Una reforma de la financiación autonómica justa
La reforma del modelo es una cuestión que atañe a todo el país y que debe abordarse desde la más estricta institucionalidad
El debate sobre la reforma de la financiación autonómica se ha reactivado como consecuencia del ajustado resultado de los comicios del 23J y de los pactos políticos que el PSOE debe negociar para cerrar con los partidos nacionalistas para lograr los apoyos suficientes para la investidura. El modelo vigente, cuyas reglas se reformularon en 2009 con el compromiso de actualizarse en 2014, se ha convertido en una recurrente manzana de la discordia entre las comunidades autónomas, que coinciden mayoritariamente, e independientemente del partido político en el Gobierno de cada una, en la necesidad de reformarlo y de corregir sus deficiencias. El Gobierno planea iniciar las conversaciones sobre la base de una propuesta que ya planteó en 2021 (con poco éxito entonces). En esta, gana protagonismo el criterio del envejecimiento o la despoblación frente al de la población total para decidir el reparto de los recursos.
No existe un gran misterio sobre lo que piensan unas regiones y otras: en función del elemento que beneficiará más en una comunidad u otra, apoya esta un criterio u otro. Pese a que en teoría las reglas de financiación se basan en los principios de solidaridad y equidad entre las regiones, los últimos datos disponibles sobre su funcionamiento muestran diferencias de más de 1.000 euros por habitante entre las comunidades mejor financiadas, como Cantabria, y las que cuentan con una asignación más deficiente de recursos, como Baleares. A ello se suma que hay cuatro regiones que reciben recursos per cápita por debajo de la media: Andalucía, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana.
Las formaciones catalanas ERC y Junts, críticas para que Pedro Sánchez pueda gobernar, han pedido más autonomía y, sobre todo, un acuerdo ad hoc. Por más que Cataluña quiera desligar su negociación del resto, el Gobierno central no puede permitirse esa disociación, pues la financiación autonómica es un sudoku y cada tecla que se toca en el acuerdo con una afecta al resto del pastel. La actualización del sistema de financiación autonómica es una de las grandes cuestiones que España tiene pendientes para garantizar el bienestar y la convivencia económica y social de los españoles. Se trata de una cuestión que atañe a todo el país y que debe abordarse desde la más estricta institucionalidad, con absoluta independencia de la contienda poselectoral, los pactos de Gobierno y las reivindicaciones soberanistas de Cataluña, y bajo los criterios de rigor, eficiencia, justicia, transparencia y equidad.
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