La juez del caso Alcoa da por acreditado el desvío de 13 millones y permite acusar a Alu Ibérica
La comisión rogatoria de Suiza ofrece pruebas de que la cantidad que se sacó de las fábricas de Avilés y A Coruña fue a parar a la cuenta de un banco helvético
La juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Alcoa ha conseguido pruebas para demostrar el desvío de 13 millones de euros que se sacaron de las fábricas de Avilés y A Coruña para que el Grupo Industrial Riesgo se hiciera con el accionariado de ambas plantas. En un auto con fecha del pasado 30 de noviembre, al que tuvo acceso CincoDías, la magistrada María Tardón ha señalado que el resultado de la comisión rogatoria que se pidió a Suiza en 2021 acredita que uno de los investigados, Joaquim Magin, responsable de Capital System (vehículo inversor que el Grupo Riesgo utilizó para adquirir las antiguas factorías de aluminio de Alcoa), transfirió dicha cantidad a la cuenta de una empresa vinculada al fondo Parter, anterior dueño de las fábricas.
Con ello, la juez instructora ha ofrecido a los representantes legales de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña la personación en la causa para que puedan acusar por el perjuicio ocasionado a su patrimonio. Se da la circunstancia de que ambas fábricas se encuentran en fase de liquidación y que sus activos han sido adjudicados a Wondar Renovables, en el caso de la instalaciones asturianas, y a Resonac, que ha comprado los terrenos de la planta gallega.
Así las cosas, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de otro de los investigados de seguir indagando en el destino final del dinero. En concreto, el socio director del fondo suizo Parter, Rüdiger Terhorst, solicitó la ampliación de la comisión rogatoria para examinar otras tres cuentas bancarias en las que, al parecer, Magin –que fue detenido el pasado mes de febrero en Alemania en virtud de una orden y captura– repartió los mencionados 13 millones de euros. Con ello, el directivo del fondo suizo pretendía demostrar que el presunto desvió lo “orquestó” el responsable del fondo inversor.
Según la magistrada, esta prueba no es necesaria porque el objetivo del procedimiento judicial es aclarar si se cometió un delito de apropiación indebida o administración desleal y no el paradero final de la cantidad desviada. En este sentido, la juez ha destacado en su resolución que la información remitida por las autoridades helvéticas demuestran que dicho ilícito se “consuma”, al hallar la transferencia millonaria a una cuenta del banco Sparkasse Schwyz. Por tanto, no ve motivo para analizar siguientes movimientos realizados, ya que “serían meras operaciones de la fase de agotamiento del delito, ajenas al procedimiento que se sigue”. A todo ello, la magistrada ha añadido que pedir nueva información obligaría a dilatar la investigación.
Tres años de investigación
La distracción de estos 13 millones es uno de los principales motivos por los que la Audiencia Nacional abrió una investigación, en diciembre 2020, tras admitir a trámite la querella del sindicato Confederación de Cuadros Profesionales contra los responsables del Grupo Industrial Riesgo, los últimos administradores de las fábricas de Alu Ibérica, nombre que adquirieron en el momento que el fondo Parter compró las plantas a Alcoa, en julio de 2019.
Según el sumario de la causa, para que Riesgo pudiera comprar las plantas de aluminio, en abril de 2020, la firma suiza sacó dicho monto millonario de la tesorería de las fábricas asturiana y gallega para prestárselo, si bien los investigadores no encuentran evidencias de que el dinero fuera devuelto. Al contrario, habría ido a parar a la sociedad Blue Motion Technologies, empresa que el fondo suizo utilizó en su día para comprar las plantas a Alcoa.
Con el fin de aclarar este punto, la juez pidió la comisión rogatoria a Suiza, en marzo de 2021, para que recabara información sobre este movimiento, así como para pedir el bloqueo de los activos que dicha empresa tenía en un banco helvético. Tras una primera negativa del fiscal suizo, la comisión rogatoria se cumplimentó, finalmente, el pasado mes de octubre.
La documentación enviada por Suiza se sumará al último informe, con fecha del pasado 10 de marzo, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que confirmó sus sospechas acerca de que parte del dinero que desapareció de las fábricas de Alu Ibérica se utilizó para comprar criptomonedas. Los agentes de la Policía Judicial lograron trazar el recorrido de, al menos, 285.000 euros desviados hacia el mercado del dinero virtual.
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