Ir al contenido
_
_
_
_

EDP y RWE buscan el apoyo de Electrabel en sus OPA a Cantábrico

EDP y Cajastur, por un lado, y RWE, por otro, intentan que Electrabel se sume a sus ofertas por Cantábrico. El presidente de la eléctrica asturiana, âscar Fanjul, considera que EDP, RWE y, tal vez, Ferroatlántica podrían quedar obligadas a negociar después de las OPA. Y, por otro lado, estima no descartable una operación entre energéticas españolas.

El Gobierno tiene sólo dos semanas para vender Santa Bárbara

A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se le agota el tiempo para sacar de la órbita pública a la Empresa Nacional Santa Bárbara. Dentro de dos semanas concluye el precontrato de venta que firmó con la multinacional norteamericana General Dynamics sin que el Gobierno de Aznar haya dado el visto bueno a la operación. La resolución del acuerdo le obligaría a pagar algo más de 400 millones a la firma estadounidense de defensa.

La UE analiza un posible cartel entre Generali, Axa y Allianz

La Comisión Europea se ha puesto en guardia a raíz de unas declaraciones del consejero delegado de la aseguradora italiana Generali, Gianfranco Gutty. El directivo transalpino afirmó que Generali, Axa y Allianz (las mayores del continente) han llegado a un pacto de no agresión. Bruselas podría investigar vulneraciones a las reglas de la competencia. Las entidades negaron ayer haber llegado a acuerdos.

Dragados se alía con la holandesa HBG para entrar en Irlanda

Dragados ha forjado una alianza con uno de los primeros grupos constructores de Holanda, el grupo HBG, para entrar en el mercado de las concesiones de infraestructuras de Irlanda. Ambos grupos, junto a la firma local National Toll Roads, han entrado en la puja por los dos primeros proyectos del plan de autopistas del Gobierno de ese país, que suman una inversión 52.000 millones de pesetas. En conjunto, el programa estatal en carreteras está presupuestado en 250.000 millones.

CC OO cobra el 10% de los atrasos que gestione a los funcionarios no afiliados

El sindicato CC OO no cobrará ninguna cantidad a sus afiliados del área pública en el caso de que deban acudir a los tribunales para pedir la ejecución de la sentencia que descongela los sueldos de los funcionarios para 1997. Sin embargo, ha estipulado claramente en el propio formulario de la reclamación, que "el no afiliado a CC OO se compromete a abonar la cantidad de 5.800 pesetas (16% de IVA incluido) a la federación, en concepto de honorarios de tramitación, en el momento de suscribir el documento por el que se inste a la Audiencia Nacional la ejecución de la sentencia"; y una vez se cobren los atrasos, el sindicato se quedará con el 10%. Esto no llegará hasta que la sentencia sea firme, es decir, si el Tribunal Supremo rechaza el recurso del Gobierno y éste se negara a ejecutar la sentencia. Hasta entonces, el mero hecho de presentar la reclamación ante el sindicato es gratis para todo el mundo.

_
_