Los exfranquiciados de Restalia se rearman con nuevas pruebas y extienden la estafa a otros países
Los denunciantes presentan nuevas periciales que elevan el presunto fraude a 25,4 millones de euros y aportan datos de los cierres de restaurantes en nueve países
Los exfranquiciados de Restalia, que llevan más de dos años batallando en los tribunales contra el grupo de hostelería, han reunido nuevas pruebas para insistir en su principal línea de acusación: que el modelo de negocio es fallido y que no solo ha tenido consecuencias en España, sino también en otros países del continente europeo y de Latinoamérica. Los denunciantes han aprovechado que la investigación se ha remitido a la Audiencia Nacional –que aún tiene que aceptar la competencia para analizar los hechos– para elevar la cifra del presunto fraude a más de 25 millones de euros y desvelar que el porcentaje de cierres de restaurantes es “escandaloso”.
Bélgica, Francia, Italia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Costa Rica, son algunos de los países en los que el holding de conocidas franquicias, como 100 Montaditos, The Good Burger (TGB) o Sureña, abrió restaurantes y en su mayoría echaron el cierre, según los documentos a los que ha tenido acceso CincoDías y que los denunciantes han aportado a la causa, a través de una novena ampliación de denuncia. Dicha documentación se ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que comenzó investigar el caso hasta que la Audiencia de Madrid le ordenó el pasado mes de diciembre enviarlo a la Audiencia Nacional, para que lo haga llegar al órgano central junto con todas las diligencias que conforman la causa judicial. Esta remisión tuvo lugar el pasado 31 de enero, según el auto consultado también por este diario.
La nueva denuncia aporta siete nuevos informes periciales que constatan el daño supuestamente ocasionado a siete franquiciados de Restalia, que asciende a 5,34 millones de euros. Si esta cantidad se suma a las 21 periciales que ya se han presentado a lo largo de la instrucción –que comenzó en junio de 2022– y que cifró el presunto fraude en 19,7 millones de euros; más 387.360 que estimó en daños la acusación particular formada por otros seis denunciantes, la presunta estafa alcanzaría los 25,4 millones de euros. No obstante, la defensa de los denunciantes, representada por los despachos Rafael Franco Abogados y Cremades & Calvo-Sotelo, advierte de que este monto es provisional, ya que espera recibir nuevas periciales de más afectados que se quieren sumar a la causa.
Por otro lado, los exfranquiciados han hecho un recopilatorio de los cientos de locales de la marca Restalia que han cerrado en varios países como consecuencia de un “plan de negocio irreal”, incluso antes de la pandemia del Covid-19. Un dato que puede ser relevante para el avance de la causa, si finalmente la Audiencia Nacional asume la competencia para investigar, ya que el juez de instrucción de Madrid archivó el procedimiento con el argumento de que las pérdidas sufridas por los denunciantes tenían su origen en la crisis sanitaria.
“Aperturas indiscriminadas”
Según explica la denuncia, la empresa “realizan aperturas indiscriminadas” con base a unos anteproyectos económicos que compartían con sus nuevos socios, con carácter previo a la firma de los contratos de franquicia, y que daban una imagen de rentabilidad del negocio. No obstante, en ellos no se deba cuenta de los contratos que Restalia tenía con “proveedores homologados”, con los que se pactaron mejores precios de los productos y obtenían una serie de “ventajas o beneficios” que no se trasladaban a los franquiciados. Este hecho, provocó un “llamativo numero de cierres” de establecimientos, abocando a muchos de los casos a la presentación de un concurso de acreedores, según destaca el escrito.
Así, los denunciantes han adjuntado a la ampliación de denuncia un archivo en formato Excel que recoge el número de aperturas de restaurantes y cierres en España y otros ochos países. De acuerdo a este documento y a fecha de su presentación ante los tribunales, en relación a España, de 131 Sureñas abiertas, 86 están cerrados; de 174 TGB, 89 han bajado la persiana y 14 han sido traspasados; de 11 Pepe Taco, seis están clausurados; y de nueve Panther, solo quedan cinco abiertos. En cuanto a Italia –de donde una veintena se han intentado unir ya a la macrodenuncia–, de los 54 restaurantes 100 Montaditos que estaban abiertos en 2017, dos años después solo quedaban 14 abiertos. Asimismo, y sobre esta misma cadena, los exfranquiciados resaltan que en Francia solo queda un local de los tres que abrieron sus puertas; mientras que en Bélgica ha cerrado el único que se abrió en 2014.
En relación a los países del otro lado del charco, el documento indica que prácticamente todos los 100 Montaditos que se aterrizaron en Ecuador, Chile, Colombia, México y Costa Rica han dejado también de existir. Asimismo, para demostrar la veracidad de los datos, los denunciantes han incorporado capturas de pantalla de Google Maps en los que se indican la situación de estos establecimientos, señalando en algunos de los casos que están “cerrados permanentemente”.
Consecuencias personales
“Las consecuencias no fueron solo económicas, también fueron personales. Algunos hemos perdido todo”, confiesa uno de los exfranquiciados en una conversación con CincoDías, que ha afirmado que tanto él como sus compañeros están dispuestos a llegar “hasta donde haga falta” y asumir “hasta la última consecuencia”. Restalia anunció hace unos meses que preparaba una intensa batalla legal contra ellos por los daños ocasionados con sus acusaciones. Para ello, por un lado, contrató a dos grandes despachos de abogados, Garrigues y Choclán, para presentar demandas civiles y querellas penales; y por otro lado, a las consultoras PwC y Thinking Heads la elaboración de informes periciales que cuantifiquen los perjuicios sufridos.
Aun así, los exfranquiciados estudian varias alternativas para seguir “haciendo ruido”. Entre ellas, plantean realizar, en los próximos meses, una concentración ante la sede de Restalia, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) e intentar contar su experiencia con el grupo de restauración a medios de comunicación extranjeros.
La denuncia por estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos fue admitida a trámite en agosto de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid. La causa, en la que nunca se llamó a declarar ningún directivo de Restalia, estuvo abierta hasta enero del año pasado, cuando el titular de dicho órgano judicial, Jesús de Jesús, acordó el sobreseimiento del procedimiento, al considerar que las imputaciones “no tenían ninguna clase de fundamentos”.
No obstante, esta decisión judicial sufrió un vuelco el pasado mes de diciembre, cuando la Audiencia Provincial de Madrid estimó los recursos de los exfranquiciados y ordenó remitir las diligencias a la Audiencia Nacional, al considerar que se cumplen todos los requisitos (número de afectados, varios territorios y cantidad presuntamente defraudada) para que sea este órgano el que analice los hechos. En este contexto, la Audiencia de Madrid insistió en su criterio y, el pasado mes de enero, revocó el archivo acordado justo un año antes por el juez instructor, en base a los mismos argumentos que justificaron el envío de la causa a otro tribunal.
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