Tribunales

El comprador de dos plantas de Alcoa promete devolver los 13 millones que sacó de la empresa

Grupo Riesgo ofrece una garantía con activos inmobiliarios por el importe si sigue en la gestión

Trabadores de Alcoa en una manifestación de 2019 contra el cierre de las plantas en La Coruña y Avilés.
Trabadores de Alcoa en una manifestación de 2019 contra el cierre de las plantas en La Coruña y Avilés. EFE

Grupo Riesgo, comprador en abril de 2020 de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés, asegura que restituirá los 13 millones que sacó de las cuentas de las fábricas para pagar la adquisición a la sociedad suiza Parter. Aporta un compromiso de pago vinculado a mantener la gestión, así como una garantía inmobiliaria, según fuentes cercanas al comprador. La Audiencia Nacional celebra hoy una vista para decidir sobre el cese de los directivos de la empresa, renombrada Alu Ibérica.

La salida de Alcoa de España se ha convertido en un laberinto para la compañía estadounidense, para la plantilla y para el comprador que se hizo con dos de sus principales activos hace poco más de un año. El origen de los problemas judiciales actuales –al margen del eventual traspaso de la planta San Cibrao (Lugo)– se remonta al proceso de venta para evitar su cierre, que tuvo un primer hito en julio de 2019 con la entrega de las dos plantas a la sociedad Parter, sin ningún tipo de experiencia en el negocio, después de que Alcoa rechazara ofertas de grupos conocidos, como Liberty, Quantum, Aludium y Cunext.

Las antiguas fábricas de Alcoa fueron adquiridas en abril de 2020 por Grupo Riesgo, presidido por Víctor Rubén Domenech, al comprador inicial, la sociedad Parter, que se hizo con su control por la simbólica cantidad de un dólar en julio de 2019.

Grupo Riesgo pagó los 13 millones de la compra con dinero de la propia empresa que adquirió, aunque ahora se compromete a restituir esa cantidad, según un documento que puede consultarse en la edición online de CincoDías, y además, ofrece una garantía inmobiliaria hasta que ese dinero llegue, según fuentes próximas a Riesgo.

El reverso es que condiciona la reposición a la “continuidad en la gestión”. Las fuentes consultadas aseguran además que el actual propietario ha invertido unos cinco millones desde su adquisición. Estos serán los argumentos con los que Grupo Riesgo llegará a la Audiencia Nacional.

Cuando se admitió una querella por las irregularidades en el proceso de venta a finales del año pasado, la Audiencia Nacional ordenó que interviniera la Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF), y también está investigándose qué ha ocurrido con los 13 millones que ingresó Parter. A tenor del relato de la querella que compra la jueza, ese es el importe neto de las plusvalías que la sociedad suiza se embolsó como mero intermediario.

Está previsto que a lo largo de la presente jornada se celebre una vista en la Audiencia Nacional para que la jueza encargada de instruir el caso decida qué hacer respecto a la petición de remover a los actuales administradores de las plantas. Así lo han solicitado los interventores impuestos por el tribunal el pasado 4 de mayo, que han elaborado un informe en el que denuncian conductas irregulares en la gestión.

Fuentes próximas a Riesgo afirman que el principal incumplimiento ha sido la demora en la presentación de determinada documentación y que, si finalmente se aparta a los administradores para imponer a los designados por el tribunal se corre el peligro de que la empresa se desangre, al carecer de un plan industrial. Riesgo aduce que dispone de una hoja de ruta para sacar adelante la empresa.

La querella

  • Cuatro meses antes de la intervención judicial de Alu Ibérica, en diciembre de 2020, la Audiencia Nacional admitió una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra Alcoa, Alu Ibérica o Parter y Víctor Rubén Domenech, entre otros involucrados. En el auto, se cuestiona todo el proceso de venta.
  • Entretanto, persisten los problemas relativos a la plantilla de ambas plantas, formada por unos 700 trabajadores, que deben ser indemnizados por Alcoa, según una sentencia del pasado 15 de junio, también de la Audiencia Nacional, en un proceso paralelo al penal, por la jurisdicción Social. Alcoa ha asegurado que recurrirá ante el Supremo.
  • La empresa con sede en Estados Unidos asegura que "el proceso de venta de las dos plantas fue supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los Gobiernos regionales de Asturias y Galicia y de los Representantes de los trabajadores, quienes revisaron el plan industrial de Parter", según publicó Europa Press el pasado 22 de junio.
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