La Audiencia Nacional rechaza la competencia para investigar a Restalia por estafa
El juez Joaquín Gadea considera que no se dan los requisitos para retomar las pesquisas y lo devuelve al juzgado de Madrid, que ya archivó la causa
La Audiencia Nacional se opone a investigar el caso Restalia. El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, ha rechazado la competencia para aclarar si el grupo de restauración –que cuenta con marcas como 100 Montaditos, The Good Burger (TGB) o La Sureña– y sus altos cargos cometieron una de estafa de cerca de 20 millones de euros que le atribuye un grupo de exfranquiciados. El magistrado instructor considera que “no concurren los requisitos” establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para asumir este tipo de causa, en contra del criterio fijado por la Audiencia Provincial de Madrid, que obligó al juez que inició la investigación, y acordó su archivo, remitir dichas pesquisas.
En un auto, con fecha del pasado 16 de febrero, al que ha tenido acceso CincoDías, el juez Gadea devuelve el caso a Madrid y explica que, tras recibir el informe de la Fiscalía sobre la procedencia de investigar en la Audiencia Nacional los hechos denunciados por los exfranquiciados, no se dan todas las condiciones legales para aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid. El magistrado afirma que el hecho de que el delito presuntamente cometido sea “una defraudación” cumple uno de los requisitos, si bien éste debe ir ligado a “una grave repercusión en el tráfico mercantil, en la economía nacional o un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en varias provincias”.
Según indicó la Audiencia de Madrid, en su resolución del pasado 24 de noviembre, el caso Restalia habría causado un perjuicio superior a los 20 millones de euros a “múltiples” perjudicados –más de 80, apuntó–, en varias zonas del territorio nacional e incluso en otros países. Así, entendió que los hechos encajarían en el delito de defraudación o de maquinación para alterar el precio de las cosas, cuya competencia es de la Audiencia Nacional. En base a ello, el pasado enero, también revocó el sobreseimiento de la causa.
Tras conocer esta decisiones, los exfranquiciados se pusieron manos a la obra para recabar más pruebas que apuntalen su principal línea de acusación: que el modelo de negocio es fallido y que no solo ha tenido consecuencias en España, sino también en otros países del continente europeo y de Latinoamérica. En este sentido, los denunciantes aportaron siete nuevos informes periciales que elevarían el fraude a más de 25 millones de euros, a la vez que enviaron un recopilatorio del número de cierre de restaurantes a nivel nacional e internacional.
Sin afectación a la economía nacional
En respuesta, el juez Gadea señala que “el hecho de que la pluralidad de víctimas se encuentren situadas en distintas provincias no es un dato que determine per se la competencia de la Audiencia Nacional”, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Eso sí, el alto tribunal exige revisar que “el número de perjudicados sea elevado y que los hechos hayan tenido trascendencia económica de cierta entidad”. Atendiendo a esta premisa, el magistrado entiende que, sin perjuicio de las ampliaciones de denuncias para incorporar nuevos perjudicados y de la existencia de “potenciales víctimas sin determinar”, los denunciantes son “concretos titulares de algunas franquicias”.
Asimismo, indica que la cuantía supuestamente defraudada “no afecta a la seguridad del tráfico mercantil ni a la economía nacional”, al tiempo que asume la conclusión del perito judicial que enfatizó que parte de las pérdidas de los denunciantes tenían su origen en las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19. Este argumento fue utilizado por el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid para archivar la causa, en enero de 2023.
Por último, el juez de la Audiencia Nacional añade que “la investigación no va acompañada de una complejidad en la instrucción, pues desde el inicio de las actuaciones, desde la denuncia inicial están identificados los presuntos autores de los hechos”.
Con todo ello, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 frustra las intenciones de los exfranquiciados de que la investigación sobre Restalia y sus directivos se elevara a la Audiencia Nacional. Esta decisión aún no es firme, ya que contra ella cabe recurso.
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