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El caso Alcoa, pendiente de la información de Suiza sobre el paradero de 13 millones

La investigación se prorroga hasta abril de 2024 para analizar los datos enviados por las autoridades helvéticas sobre el dinero que se sacó de dos fábricas

Protesta de extrabajadores de Alu Ibérica en A Coruña.
Protesta de extrabajadores de Alu Ibérica en A Coruña.EUROPA PRESS (Europa Press)

El denominado caso Alcoa se vuelve a prorrogar, al menos hasta el próximo 26 de abril de 2024. La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la presunta despatrimonialización de las plantas de aluminio de Avilés y A Coruña, ahora bajo el nombre de Alu Ibérica, ha considerado pertinente ampliar otros seis meses el plazo de instrucción, después de que Suiza haya enviado recientemente la información requerida para aclarar el paradero de 13 millones de euros que los antiguos dueños sacaron de las cuentas de las fábricas.

Un auto con fecha del pasado 23 de octubre, al que tuvo acceso CincoDías, expone que el resultado de la comisión rogatoria librada a las autoridades helvéticas acaba de entrar en el Juzgado Central de Instrucción número 3 –que investiga los presuntos delitos cometidos en la reventa de las antiguas plantas de Alcoa– y, por tanto, está en pleno estudio.

“Del análisis del contenido de esta respuesta dependerá, asimismo, la necesidad de practicar o no nuevas diligencias de instrucción”, reza la resolución motivada de la juez instructora. Asimismo, señala que este examen servirá para decidir si es necesario requerir más documentación a Suiza, al igual que de ello dependerá que se acepten o no las diligencias solicitadas por la Fiscalía –que ha interesado practicar nuevos interrogatorios a testigos– y uno de los investigados, el socio de Parter Rüdiger Terhorst.

Tres años de investigación

Las pesquisas llevan casi tres años en marcha. La Audiencia Nacional abrió la investigación en diciembre de 2020, tras admitir a trámite la querella del sindicato Confederación de Cuadros Profesionales contra los responsable del Grupo Industrial Riesgo, los últimos administradores de Alu Ibérica, nombre que adquirieron las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña tras su venta a Parter y posteriormente a los investigados.

Para llevar a cabo la compra, el fondo Parter, que en julio de 2019 adquirió las factorías de aluminio, presuntamente habría sacado los 13 millones de euros de las fábricas asturiana y gallega para prestárselos a Riesgo, en abril de 2020, y garantizar la reventa. Sin embargo, los investigadores no encuentran evidencias de que esta cantidad fuera devuelta a las arcas de la empresa. Al contrario, habría ido a parar a la sociedad Blue Motion Technologies, empresa que el fondo suizo utilizó en su día para comprar las plantas a Alcoa.

Por ello, la juez instructora solicitó, en marzo 2021, a Suiza que recabara información sobre este movimiento, así como el bloqueo de los activos que dicha empresa tenía en una cuenta del banco Sparkasse Schwyz, hasta alcanzar la cantidad presuntamente desviada. Sin embargo, el fiscal del Cantón de Schwyz Renzo Gervasini comunicó a la magistrada de la Audiencia Nacional que no podía acceder a dicha petición, al considerar que la presunta implicación de Blue Motion en los hechos no estaba “suficientemente justificada”.

En este sentido, el fiscal suizo señaló que, de acuerdo a las pruebas remitidas, el fondo suizo solo hizo una “mediación” al conceder al Grupo Riesgo “préstamos por un importe de 6,1 y 7 millones de euros”.

Compra de criptomonedas

Esta primera respuesta obligó a la magistrada a completar su petición de auxilio judicial, que finalmente sí fue aceptada y cumplimentada el pasado 11 de octubre, tal y como indica el último auto dictado por la juez Tardón.

La documentación enviada por Suiza se sumará al último informe, con fecha del pasado 10 de marzo, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, que confirmó sus sospechas acerca de que parte del dinero que desapareció de las fábricas de Alu Ibérica se utilizó para comprar criptomonedas. Los agentes de la Policía Judicial lograron trazar el recorrido de, al menos, 285.000 euros desviados hacia el mercado del dinero virtual.

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Sobre la firma

Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.
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