La Junta lleva a Cajasur ante la Fiscalía Anticorrupción por dos presuntos delitos
La Junta de Andalucía ha decidido remitir a la Fiscalía Anticorrupción el resultado provisional de su inspección en Cajasur al detectar dos presuntos delitos graves. La denuncia que cursará el Gobierno andaluz acusa a la entidad cordobesa presidida por el sacerdote Miguel Castillejo de falsedad documental y de apropiación indebida por valor de 10,2 millones de euros. La Junta da así por suspendida su investigación en la caja por la obstrucción a la labor inspectora que dice encontrar en la entidad.
La batalla que enfrenta a la Junta de Andalucía con la entidad cordobesa Cajasur, que ya está bajo tutela administrativa del Ministerio de Economía gracias a la Ley Financiera, dio ayer un inesperado giro al trascender que la Consejería de Economía y Hacienda ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción el resultado de su inspección en la caja al detectar elementos que trascienden del ámbito administrativo y financiero y que pueden entrar directamente en el campo penal, según indican fuentes cercanas a la investigación.
En concreto, el informe de los auditores de la Junta refleja que la caja presidida por el sacerdote Miguel Castillejo ha podido incurrir en un presunto delito de falsedad documental y de apropiación indebida, éste último por valor de 10,2 millones de euros.
Tras presentar la denuncia, la Junta ha decidido dar por suspendida provisionalmente su investigación en la caja alegando que la entidad está obstruyendo su labor inspectora. Mientras ha durado la inspección, Cajasur ha acusado a la Junta de falta de legitimidad y de no tener ya competencias para proceder al control de sus cuentas. Sin embargo, la Junta, que ha recurrido al TC la Ley Financiera precisamente porque le permite a la entidad escapar al control autonómico, sostiene que el Gobierno andaluz sigue manteniendo intactas sus competencias de inspección en Cajasur. Entiende la Consejería de Economía y Hacienda que el ministerio sólo ha asumido la potestad de aprobar los estatutos de Cajasur y de controlar el presupuesto de su obra social.
La inspección, facultad que la Ley andaluza de Cajas le otorga a la Junta, comenzó por Cajasur y ha continuado en Caja San Fernando y Unicaja. La inspección la llevan a cabo técnicos de la Consejería de Economía auxiliados por personal de la consultora KPMG. Esta participación privada ha llevado a Cajasur y al PP a entender que la inspección es ilegal.
Sin embargo, la Junta de Andalucía ha denegado por dos veces la suspensión de la inspección, como le exigía Cajasur. La caja ha llegado a presentar ante la Administración dos recursos en este sentido y finalmente ha acudido a los tribunales. El primer recurso presentado versaba sobre la propia auditora y su carácter 'privado'.
La polémica surgió el pasado año cuando se hizo público que la Junta había iniciado una inspección en la entidad con sede en Córdoba con la intervención de una auditora externa, hecho que fue criticado por la caja al considerar que una empresa privada no debía hacer funciones que corresponden a una institución pública.
La Junta, por su parte, mantiene que la auditora sólo realiza labores auxiliares por lo que no considera que ésta usurpe funciones correspondientes a una Administración.
Varios frentes
La consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, tiene abiertos varios frentes con Cajasur. Por un lado ha acudido al TC para defender su derecho a seguir tutelando administrativamente una caja andaluza después de que la Ley Financiera decretara que la fundación de la Iglesia le permite a Cajasur optar por ser tutelada por el Gobierno central. El PSOE y el Parlamento andaluz también han recurrido al TC con estos mismos argumentos. Además, en los tribunales ordinarios se han recurrido los pasos que ha ido dando la entidad para acogerse a la Ley Financiera.
Por otra parte, la Junta entiende que la póliza de 2,9 millones de euros que disfrutará Miguel Castillejo cuando se jubile es ilegal y ha pedido a la entidad que la suspenda en el plazo de 20 días, aunque el TSJA ha dejado sin efecto está suspensión cautelar hasta que dicte sentencia.