Caso Alcoa: la Policía rastrea el desvío de dinero de Alu Ibérica para comprar criptomonedas
En un reciente informe aportado a la Audiencia Nacional, la Udef traza el recorrido de unos 285.000 euros
La Policía ya alertó en 2021 de que los últimos administradores de Alu Ibérica, nombre que adquirieron las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña tras su venta al Grupo Parter y posteriormente al Grupo Industrial Riesgo, sacaron fondos de las fábricas para comprar criptomonedas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha confirmado sus sospechas y, en un reciente informe aportado a la Audiencia Nacional, traza el recorrido de, al menos, 285.000 euros desviados hacia el mercado del dinero virtual.
En un atestado fechado el pasado 10 de marzo, al que tuvo acceso CincoDías y que acaba de ser incorporado en el sumario del denominado ‘caso Alcoa’, la Policía Judicial certifica que parte de los fondos que se distrajeron de las antiguas fábricas de Alcoa circularon por las sociedades vinculadas al Grupo Industrial Riesgo y terminaron en la plataforma compraventa de criptomonedas Kraken Payward.
Este proceso penal, iniciado en diciembre de 2020 para investigar la presunta despatrimonialización de las dos plantas de aluminio, se ha llevado en paralelo a las negociaciones entre los trabajadores de las fábricas en liquidación y Alcoa, que finalmente alcanzaron un acuerdo de indemnización. Para localizar los fondos desviados, la juez encargada del caso, María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ha requerido la ayuda de las autoridades de Suiza donde parece que se depositaron los 13 millones de euros que el fondo Parter cogió de las fábricas asturiana y gallega para prestárselos al Grupo Riesgo y garantizar la operación de compra de las plantas en abril de 2020.
Entre los principales investigados se encuentran Víctor Rubén Doménech, presidente del Grupo Industrial Riesgo; su socia Alexandra Camacho Carrasco, exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica; Diego Peris, administrador del grupo; y Luis Losada y Joachim Magim (este último detenido en febrero en Alemania, en virtud de una orden de búsqueda y captura), administradores de System Capital, el vehículo inversor utilizado para la compra y gestión de las plantas.
Uso de “cuentas puente”
El informe policial entregado recientemente en la Audiencia Nacional pone el foco en el papel de un miembro del segundo escalón de la organización, Antonio Fernández Silva, alias “Toni”, que por su “perfil informático” se encargó de gestionar las cuentas bancarias del entramado societario de los investigados, calificadas por la unidad policial de “pantalla”.
Tras analizar sus dispositivos informáticos, los agentes de la UDEF concluyen que “se acredita fehacientemente que el dinero extraído” de las antiguas fábricas de Alcoa ha tenido como destino la compraventa de criptoactivos. Para ello, se han utilizado “cuentas puente” relacionadas con el entramado societario ligado al Grupo Riesgo, como el despacho de abogados Ackermann and Schwartz Attoney; Viña y Sentido; Logiplus Worldwide; Gestión y Administración de Franquicias (GAFF); o Lavandaeco.
Del análisis de correos electrónicos, cotejo de facturas y justificantes de transferencias, los investigadores afirman que Fernández Silva, coordinado con el socio fundador del mencionado despacho de abogados y con Doménech, ejecutó una operativa de evasión de capitales. Según describe la Udef, el dinero procedente de las plantas de aluminio se repartió mediante diversas transferencias a cuentas de las mencionadas empresas.
“Pago de chatarra”
La Policía observa cómo entre el 26 de noviembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2020, la compañía Logiplus, dedicada a servicios de consultoría, recibió de “forma habitual” fondos de Alu Ibérica, que, a su vez, de “forma sistemática salen hacia otras mercantiles, teniendo en varias ocasiones idéntico destino”, la empresa Viña y Sentido, titular desde febrero de 2019 de una cuenta en la plataforma Kraken.
En dichas fechas, los investigadores detectaron seis transferencias (cinco desde Avilés y una desde A Coruña) por más de 300.000 euros -la menor de 28.150 euros y la mayor de 87.888 euros-, bajo los conceptos de “pago de chatarra” o “pago de perfil tratado”. No obstante, el informe hace especial hincapié en tres de estos movimientos. En concreto, 87.888 euros procedentes de Alu Ibérica A Coruña y 47.446,21 euros y 59.789 euros de la fábrica de Avilés, que se depositaron en Logiplus.
Para la Udef no es casualidad que, en la misma fecha, desde la consultora se traspasaran cantidades similares, bajo los conceptos “Pago blockchain crypto” o “Pago Crypto Bicoins”, a Viña y Sentido, y que ésta hiciera varios ingresos por el importe total de 184.000 euros en la plataforma de criptomonedas.
Misma operativa se llevó a cabo en febrero de 2021, cuando Viña y Sentido traspasó a Kraken otros 87.000 euros. La Policía ha detectado que 67.000 euros proceden de Alu Ibérica. Según explica el informe, dicha cantidad se pasó a Logiplus bajo la denominación de “prepago de chatarra”. Desde ahí, la organización troceó el monto en cuatro transferencias: dos envíos, de un total de 19.692 euros, directamente hacia Viña y Sentido, y otras dos, por importe total de 47.308 euros, a la cuenta de Lavandaeco, pero que finalmente terminaron en la empresa del sector vitivinícola, mediante otros cuatro trapasos.
Otros ingresos
La Policía también sospecha que otros dos ingresos en Kraken de 32.650 euros y 32.736 tienen, en parte, su origen en la planta de Avilés de Alu Ibérica. El documento policial aportado al sumario del caso Alcoa identifica una vez más el modus operandi seguido y señala que desde la fábrica salieron 21.744 euros que llegaron a la cuenta de Logiplus.
Asimismo, indica que desde GAFF, cuyo objeto social es el comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicamentos, se pasaron otros 5.900 euros procedentes de ventas realizadas a particulares, así como pedidos online a través de la web de Riesgo Farma, otras de las empresas que forman parte del entramado societario del grupo que adquirió Alu Ibérica, o ingresos de dinero procedentes de la recaudación de los TPV de las tiendas físicas.
Con todo ello, la Policía estrecha el cerco sobre los investigados por la presunta estafa en la reventa de las fábricas de Alu Ibérica y confirma que parte del dinero malversado acabó convirtiéndose en activos digitales.
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