Caso Alcoa: La Audiencia confirma la fianza de 75 millones a los últimos dueños de Alu Ibérica
La Sala de lo Penal desestima el recuso de los investigados contra esta medida impuesta ante una eventual condena
La Audiencia Nacional ha tumbado el último intento de los administradores de Alu Ibérica investigados por la presunta estafa en la compra de las antiguas fábricas de Alcoa en Avilés y A Coruña para eludir una fianza de 75 millones de euros. En un reciente auto, al que ha tenido acceso CincoDías, la Sala de lo Penal confirmó la decisión de la juez instructora María Tardón de ordenar el abono de dicha cantidad para garantizar, en caso de que haya una sentencia condenatoria, la devolución a las cuentas de las plantas del dinero supuestamente desviado.
Los últimos responsables de las factorías recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adoptó el pasado 2 de diciembre como última vía para evitar afrontar la cantidad millonaria. Entre sus argumentos, los investigados alegaron que esta medida cautelar es desproporcionada y basada en una investigación “prospectiva”. Asimismo, defendieron que la mala situación económica de las plantas (en liquidación) existía antes de la compra, en abril de 2020, y que la pérdida de recursos económicos se debe al parón de la actividad provocado por la administración judicial.
En una resolución, con fecha del pasado 27 de marzo, el tribunal rechazó todos estos argumentos y avaló la fianza, cuya cantidad establecida se encuentra a medio camino de lo que pidió una de las acusaciones particulares (200 millones) y la fiscalía (18 millones). Los magistrados aseguraron que la investigación en ningún momento ha “desbordado” los hechos denunciados por el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales, a cuya querella se adhirió Comisiones Obreras, que puso el foco en las presuntas irregularidades cometidas en la reventa de las antiguas plantas de Alcoa.
“Ánimo defraudatorio”
En este sentido, la Sala de lo Penal confirmó la proporcionalidad de la medida, al considerar que las actuaciones investigadas han rebelado, de forma indiciaria, un “ánimo defraudatorio, existente ya en el momento de la celebración del contrato entre Alcoa y Parter”.
La juez impuso dicha fianza, tras aceptar la petición de una de las acusaciones particulares, dos años después de que se iniciara la investigación. El procedimiento en la Audiencia Nacional sobre la presunta despatrimonialización de las dos plantas de aluminio se puso en marcha en diciembre de 2020, ocho meses después de que el Grupo Riesgo, a través de su sociedad System Capital, adquiriera del fondo suizo Parter las fábricas de Alcoa, ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Aunque la juez afirmó que todavía no se podía determinar el grado de implicación que tuvo cada uno de los ejecutivos de Alu Ibérica imputado en la causa, sí entendió que era pertinente imponer una fianza a los principales investigados -el presidente del Grupo Riesgo, Victor Rubén Domenech, su socia, Alicia Camacho, y los administradores Luis Losada y Diego Peridis- porque el avance de la investigación ha permitido constatar que “existen claros indicios de responsabilidad” de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, pertenencia a grupo criminal y contra la seguridad de los trabajadores.
Desvío de 13 millones
A la hora de cuantificar la caución, la magistrada Tardón también admitió que en el momento procesal actual no se puede determinar con exactitud la cuantía total de las responsabilidades pecuniarias. No obstante, tuvo en cuenta algunos de los hechos que consta en el sumario de la causa, como el desvío de 13 millones de euros que el Grupo Parter sacó de las cuentas de las plantas de A Coruña y Avilés y prestó a Riesgo para cerrar la compra. De hecho, la instructora solicitó a Suiza que embargara dicha cantidad de la cuenta bancaria de la sociedad Blue Motion, perteneciente al fondo suizo, que traspasó las fábricas de Alu Ibérica al grupo investigado.
Por último, la instructora recordó que 34 millones de dólares (unos 32 millones de euros) de los 95 millones que Alcoa se comprometió a desembolsar, en el marco de un acuerdo de inversión, llegó una vez que las fábricas estaban bajo el poder de Riesgo, y subrayó la aparición, en marzo de 2021, de “determinadas operaciones que evidencian una actuación de los investigados destinada a la liquidación apresurada o ruinosa de bienes y derechos”.
En esta línea, indicó que habría desaparecido unos 8,9 millones de euros procedentes de la venta de la práctica totalidad de los derechos de emisión de C02 de los centros de producción, a los que se sumaría otros 2,9 millones cuyo origen es la venta de materia para la maquila.
Pero lo más importante para la juez, según indicó en la resolución ahora confirmada, es que el destino de muchos de estos fondos no se conocen por la ausencia de documentación y la falta de una “contabilidad real” en Alu Ibérica. De hecho, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) confirmó el pasado mes de marzo, mediante un atestado, que parte de las cantidades detraídas fueron utilizadas para la compra de criptomonedas, según adelantó este diario.
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