Contante y Sonante

Chequeo reputacional a BBVA y Santander

La gran banca se juega la imagen del sector en los tribunales otra vez. Los mayores bancos no levantan cabeza. Sus directivos comienzan a ser más conocidos por sus errores que por sus éxitos

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, saluda a Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. a la izquierda, Joasquín Almunica, excomisario de la Comisión Europea, y atrás Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, el viernes pasado en las jornadas del décimo aniversario del FROB
Jordi Gual, presidente de CaixaBank, saluda a Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. a la izquierda, Joasquín Almunica, excomisario de la Comisión Europea, y atrás Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, el viernes pasado en las jornadas del décimo aniversario del FROB

Santander parecía que lo había conseguido. En la rueda de prensa de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2019 no hubo ninguna pregunta relacionada al caso Orcel, recuerden el banquero italiano que iba a ser consejero delegado del grupo en enero de este año con el consiguiente sorpasso a José Antonio Álvarez. Pero solo parecía.

La realidad es que el caso ha vuelto esta semana a reavivarse tras la demanda presentada por Andrea Orcel reclamando al banco una indemnización ligeramente superior a los 100 millones de euros por daños y perjuicios al no haber sido finalmente contratado por la entidad.

Y no pinta bonito para Santander, que tendrá que hacer frente durante un tiempo a un proceso muy mediático tanto a nivel nacional como internacional. Hay que recordar que el exbanquero de UBS ya lo ha dicho, “no soy de los que deja pasar las cosas si creo que no es correcto”.

BBVA también parecía que con la dimisión “temporal” (un eufemismo, claro) de Francisco González como presidente de honor del banco, el caso Villarejo había quedado acotado a la operativa secreta del expresidente y el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, y otros exdirectivos del banco para presuntamente espiar a una serie de políticos, empresarios y periodistas.

Pero no. La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, del pasado 2 de julio, de imputar a ocho directivos (cinco de ellos aún en activo) de BBVA, entre ellos a su exconsejero delegado, Ángel Cano, por este caso ha supuesto un duro varapalo al mismo centro de flotación de la entidad, su reputación.

Y ahí estamos, en la imagen y la reputación de la banca española. Una vez pasada la crisis financiera, una vez saneado el sistema financiero y desaparecidas las cajas de ahorros como sector, llegan los escándalos en la gran banca.

Es cierto que por fortuna para el sector en general y para BBVA y Santander en particular, estos procesos judiciales no están afectando a su negocio ni a su acción. Aunque sí están minando poco a poco la imagen de la banca justo en un momento en el que las grandes tecnológicas, fintech y neobancos han comenzado a comerse una parte cada vez más sustanciosa del negocio. Y no son los clientes tradicionales los que dejarán de operar con la banca también tradicional, sino que serán los milennials los que van a determinar el futuro de estas entidades financieras.

Claro, nada tiene que ver equivocarse en el fichaje de un consejero delegado, aunque se presuponga que la cúpula de uno de los mayores bancos del mundo debe haber medido al milímetro todas las consecuencias de una incorporación tan relevante para la firma como la de su número dos, con un escándalo de espionaje. Pero el daño reputacional acompaña a los dos casos. Sin olvidar tampoco el caso de la resolución de Banco Popular (ahora en manos de Santander), cuyos expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho, comenzarán a desfilar por los juzgados en los primeros días de octubre.

La imputación de los ocho directivos de BBVA, con la consiguiente fianza de 300.000 euros y la retirada del pasaporte impuesta por el juez a Corrochano, cerca cada vez más a Francisco González. Aunque tiene que ser la Justicia la que determine el grado de implicación o desconocimiento del expresidente del segundo banco del país en la presunta trama de espionaje.

El viernes, el FROB reunió en Madrid, con motivo de su décimo aniversario, a un selecto grupo de ponentes tanto nacionales como internacionales que expusieron su opinión sobre lo que ocurrió en la crisis financiera y lo que ha cambiado y cambiará a raíz de esa debacle.

La conclusión más llamativa: Banco Popular debería haber sido rescatado en 2012, como lo fue gran número de cajas de ahorros, como anunció sorprendentemente el exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Pero hubo más tan interesantes o más que esa.

Tanto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como la subgobernadora, Margarita Delgado, como el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés), José Manuel Campa, insistieron en sus intervenciones en la importancia de la imagen y la reputación del sector. Pese a que estos mensajes suenan incluso recurrentes, la verdad es que son muy importantes, y no tanto porque la imagen afecte ahora a la cotización del sector, más influida por la baja rentabilidad de los bancos, sino por el futuro del propio sector.

Como alertó Campa, si hay otra crisis bancaria, de la cual no estamos exentos ni preparados, habrá que volver a pedir ayudas públicas para el sector financiero. Y si es así es fundamental antes “recuperar la imagen y la reputación” de la banca por su propia actividad y ante el riesgo de otra debacle financiera.

Campa también aprovechó su intervención para romper una lanza a favor de las ya excajas de ahorros. “Es injusto decir que las cajas de ahorros fueran culpables de la crisis”, en referencia a España. La diferencia con los bancos es que estos pudieron acudir a los mercados a pedir capital, mientras que las cajas no. De ahí que ahora se pida a las antiguas caja que coticen.

Conclusión, durante los años precedentes a la crisis la gestión de bancos y cajas fue igual de imprudente, optaron por el negocio fácil y se indigestaron de ladrillo. La diferencia es que unos pudieron purgarlo con el dinero de los accionistas y otros con el del contribuyente. Pero en ambos casos afectó a la economía del país.

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