El Congreso aprueba la segunda parte de la reforma de pensiones con los votos del Gobierno y sus socios
La norma se tramitará finalmente como proyecto de ley, abriendo la puerta a nuevos cambios por parte de los grupos
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado este jueves luz verde al decreto ley que recoge la segunda parte de la reforma de pensiones que completa la ya aprobada en 2021. El texto, que se centra en reforzar los ingresos del sistema sin hacer ningún ajuste en los gastos, ha sido respaldado por 179 diputados del Gobierno y la mayoría de sus socios parlamentarios, fundamentalmente, mientras que ha sido rechazado por PP y Ciudadanos y Vox se ha abstenido.
Este decreto, además de haber sido convalidado, también ha sido votado para que sea tramitado como proyecto de ley, con lo que se permitirá la incorporación de novedades al texto por parte de los grupos parlamentarios. Las fuerzas que han dado su sí a esta segunda fase de la reforma de la Seguridad Social, que propiciará asimismo el desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, han sido: PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País. Por su parte, Vox, Junts y EH Bildu se han abstenido, mientras que el PP, Ciudadanos, Foro Asturias, la CUP y el BNG han votado en contra.
Previamente a la votación, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha pedido este jueves el respaldo a este decreto que supone, según ha dicho, “cumplir con el mandato que nos hizo el Pacto de Toledo y con los hitos comprometidos con la Comisión Europea” en el marco de los planes de recuperación. Según ha resumido el ministro, la reforma en su conjunto, con sus dos fases, garantiza la suficiencia de las pensiones, con la garantía de revalorización del IPC y las medidas para acortar la brecha de género; refuerza la equidad y la solidaridad del sistema con un nuevo sistema dual para el cómputo de la pensión (con los últimos 25 años o 29 años eliminando los 24 meses peores, lo que sea más beneficioso para el jubilado) y con un nuevo tratamiento de lagunas de cotización; y, finalmente, robustece la sostenibilidad con una serie de medidas que aumentan los ingresos del sistema como el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la ampliación de las bases máximas y una nueva cuota de solidaridad sobre los salarios más altos.
Además, Escrivá se ha referido también al nuevo mecanismo semiautomático (no es automático del todo porque permite al Gobierno de turno hacer los ajustes que estime necesarios ante los posibles desvíos presupuestarios y solo si no los hace opera el automatismo de subida de cotizaciones) que ha denominado “cláusula de cierre”. Se trata de una fórmula que se pondrá en marcha a partir de 2025, con la elaboración cada tres años de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que evalúe la existencia de posibles desvíos en la financiación del sistema en función del cumplimiento del aumento previsto de los ingresos con las medidas aprobadas y la evolución del gasto en pensiones. Si los umbrales de estas variables (si el alza de ingresos no llega al 1,7% del PIB y el gasto en pensiones supera el 15%, ambos en promedio en el periodo 2022-2050) experimentaran cualquier tipo de exceso, el Gobierno que esté en ese momento deberá intentar tomar medidas en acuerdo con los agentes sociales y el Pacto de Toledo y, en el caso de que no lo lograra, operará un nuevo incremento automático de cotizaciones sociales.
Precisamente, el hecho de que se haya puesto el foco en el incremento de la cotizaciones sociales para aumentar los futuros ingresos del sistema ha sido el motivo por el cual los empresarios no han respaldado esta segunda parte de la reforma de las pensiones que sí han apoyado los sindicatos. Además, varios organismos públicos --como la Airef o el Banco de España--, privados --como Fedea o Funcas-- y colegios profesionales como el Instituto de Actuarios Españoles, han denunciado directamente que los niveles recaudatorios previstos por el Gobierno con estas nuevas medidas serán manifestamente insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, como ha dicho Escrivá que está garantizado “en el corto, medio y largo plazo”.
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