión.
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