España intenta anular otro pleito en Estados Unidos por el recorte a las renovables
El despacho que defiende los intereses españoles solicita tumbar el proceso abierto por la japonesa JGC, que reclama más de 23,5 millones reconocidos por el Ciadi
El Estado español mantiene su estrategia con respecto a las reclamaciones de indemnización de inversores afectados por el recorte de las primas de las renovables que acometió en Gobierno liderado por Mariano Rajoy en 2013. Los abogados contratados para defender los intereses españoles en el extranjero han solicitado dejar sin efecto otro pleito abierto en Estados Unidos relativo a la ejecución de uno de los arbitrajes perdidos por esta cuestión. Se trata del proceso iniciado, en septiembre de 2023, por la japonesa JGC Corporation, a quien el Centro Internacional de Arreglo de Disputas referidas a Inversiones (Ciadi) —órgano dependiente del Banco Mundial— reconoció una compensación de 23,5 millones de euros, alegando que el asunto se debe dilucidar en Europa.
Después de que la corte de arbitraje fallara a favor del inversor en noviembre de 2021, la firma japonesa acudió a la justicia estadounidense para solicitar su reconocimiento y abrir el proceso para realizar posibles embargos de bienes españoles en Estados Unidos para afianzar el pago de los 23,5 millones de euros reconocidos por el CIADI; más 5,3 millones en intereses y las costas del procedimiento. El bloqueo de activos en el extranjero ya ha sido solicitada por otros inversores como la alemana RWE en Estados Unidos; o Blasket Renewable Investments y el fondo que ha comprado los intereses de Antin en este asunto en Reino Unido y Australia.
Según han informado fuentes cercanas al procedimiento, España, que está siendo representada por el despacho con sede en Nueva York Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, solicitó el pasado mes de febrero anular el litigio iniciado ante el Tribunal del Distrito de Columbia (competente para resolver controversias del derecho mercantil internacional), bajo el argumento de que la indemnización a JGC no está sujeta a la legislación de la Unión Europea y por tanto no se puede dar validez a dicho laudo. Así, ha invocado la doctrina del forum non conveniens, que implica cambiar el foro de discusión del asunto, que, en su opinión, debe estar en Europa.
Otros tres casos pendientes
Asimismo, el Estado español pidió paralizar la resolución del caso por dos motivos. El primero, porque el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos tiene que resolver tres recursos relacionados también con la ejecución de laudos por la minoración de los incentivos tarifarios aplicados a los inversores en energías renovables. Se trata de los casos NextEra (el Ciadi reconoció 290 millones); 9REN Holding (41,8 millones) y Blasket Renewable Investments (28,2 millones). Y, en segundo lugar, porque la Comisión Europea investiga si el pago de las indemnizaciones otorgadas por las cortes de arbitraje, entre ellas la de JGC, pueden ser consideradas ayuda estatal ilegal.
En respuesta, JGC ha presentado un escrito para impugnar la moción de España y señalar la gran diferencia que tiene su caso con respecto a muchos laudos pendientes de reconocimiento en tribunales extranjeros: que no es un inversor europeo, ya que es japonés. El Estado español no ha afrontado ninguna de las cantidades reconocidas hasta ahora (que asciende a más de 1.700 millones de euros de los más de 10.000 millones reclamados), escudándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que limitó la validez de los laudos entre inversores europeos y un Estado miembro de la Unión, así como en una necesaria autorización por parte del Ejecutivo comunitario.
El demandante señala que ni la legislación de la Unión Europea sobre la prohibición de pagar indemnizaciones que puedan ser enmarcadas en ayuda de Estado, ni la restricción de los arbitrajes entre inversores europeos pueden aplicarse a los inversores extranjeros, como es su caso. “Este caso, es por tanto, mucho más sencillo que las demás acciones contra España”, concluye JGC en su escrito.
Esta última petición de España y la respuesta de JGC se conoce dos semanas después de que trascendiera que la defensa española tampoco conseguía paralizar el proceso abierto en EE UU por el laudo de RWE, por el que se enfrenta al abono de 28 millones de euros. La Corte Regional de Essen desestimó la solicitud española de prohibir a la empresa alemana que iniciara un procedimiento judicial al otro lado del océano con el objetivo de instar medidas cautelares que garanticen la ejecución del laudo arbitral, como puede ser el bloqueo de activos. Según la justicia alemana, la prohibición de litigar interesada por el Estado español es “inadmisible” porque los procedimientos de ejecución en tribunales internacionales no llevan aparejados ninguna “injerencia en los derechos soberanos”.
Desde 2011, España ha encarado 52 arbitrajes presentados por inversores y fondos oportunistas en distintas cortes de arbitraje como el Ciadi, Unictral (dependiente de la ONU) y la Corte de Arbitraje de Estocolmo (SCC), de los cuales tres han sido declarado nulos; siete han sido favorables al Estado; y otros 25 a beneficio de los demandantes. A ello se debe sumar que otros tres demandantes terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando.
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