El Gobierno resucita el fantasma de las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias en hoteles
La ley contra el desperdicio alimentario no aclara si el consumidor o el operador es el responsable de una mala gestión de la comida. Los empresarios piden que se despejen las dudas en las futuras normas autonómicas
La ley contra el desperdicio alimentario, aprobada el pasado 20 de marzo y publicada el 2 de abril en el Boletín Oficial del Estado, ha sembrado el desconcierto entre los empresarios hoteleros coincidiendo con el arranque de una temporada alta que podría prolongarse este año hasta octubre y que promete ser histórica en ventas. La nueva norma obliga a los operadores que vendan comida a proporcionar envases para que sus clientes puedan llevarse los restos que sobren fuera del hotel o del restaurante, pero no establece en su articulado quién es el responsable de una mala gestión de los alimentos, lo que ha avivado el temor al regreso de las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias que sufrieron, en especial los hoteles que operan en Baleares y Canarias, entre 2014 y 2017 y que llegó a tener un coste anual de 50 millones de euros, según los cálculos de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
El modus operandi que utilizaron estas tramas surgidas en Reino Unido era siempre el mismo: un miembro de la red, conocido como claim farmer (recolector de reclamaciones), se encargaba de peinar los hoteles en las zonas más concurridas por los turistas británicos, como Magaluf en Mallorca o Tenerife en Canarias, en busca de viajeros que estuvieran dispuestos a participar en una estafa colectiva con el incentivo de poder costearse las vacaciones. Solo tenían que fingir una supuesta intoxicación alimentaria, comprar un medicamento para el control de la diarrea, cuya marca comercial era Imodium, que no necesitaba prescripción médica ni receta, y conservar el justificante de compra para añadirlo posteriormente a una demanda colectiva contra el turoperador, que, para evitar problemas, no litigaba y optaba por abonar lo que se le demandaba y posteriormente reclamárselo al hotel.
Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), recalca que una de las peticiones que no se ha tomado en consideración ha sido la de incluir una exoneración de responsabilidad para el hotel. “Lo que propusimos sin éxito es la inclusión de un artículo en el que quedara clara la exoneración de responsabilidad por parte del establecimiento que entrega el excedente alimentario una vez que se pone a disposición del tercero”, recalca. Ahora el trabajo de la patronal se centrará en que las futuras normas autonómicas que se desarrollen tras la ley contra el desperdicio alimentario sí lo recojan para evitar posibles denuncias.
La valoración de Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, es mucho más positiva en cuanto que la norma recoge algunas de las reivindicaciones de la patronal. “Creemos que el orden de prioridades se ha adaptado a la realidad. Si un bar pequeño no tiene cerca ninguna ONG para donar la comida sobrante, se le fija un elemento de flexibilidad para que pueda ser usada como pienso animal”, recalca Gallego, que también ensalza el hecho de que se exima a los establecimientos de menos de 1.400 metros cuadrados de contar con un plan de gestión y de contratos para las donaciones de alimentos. Finalmente destaca como elemento diferenciador que a partir de ahora se podrán cobrar los envases de plástico de un solo uso. “Estamos recomendando que se cobren por separado para que sea visible ese cobro”.
Desde la FEHM recuerdan que la única vía para desactivar el fraude por supuestas intoxicaciones alimentarias ha sido la judicial. En una demanda a tres bandas, la patronal hotelera de Mallorca y las empresas MAC Hoteles y AMLA Explotaciones Turísticas interpusieron acciones penales contra una banda que actuó con total impunidad durante los años 2016 y 2017 (solo una de las cadenas demandantes llegó a acumular hasta 800 reclamaciones cuando solo 38 huéspedes habían solicitado asistencia médica). En el juicio, que todavía no se ha celebrado, se sentarán en el banquillo ocho acusados, para los que se piden penas de cárcel de entre ocho y seis años por integración en organización criminal y estafa agravada.
La interposición de esa demanda frenó en seco la cascada de reclamaciones colectivas en los hoteles de España y los despachos de abogados especializados en estas técnicas fraudulentas trasladaron sus falsas reclamaciones a otros destinos vacacionales como Cabo Verde. Una de las demandas más sonadas fue la demanda colectiva de la firma de abogadas británica Irwin Mitchell, con sede en Sheffield (Reino Unido), en representación de 540 turistas británicos que viajaron en el verano de 2022 a Cabo Verde y que se vieron supuestamente afectados por distintos trastornos gástricos, achacados al mal estado de los alimentos servidos en algunos establecimientos hoteleros del archipiélago. La demanda se interpuso contra el turoperador alemán TUI y la gran mayoría de afectados se alojó en hoteles de la cadena balear Riu.
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