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España gana el arbitraje de una compañía suiza que reclamó 175 millones por el recorte de las primas de las renovables

El Estado afronta desde hace más de una década más de 50 demandas por la reforma eléctrica que se realizó en 2013, de las que ya se han resuelto una treintena

Teresa Ribera
La ministra para la Transición Económica, Teresa Ribera, participa en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.Javier Lizón (EFE)

España suma una nueva victoria por el recorte de las primas en energías renovables. El Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha dado la razón al Estado español en el arbitraje que la compañía suiza EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) planteó en 2018 por las consecuencias de la reforma eléctrica que el Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo en 2013. La eléctrica solicitó una indemnización de 175 millones de euros, si bien el tribunal ha rechazado totalmente esta petición, al tiempo que ha ordenado a los demandantes a pagar más de 214.000 dólares por los anticipos realizados por España y 1,89 millones de euros en concepto de honorarios legales y gastos, según han confirmado a CincoDías fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Democrático.

EBL, junto a otros socios suizos, levantó en 2012, en Calasparra (Murcia) una de las plantas termosolares más grandes a nivel mundial, la de Puerto Errado 2. Para ello, se constituyó la empresa española Tubo Sol PE2, de la que EBL tenía el 51% del capital. No obstante, solo un año después el proyecto de inversión se vio frustrado tras la aprobación de la reforma legislativa que provocó la reducción de la rentabilidad para la inmensa mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado.

Así, y bajo el paraguas del Tratado de la Carta de Energía (TCE) –del que la Unión Europea y sus países miembros han anunciado la retirada, aunque su vigencia perdurará 20 años más–, EBL acudieron al Ciadi para reclamar a España una compensación millonaria, que finalmente ha sido denegada por el tribunal, presidido por la estadounidense Jean Engelmayer Kalicki, que fue designada por ambas partes del conflicto.

De este modo, España continúa rebajando la factura por el recorte de las primas de las renovables. Desde hace más de una década, el Estado español ha afrontado un goteo de demandas. En concreto, los inversores han presentado 52 arbitrajes en distintas cortes, como el Ciadi (dependiente del Banco Mundial), Unictral (ONU) y la sede de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), para reclamar más de 10.635 millones de euros, en total.

Los tribunales de arbitraje han fallado 34 de estas demandas en las que se ha dado la razón a España en siete ocasiones, mientras que 25 de los casos se han resuelto a favor de los inversores y fondos oportunistas en estos litigios. No obstante, los servicios jurídicos del Estado han logrado anular dos de los laudos perdidos inicialmente, como son lo relativos a NovEnergia (a quien se reconoció la compensación por 53,3 millones de euros); Eiser y Energía Solar (128 millones) .

Asimismo, otros tres vehículos terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando. Una de ellas fue la compañía Masdar Solar, de Abu Dabi, que renunció a cobrar 64,5 millones de euros (80 millones con intereses).

En cualquier caso, las obligaciones de indemnización dista mucho de lo reclamado por los inversores, pues solo se han reconocido compensaciones por el importe total de 1.703 millones de euros, lo que supone una reducción de 84% sobre lo demandado, según han concretado fuentes del ministerio que dirige Teresa Ribera.

Hasta el momento, ninguno de estos laudos han sido ejecutados, ya que el Estado español asegura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea limitó que los inversores de un Estado miembro de la Unión Europea puedan exigir una reclamación a otro Estado miembro y que la Comisión Europea tiene que autorizar el pago de la indemnización para que no se considere una ayuda de Estado ilegal.

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Sobre la firma

Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.
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