Lo que debe cambiar en Europa tras el escándalo ‘Qatargate’

Ha llegado el momento de crear un nuevo modelo de transparencia común para todas las instituciones de la UE

El escándalo de sobornos y corrupción reciente en el Parlamento Europeo ha sido posible debido a que “a lo largo de muchas décadas, el Parlamento ha permitido el desarrollo de una cultura de impunidad, con una combinación de normas y controles financieros laxos y una falta total de supervisión ética independiente. En muchos sentidos, se ha convertido en una ley en sí misma”, en palabras del director de Transparencia Internacional UE, el ex eurodiputado Michiel van Hulten. Tras la revelación del escándalo, el Parlamento Europeo en sesión plenaria publicó una nota de prensa de fecha 15 de diciembre de 2022 proponiendo la reforma de las reglas del Parlamento Europeo para poder afrontar la falta de transparencia en cuanto al modus operandi tanto de eurodiputados como de lobistas en Bruselas.

El Parlamento manifiesta preocupación por los posibles conflictos de intereses causados por los “empleos paralelos” de los diputados, especialmente como directivos o consultores en bancos, multinacionales o empresas cotizadas. Además, destaca la necesidad de obligar a los eurodiputados a presentar una declaración de patrimonio al principio y al final de su mandato. De este modo, será posible para las autoridades europeas comprobar si el patrimonio declarado se corresponde a los ingresos declarados ante casos de acusaciones fundadas. También se comprometen a garantizar la plena transparencia de los ingresos paralelos de los eurodiputados y a prohibir toda financiación externa del personal de los diputados y los grupos. Apuestan por una “prohibición a escala de la Unión de las donaciones de terceros países a diputados y partidos políticos” y piden a la Comisión que presente urgentemente una propuesta en este sentido.

Para poder controlar la injerencia extranjera en el Parlamento Europeo, la resolución reciente del Parlamento plantea obligar a los representantes de terceros países y ex eurodiputados a incluirse en el registro de transparencia, que debe además ser reforzado con más presupuesto y personal, de modo que pueda comprobar de manera más exhaustiva la información facilitada.

Además, el Parlamento insta a la Comisión a presentar, lo antes posible, una propuesta de creación de un órgano independiente encargado de las cuestiones de ética, como ya propuso la Cámara en septiembre de 2021. También recomienda mejorar el Estatuto de los funcionarios europeos para alinearlo con la directiva sobre delatores, y anuncia que lo aplicará unilateralmente en su organización. Por último, el organismo pone de relieve el papel de la fiscalía europea, las agencias europeas de cooperación judicial (Eurojust), policial (Europol) y antifraude (OLAF) en la lucha contra la corrupción. Reclama reforzar la Fiscalía y OLAF, así como fijar reglas anticorrupción comunes aplicables a diputados y personal de los órganos de la UE.

Nuestra opinión jurídica es que ha llegado el momento de creación de un nuevo modelo de transparencia común para todas las instituciones europeas mediante el establecimiento de un nuevo órgano de ética independiente y el fortalecimiento de las instituciones de control existentes. En ese sentido, propongo lo siguiente:

1. Establecer una entidad de ética independiente. Esta institución será competente para monitorear todos los comportamientos de los funcionarios europeos y de los políticos. Su misión será investigar y castigar no solo reglas pero también cormas de comportamiento que todavía no existen

2. Obligar a los eurodiputados a declarar los encuentros que tienen con interlocutores sociales, sean o no de países europeos. Este es sin duda el punto débil del sistema actual del Parlamento Europeo, dado que hasta hoy en día los eurodiputados no tienen ninguna obligación de registrar ninguna visita.

3. Crear un registro de transparencia para terceros países. Obligar a los lobistas, centros de intereses y grupos de presión a inscribirse en el registro. Actualmente, los terceros países, como por ejemplo las embajadas, no tienen la obligación de registrarse cuando hacen lobbying ante las instituciones europeas. Es imprescindible que sean conocidos los temas para los que dichos lobistas intentan presionar la Unión Europea para cambios en las políticas europeas, cambios legislativos etc.

4. Hacer obligatoria la inscripción en el registro de transparencia. Hasta el día de hoy la inscripción de lobistas y grupos de presión es voluntaria. Además, se debe crear un mecanismo sancionador para los lobbies que no se inscriben en el registro.

La transparencia incluye el cceso público a documentos e información de los poderes públicos (esto es, acceso a los documentos y su información por quienes no son interesados); que no se adopten decisiones a puerta cerrada, apertura; la publicidad de normas, directivas, circulares, interpretaciones, etc. ; la publicidad de órdenes del día y de las actas de los órganos colegiados y de cualquier órgano decisorio; la política de información activa, deber de la administración de dar activamente información sobre su política y acciones, funcionamiento, etc. y las condiciones de las normas y actos de poderes públicos: presentación accesible, redacción simple, calidad de la legislación, coherencia, etc. A ello hay que unir la posibilidad (gracias al responsable del procedimiento) de tener un interlocutor único en las relaciones con la administración, y la identificación del nombre de los servidores en contacto con el público, etc.

Tenemos que crear nuevos vehículos jurídicos y no solo políticos, porque el problema sistémico en el funcionamiento del Parlamento Europeo se basa también en el hecho de que, por una parte, es verdad que los eurodiputados están sujetos a un código de conducta, pero por otra , la única persona con capacidad para hacer que se cumpla es el presidente del Parlamento, que tiene competencia para iniciar una investigación o sancionar. Si se investiga, el caso se deriva a un comité consultivo formado por cinco eurodiputados con escasos recursos o capacidad para poder investigar. Así, el único control que existe es el control político, ya que el comité consultivo no tiene un mandato jurídico. En la práctica, negocian entre ellos la intensidad de la investigación y de la sanción. Eso hace que se cree una evidente sensación de impunidad. Por todo ello, es imprescindible ahora más que nunca una respuesta institucional a esta situación.

Juan Ignacio Navas es Experto en derecho comunitario