El Gobierno catalán rebajará los avales exigidos a Al-pi

El Gobierno catalán rebajará los avales exigidos a la operadora de telecomunicaciones Al-pi con el fin de garantizar el cumplimento de los compromisos asumidos por la compañía. Los avales ascienden a unos 12 millones de euros. Asimismo, se renegociarán las condiciones impuestas a la operadora para que sean más asumibles.

La compañía Al-pi, dirigida al mercado empresarial, nació de la privatización del 75% del centro de Telecomunicaciones de la Generalitat en 1999. Uni2, la filial española de France Télécom, se adjudicó entonces el 75% del capital por 79,76 millones de euros. El 25% restante sigue todavía en manos del Gobierno catalán. Una de las condiciones pactadas en la privatización es el aumento de plantilla, que debía llegar a las 515 personas. Según las mismas fuentes, este compromiso no tiene sentido en la actualidad, teniendo en cuenta que el desarrollo del mercado no ha sido el previsto.

Uni2 también se comprometió a realizar unas inversiones de 288,5 millones de euros hasta 2009. De esta cantidad, 60 millones correspondían a 1999 y 2000. La compañía había previsto alcanzar una facturación de 36 millones de euros en 2000, pero la cifra real se quedó en la tercera parte. El pasado mes de diciembre el Gobierno catalán y Uni2 pactaron ampliar el capital de la operadora Al-pi en 70 millones de euros.