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Cinco Días
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20 de febrero de 2003

Hacienda

La Administración no podrá exigir certificados que ya estén en su poder

R. P. / N. S.|

A partir del lunes que viene, Hacienda y la Seguridad Social dejarán de emitir cinco millones de certificados al año, los mismos que los ciudadanos y las empresas deben aportar para realizar numerosos trámites administrativos. El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de hoy un real decreto que impedirá a los órganos de la Administración pedir cualquier documento que ya tengan en su poder y les obligará a solicitarlo por vía telemática a la autoridad que corresponda. A esos primeros cinco millones de certificados, que suponen el 80% del total, se sumará el año que viene un último millón.

Secretos de despacho

Sosiego en Media Planning

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Al vicepresidente de esta consultora de publicidad, José Martínez-Rovira, le gusta trabajar en silencio y con las persianas entornadas para que la luz entre tamizada. Necesita orden, puntualidad y equipos siempre de ida, nunca de vuelta

Energía

Las eléctricas españolas controlan más del 90% del mercado liberalizado

Tania Juanes|

Las eléctricas controlan más del 90% de la actividad liberalizada (clientes fuera de tarifa), según se refleja en los datos de diciembre de 2002 del operador del mercado. También las estadísticas del sector muestran esa situación al acabar el año: el 38,3% de ese mercado liberalizado estaba controlado por Iberdrola; un 36,7%, por Endesa; un 12,7%, por Fenosa; un 6,5%, por Cantábrico; un 4%, por Gas Natural; un 1,2%, por EDF, y el 0,6% restante, por otros agentes. Las compañías consideran que los cortos márgenes no animan a participar a otros operadores.

Cajas

La Junta lleva a Cajasur ante la Fiscalía Anticorrupción por dos presuntos delitos

Rosa Coronilla|

La Junta de Andalucía ha decidido remitir a la Fiscalía Anticorrupción el resultado provisional de su inspección en Cajasur al detectar dos presuntos delitos graves. La denuncia que cursará el Gobierno andaluz acusa a la entidad cordobesa presidida por el sacerdote Miguel Castillejo de falsedad documental y de apropiación indebida por valor de 10,2 millones de euros. La Junta da así por suspendida su investigación en la caja por la obstrucción a la labor inspectora que dice encontrar en la entidad.

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