De la dispersión demográfica al ‘dumping’ fiscal: los puntos calientes de la reforma de la financiación autonómica

El sistema, que data del año 2009, arroja diferencias de más de 1.000 euros por habitante entre regiones

Carlos Cortinas Cano

La reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente de abordarse desde hace casi 10 años, ha vuelto a saltar a la palestra a raíz del ajustado resultado del 23J y de los pactos políticos que serán necesarios para que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vuelva a dormir en La Moncloa. Detrás de la polémica se encuentran las peticiones de los partidos catalanes, a las que se han sumado otras comunidades que reclaman participar en la hipotética reforma de un sistema que se reformuló en 2009 –con vistas a actualizarse en 2014– y cuyo diseño se mantiene intacto aún a día de hoy.

Ayer, después de que el PSOE abriese la puerta a negociar con los partidos catalanes soberanistas, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, pidió a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que convoque el Consejo de Política Fiscal y aborde el asunto con todas las comunidades autónomas y no “de manera bilateral a cambio de votos”.

Divergencias

El sistema de financiación es el mecanismo mediante el cual se reparten los recursos económicos entre las 15 comunidades de régimen común. En la teoría, se basa en los principios de solidaridad y equidad con el objetivo de promover una redistribución de los recursos que compense las diferencias económicas y sociales que hay entre las regiones.

El problema del modelo es su carácter caduco y las consecuencias que este conlleva en la financiación efectiva. Los últimos datos disponibles, publicados la semana pasada y relativos al año 2021, muestran diferencias en la financiación homogénea de más de 1.000 euros por habitante entre la autonomía mejor financiada (Cantabria, con 3.533 euros por persona) y la peor (Baleares, con 2.296 euros).

Las cifras muestran que, además del archipiélago, hay otras cuatro autonomías que reciben menos financiación per cápita que la media española, situada en los 2.765 euros. Estas son Andalucía, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana, una de las que reclaman desde hace años la reforma del sistema.

Población

Los expertos en la materia, que ya en 2017 elaboraron un informe dando varias claves para la reforma, insisten en la necesidad de elaborar un método de cálculo efectivo que tenga en cuenta el precio de los bienes y servicios que las comunidades proporcionan desde la Administración. A partir de aquí sería necesario actualizar los criterios poblacionales teniendo en cuenta factores como el volumen de habitantes y la dispersión, ya que no es lo mismo ofrecer un servicio como el sanitario en una comunidad con alta densidad de población que en otra con alta dispersión demográfica. En la ecuación, como es lógico, también entran aspectos como el volumen de población escolarizada o el envejecimiento de los ciudadanos.

Una vez que se establecen cuáles son las necesidades reales de financiación es cuando se puede cuantificar el dinero a repartir para asegurar que todos los ciudadanos, sin diferenciar el lugar de residencia, tienen acceso a los mismos servicios.

Por aspectos como este el debate trasciende las posturas políticas. Andalucía y Comunidad Valenciana, dos de los territorios tradicionalmente infrafinanciados, tienen posturas cercanas entre sí pese a que históricamente han estado gobernados por partidos de distinto color. Lo mismo sucede con Extremadura y Castilla y León, dos de las autonomías que suelen salir mejor paradas del reparto.

Solidaridad

Uno de los puntos calientes del debate es el que atañe a la solidaridad entre regiones y a la cuestión de si las comunidades que más aportan al fondo común tienen que ser también las que más dinero reciben. Es el conocido como principio de ordinalidad.

En 2021, y a falta de los ajustes vinculados al fondo de competitividad y al de cooperación, cuatro autonomías recibieron menos financiación por persona que su potencial recaudatorio. Entre ellas estaba Cataluña, pero también Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana. Por eso, varias autonomías sostienen que no es justo que algunas de las regiones que más aportan sean también de las que menos dinero reciben. La clave, vienen sosteniendo los expertos, es encontrar el equilibrio entre la solidaridad y ese principio de ordinalidad, pero llegar a ese quorum no es tarea fácil.

‘Dumping’

Otra parte del debate se centra en la capacidad que deben tener las autonomías para bajar y subir impuestos, ya que la pérdida de recaudación, además de afectar al mantenimiento de los servicios públicos, puede conllevar déficit y aumento de la deuda pública.

Para solventar esto, el sistema cuenta con una recaudación normativa asignada a cada comunidad. A partir de ahí, ingresen o no esa cifra teórica, las regiones tienen que meter al fondo común una parte correspondiente, de forma que las que bajan impuestos se arriesgan a perder recursos por partida doble: menos ingresos públicos y un pago al fondo común basado en una cifra que no se ha podido alcanzar.

Además de este método de apercibimiento, los expertos han venido defendiendo también la armonización fiscal para fijar unos tipos mínimos en una serie de impuestos y que una comunidad no pueda competir de forma desleal con sus vecinos.

La deuda

La posibilidad de que el Estado condone la deuda de Cataluña a cambio de la investidura de Sánchez también ha puesto sobre la mesa los números rojos regionales. Tradicionalmente, regiones como Comunidad Valenciana han reclamado una mutualización de la deuda de las autonomías que compense a las regiones infrafinanciadas, cuyas cuentas, aseguran, se explican en parte por este criterio de reparto.

Según los últimos datos del Banco de España, la deuda que Cataluña tiene con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico ronda los 72.000 millones de euros, la más abultada de todas las regiones. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 46.000 millones, y Andalucía, con 25.000 millones.

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